Quién debe gestionar el brindar los servicios de educación. Un gran eje de este debate estratégico

Oscar A. Bottinelli – diálogo con Fernando Vilar

Radiocero y Radio Monte Carlo

OAB: El viernes pasado dedicamos el espacio a analizar hacia dónde van Tabaré Vázquez y el Frente Amplio en la política educativa. Y centramos el análisis en quién debe brindar los servicios educativos. Hecho el análisis descubrimos varias cosas. La primera es que hay palabras que se toman como agravios, caso de la palabra “vaucher”. Lo segundo es que comienza a ser confuso qué quiere decir escuela pública.

Así que lo primero es tener cuidado con las palabras. Las palabras sirven para comunicar. Cuando una misma palabra se usa para conceptos diferentes, la comunicación se opaca, queda confusa. Y lleva generalmente a lo que el filósofo uruguayo Carlos Vaz Ferreira decía que hay que evitar: confundir discusión sobre palabras con discusión sobre conceptos. Pasa con la palabra democracia. Hay países con partido único -en que no se puede elegir entre propuestas políticas diferentes y opuestas- que se consideran a sí mismos como democracias porque tienen un nivel muy elevado de igualdad social. Hay otros países en que hay pluralidad de partidos y opciones políticas, con elecciones confiables, pero con un fenomenal nivel de desigualdad social; y también se llaman a sí mismos democracias. Como resulta claro, se está en presencia de dos tipos diferentes de regímenes político sociales. No hay discusión sobre qué es cada uno. Lo que se discute es a qué cosa se le llama democracia. Entonces, es una discusión de palabras.

Generalmente las discusiones de palabras se dan cuando todos quieren emplear la misma palabra para cosas diferentes, porque esa palabra es prestigiosa, o cuando nadie la quiere emplear o se la endilga al contrario porque la palabra adquiere un tono peyorativo. Parece -que algo así pasa ahora con la palabra “vaucher”, usada sin problemas hasta el año pasado.

FV: Tú planteabas como eje del debate estratégico de la educación quién debe gestionar el brindar los servicios de enseñanza.

OAB: Exacto. Primero hay que hacer una aclaración: que al hablar de debate educativo hablamos de la enseñanza no universitaria ni terciaria, la que va desde la educación inicial a la culminación del bachillerato. Además, en Uruguay nunca se cuestionó y siempre se admitió la educación privada en materia inicial, escolar o liceal, mediante matrícula paga por los alumnos. Por lo tanto, lo que se discute es la enseñanza a ser financiada por el Estado. Es decir, quién debe prestar los servicios educativos financiados por el Estado. Este es el meollo del tema.

Se parte de un modelo, vigente desde hace mucho más de un siglo: la educación financiada por el Estado es brindada por el Estado. Es el modelo de escuela pública, de liceo público y de UTU.

Este modelo tiene las características de ser un modelo altamente centralizado, desde la cúspide hasta la base. Hay ideas tendientes a una mayor descentralización, por ejemplo mediante el otorgamiento de mayores facultades a los directores de las escuelas y de los liceos, e inclusive el otorgamiento de facultades a las comisiones de padre o a las comisiones de apoyo.

FV: Y el debate dónde arranca.

OAB: Arranca por un cuestionamiento a este papel centralizado y centralizador del Estado. Puede decirse que quienes cuestionan este modelo, desde distintos ángulos y con propuestas diferentes, coinciden en asignarle al Estado el papel de financiador de la educación y controlador de los resultados. Según palabras de muchos impulsores, se habla de que el Estado financie la educación pública y controle los resultados, pero los servicios de educación se gestionen en forma privada.

Aquí aparece un uso de la palabra público que no coincide con el habitual. El habitual, lo tradicional en Uruguay, es que se llame escuela pública o liceo público al gestionado directamente por el Estado. Aquí en las propuestas alternativas la palabra público se usa en otro sentido, en el sentido de servicio público, de servicio brindado al público, o de servicio brindado al público en forma gratuita. Así que un cuidado que hay que tener al oír este debate, es que cuando se habla de enseñanza pública unos pueden estar hablando de una cosa y otros hablando de otra cosa.

