La coparticipación y sus problemas

Oscar A. Bottinelli

El Observador

La historia del Uruguay es la historia de la coparticipación. [...]Un punto esencial de la coparticipación es el respeto mutuo. [...] Y en ambos casos es obligación inexcusable del gobierno informar siempre y consultar siempre a los representantes de la oposición, y entender que las autoridades partidarias de la oposición tienen el derecho irrenunciable a estar informadas plenamente de lo que ocurre en todos y cada uno de los ámbitos públicos.

La historia del Uruguay es la historia de la coparticipación. [...]Un punto esencial de la coparticipación es el respeto mutuo. [...] Y en ambos casos es obligación inexcusable del gobierno informar siempre y consultar siempre a los representantes de la oposición, y entender que las autoridades partidarias de la oposición tienen el derecho irrenunciable a estar informadas plenamente de lo que ocurre en todos y cada uno de los ámbitos públicos.

La historia del Uruguay es la historia de la coparticipación, la historia de la búsqueda de cierta inclusión de la oposición en áreas de la cosa pública, de limitar el dominio absoluto del Estado por parte de un solo partido. Es la búsqueda de una mayor consocionalidad, que comienza en el último tercio del siglo XIX y apareció revivida en esta segunda década del siglo XXI. A lo largo de este casi siglo y medio, ha tenido motivos muy diferentes y formas también diferentes, en función de la diversidad de motivos pero esencialmente de la diversidad de épocas. En líneas generales la sociedad reclama el entendimiento de los dirigentes políticos y se aleja de los enfrentamientos. Los segmentos más militantes en cambio auspician el enfrentamiento y buscan alejarse de los entendimientos. Los dirigentes políticos tienden a oír más a los pocos que los rodean que a los muchos a los que no ven.

Con todo hay que relativizar estos conceptos, muchas veces idealizados. No siempre hubo coparticipación y el país pasó por periodos de enfrentamientos durísimos, a veces a nivel de elites (como en el eje de 1920 o a mediados de los cincuenta) o a veces a nivel de masas (como en la segunda mitad de los sesenta y comienzos de los setenta del siglo pasado). La coparticipación ha tenido conceptos muy diversos. Primero se trató de algo diferente: dar representación parlamentaria a las minorías y dividir el poder de la fuerza en el país en una especie de dos país; luego pasó a la mayor integración posible de todas las fuerzas en el Parlamento (con la introducción de la proporcionalidad pura, la más pura que hay en el mundo) y luego la presencia de la minoría en el gobierno con finalidad de contralor (1919-1933) o de co-gobierno (1934-1939). Paralelamente la presencia de la minoría en los entes autónomos y servicios descentralizados, desde la creación de esta figura en los años treinta hasta la reforma constitucional de 1967. Y quizás lo más significativo, la exigencia de dos tercios para modificar o crear leyes relacionadas con las reglas de juego (constitución, electorales) o de gran trascendencia (creación de entes autónomos, por ejemplo) o para designar a quienes cumplen funciones arbitrales (Justicia en sus tres ramas¹, contralor de cuentas).

No siempre la presencia de la minoría fue tal. En el periodo 1934-1939 el co gobierno fue de una parte del Partido Colorado con otra parte del Partido Nacional. En 1943-47 la coalición de gobierno lo fue entre todos los colorados y la otra parte de los blancos. La consocionalidad más fuerte se da en la Constitución de 1952, donde la minoría está presente en forma obligatoria en el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y los entes autónomos y descentralizados.

Es frecuente que se combata algo con argumentos diferentes. El uso de los cargos públicos como premio a los dirigentes políticos no electos y la maximización del clientelismo, sintetizado en la expresión del “3 y 2” (por la proporción en los entes y en los gobiernos departamentales del interior), llevó a la eliminación de la coparticipación obligatoria de todas las instancias. Entonces vino algo más difícil: la coparticipación voluntaria. En su plenitud ella ha existido en solo dos oportunidades de la vigencia de la constitución de 1967: en la etapa de consolidación democrática (gobierno de Sanguinetti I, 1985-90) y en el actual gobierno. Los partidos tradicionales tienen una confusión muy grande cuando creen que hubo coparticipación en los gobiernos de Lacalle, Sanguinetti bis y Batlle Ibáñez. Allí lo que hubo fue una coparticipación restringida a la coalición o entendimiento de gobierno, con exclusión de la oposición (Frente Amplio, Nuevo Espacio). Más aún, en el gobierno Batlle Ibáñez se excluyó al primer partido. Con Vázquez tampoco hubo coparticipación, aunque parece más claro porque el gobierno es monopartidario y no producto de una asociación de dos, como en los tres anteriores; pero la constante es la misma: la oposición queda fuera de toda instancia.

Con el gobierno Mujica el oficialismo impulsa el retorno a la coparticipación y se puede decir que lo hace cuando en el país se ha perdido memoria de las reglas de juego implícitas en una coparticipación. Y cuando sobreviven todavía resabios de la visión ética anti coparticipación, vista como un reparto de cargos para “acomodo de políticos y de gente²”.

Un punto esencial de la coparticipación es el respeto mutuo. Desde el oficialismo, implica no asumir la coparticipación como una dádiva que obliga a la oposición a la gratitud del mendigo, como un favor que se da y se puede quitar. Desde la oposición, no jugar al retiro de los cargos para demostrar cuán limpio se es y cuánto repugna el reparto de cargos. Porque si el oficialismo sin nada que lo obligase apostó a la coparticipación, es porque entendió que ello le era favorable al país, que suponía recoger un reclamo societal y posibilitaba la creación de un mayor diálogo y entendimiento en todo el sistema político; y si los motivos fueron otros, se equivocó el camino. En la oposición o parte de ella, la entrada significa un compromiso por un periodo de gobierno, y no una carta para jugar en el momento oportuno (no importa si bien o mal elegido) con la finalidad de pretender desgastar al gobierno y al resto de la oposición.

Pero hay cosas claras. Hay una regla de lealtad de la oposición con la función pública, que limita la actuación en directorios y comisiones. Pero hay del gobierno la obligación de entender que no están para llevar adelante la política del gobierno ni para recibir órdenes, sino para controlar y contribuir; ni son removibles ni por causas políticas ni sin consulta a los representados. Y en ambos casos es obligación inexcusable del gobierno informar siempre y consultar siempre a los representantes de la oposición, y entender que las autoridades partidarias de la oposición tienen el derecho irrenunciable a estar informadas plenamente de lo que ocurre en todos y cada uno de los ámbitos públicos [CONTINUARÁ]

1 Poder Judicial, Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, Justicia Electoral

2 La expresión aparece en artículos periodísticos y debates parlamentarios de la reforma de 1966