Los dineros para la política

Oscar A. Bottinelli¹

El Observador

Las campañas electorales cuestan dinero y el funcionamiento permanente de los agentes políticos -de los partidos, las fracciones, las agrupaciones- cuesta dinero […] la forma de la obtención de los dineros prefigura el riesgo de atadura a los intereses de los proveedores del dinero y prefigura el riesgo de la corrupción institucional de los agentes políticos, y esa corrupción institucional queda a la puerta de la corrupción personal de los actores políticos.

Las campañas electorales cuestan dinero y el funcionamiento permanente de los agentes políticos -de los partidos, las fracciones, las agrupaciones- cuesta dinero². Los agentes políticos son organizaciones sin fines de lucro que por sí no tienen ingresos provenientes de una actividad comercial o productiva. De donde, los dineros necesarios deben salir de algún lado. Y deben salir de alguna forma, por algún procedimiento. He aquí el nudo de una cuestión muy significativa, porque la forma de la obtención de los dineros prefigura el riesgo de atadura a los intereses de los proveedores del dinero y prefigura el riesgo de la corrupción institucional de los agentes políticos, y esa corrupción institucional queda a la puerta de la corrupción personal de los actores políticos. Y la necesidad de dinero también prefigura la transformación de la democracia en una plutocracia, donde las candidaturas dependen en primera instancia de la riqueza personal de los candidatos o de su capacidad para el found raising, para la recolección de fondos. El mundo da a diestra y siniestra, arriba y abajo, ejemplos de dependencia de los actores y agentes políticos respecto a los intereses económicos; y también de la dependencia de gobiernos, partidos o fundaciones extranjeras. Argentina, Brasil, España, Italia dan o dieron ejemplo de la corrupción institucional de los partidos y, a pocos pasos, de la corrupción personal de los actores políticos. Los Estados Unidos de América son el paradigma del poder del dinero, de la democracia impactada por la plutocracia. La riqueza personal del candidato o líder como sustento del agente político presenta el caso paradigmático de Berlusconi en Italia, o el de Álvaro Noboa en Ecuador, o varios más en América Latina, o el caso extremo de Donald Trump en los Estados Unidos; y a continuación aparece la pregunta sobre si este modelo no asoma las orejas en estas latitudes.

Lisa y llanamente este es el planteo básico del tema que se puede denominar del financiamiento político, que comprende el financiamiento de las campañas electorales y el financiamiento permanente de los partidos, fracciones y agrupaciones políticas. Y este tema ha pasado a ser una de las principales preocupaciones de las dirigencias políticas, preocupación acelerada por la declaración parcial de inconstitucionalidad del artículo de la ley de medios que hace a la distribución de la publicidad electoral gratuita en radio y televisión.

El encare del asunto tiene dos aspectos, un anverso y un reverso: el del gasto y el de los recursos. El análisis del anverso, del gasto, lleva a pensar acerca de cómo se abarata, o qué parte puede hacerse gratuito o a costas del Estado. El análisis del reverso, de la obtención de recursos, significa apuntar a cómo se obtienen esos dineros y a cómo no deben obtenerse, es decir, por un lado cómo, de quién y cuánto es lo legítimo que vaya a las arcas de los agentes políticos, y por otro lado cómo no debe, quienes no deben y cuánto no debe ir a las arcas de los mismos agentes.

Lo que parece claro es que cualquier encare debe ser integral, porque la última vez que el tema se legisló se hizo de manera parcial y desequilibrada: se pensó más en los candidatos que en los agentes institucionales y se pensó más en las prohibiciones que en los estímulos y las facilitaciones. En la cabeza de los legisladores estuvo más el modelo norteamericano -que en esencia es una democracia de candidatos- que el modelo europeo occidental (y el uruguayo) de una democracia de partidos. Y por encima de todo, no puede soslayarse que Uruguay es un país de varios niveles de competencia: la competencia entre partidos, la competencia al interior de los partidos entre grandes fracciones nacionales, la competencia al interior de los partidos en los niveles departamentales; y si se sigue rascando, la nueva competencia entre los niveles barriales o locales. Todo ello debe estar presente en una regulación. Pero además deben estar presente las campañas electorales (que son tres o cuatro etapas cada cinco años), pero no debe soslayarse la actividad política permanente que incluye la que se realiza en los periodos interlectorales, en los periodos propiamente gubernativos.

En materia de gasto de campaña electoral hay cuatro grandes items: Uno, la publicidad en medios electrónicos de comunicación (televisión, radio). Dos, la publicidad en otro tipo de medios (vía pública, internet, prensa en papel). Tres, la impresión de las hojas de votación. Y cuatro, los demás gastos (estrados, amplificación, folletería, impresión de programas de gobierno, traslados, alojamiento, personal de campaña, asesoramientos).

El tercer punto es relevante, porque hace que la consideración del gasto político y del financiamiento político lleve de la mano a la discusión del método de emisión del voto. Porque Uruguay tiene el método más costoso y potencialmente desigual: el voto se emite por hojas de votación separadas, identificadas por un número natural, que representan cada oferta electoral (las mal llamadas “listas”), que deben ser impresas por cada agente político. Pero ese medio de emisión del voto se ha transformado en un medio altamente eficiente de propaganda y de canalización del voto, especialmente en la competencia al interior de los partidos, inclusive al interior de las fracciones. Por eso se observa que el total de hojas de votación que se imprimen multiplican por varias decenas la cantidad de votos emitidos. Son varios millones de hojas que imprime un grupo político que aspira a algún que otro centenar de miles de votos. Pero lo relevante son en principio el primer y el tercer punto: es que entre la publicidad en radio y televisión y la impresión de hojas de votación se va entre el 70% y el 80% del gastos de campaña.