FV: Tú referías a distintos tipos de propuesta alternativos al modelo estatista vigente

OAB: Efectivamente. En principio se puede hablar de dos diseños diferentes. Digo en principio porque puede haber combinaciones de estos diseños.

Uno es que el Estado financia a cada alumno -inicial, escolar o liceal- la matrícula en una institución. El alumno elige una institución y el Estado le transfiere a la misma un costo standard, hace un pago estandarizado. Es lo mismo que ocurre con el FONASA: la gente con derecho al seguro se inscribe en una institución de asistencia médica colectiva, más conocidas como mutualistas, y el Estado le transfiere a la respectiva mutualista la cuota correspondiente. A este sistema se le llama de “vauchers”, porque antes de que funcionase un sistema automático de transferencias, a cada persona le daban un bono, un “vaucher” en la jerga turística, y entregaba ese bono como pago. Para usar entonces un ejemplo, es un modelo similar al del FONASA.

El otro sistema consiste en que el Estado financia íntegramente o en forma fundamental el funcionamiento de instituciones iniciales, escuelas o liceos que brindan gratuitamente la enseñanza.

Obviamente ese financiamiento tiene determinados requisitos y controles. El ejemplo más parecido es el de los centros CAIF, que son instituciones privadas sin fines de lucro que brindan servicios gratuitos a la comunidad.

De paso quiero aclarar que mencioné a Pablo Da Silveira como impulsor del primer modelo, del de los “vauchers”. Eso fue un error. El propio Da Silveira me informó -y cumplo en aclarar- que él no es partidario del modelo de los “vauchers”, sino que es partidario de este segundo modelo, similar a los CAIF, llamados también de “charter schools”.

FV: El debate educativo es mucho más amplio ¿no?

OAB: Por supuesto. Es infinito: cómo se organiza la conducción central de la enseñanza, qué organismo controla los centros educativos y cómo se estructura, cuál es el contenido de la educación ¿qué se enseña? ¿cómo se enseña? ¿qué métodos y técnicas? ¿para qué se educa?.

Pero en el tema del que venimos hablando hay que tener en cuenta que hay muchas variantes. Por ejemplo, en el modelo similar al FONASA, cabe la variante -como tiene el FONASA- de admitir que los alumnos vayan a colegios más caros y paguen la diferencia entre la cuota del Estado y la cuota normal del colegio, como pasa con los seguros privados de salud. También en este modelo si los beneficiarios son solo las instituciones educativas sin fines de lucro, o entran también las que son empresas privadas, e inclusive hay empresas unipersonales.

Otro tema, válido para estos dos tipos de modelo no estatal, es si el contenido de la educación, las técnicas, la pedagogía, es resuelta por cada institución o se deben aplicar programas y métodos únicos definidos por una autoridad central. Y si es autoridad central es del Estado o tiene otra forma de composición.

Y además se cruza con el tema de la laicidad. Si el financiamiento del Estado va dirigido exclusivamente a instituciones de enseñanza laica o también pueden ir a instituciones de tipo religioso. El FONASA por ejemplo permite que la cuota vaya a mutualistas claramente religiosas, como el Círculo Católico o el Hospital Evangélico. En el otro modelo, el los CAIF, se observa que hay CAIF que tienen impronta religiosa

Lo que debe quedar claro es que son temas distintos: uno es la definición de la prestación de los servicios de educación, otra la existencia o no de fines de lucro en las instituciones y un tercer tipo el de si deben ser necesariamente laicos o pueden tener impronta religiosa.

Por supuesto que el debate primero es si se mantiene o se modifica el actual sistema basado en la prestación de los servicios de enseñanza financiados por el Estado en forma directa por el Estado.