La búsqueda de la consensualidad

Oscar A. Bottinelli

El Observador

Diversos llamados reviven las experiencias de la Conapro (1984) y de 2002.

El economista Ignacio de Posadas propuso constituir un GACH Económico. Tanto el Frente Amplio como el PIT-CNT propusieron un diálogo social. Guido Manini Ríos propone instalar el Consejo de Economía Nacional. Son tres o cuatro proyectos diversos, con diferencias, que apuntan a un objetivo común: buscar la consensualidad en el país, en el sistema político y en el conjunto social.

La expresión GACH Económico, como símil del Grupo Asesor Científico Honorario que actúa desde hace un año en el plano sanitario, sugiere que sume a científicos de la Ciencia Económica (y en sentido más amplio de las ciencias sociales) para converger en diagnósticos y propuestas para la salida de la situación presente. Parte del supuesto que hay una visión macro dominante entre economistas de los diferentes partidos, relativamente coincidente con las políticas que se aplican en Estados Unidos, Europa, Australia o Nueva Zelanda. Más explícito, de Posadas señaló como un punto de partida del GACH Económico el determinar cuál es el nivel de deuda que puede absorber Uruguay para paliar la crisis social y enfrentar la recuperación económica, del país y de sus emprendedores.

El Consejo de Economía Nacional (CEN) surge en la Constitución de 1934, se ratifica en las de 1952 y 1967, se describe en los actuales artículos 206 y 207 (sección XII) y se crea por la Ley 17.935 de 26 de diciembre de 2005 (votada por todos los partidos) y se reglamenta por el Decreto 209/006 de 29 de agosto de 2006. Se integra con representantes de trabajadores, ONGs, cámaras empresariales industriales y comerciales, organizaciones rurales, pequeñas y medianas empresas, cooperativas, organizaciones de jubilados y pensionistas. Tanto la Ley como el decreto contienen errores conceptuales, como que a un órgano cuya creación surge de la propia Constitución definirlo como “organismo privado de interés público”, cuando por su propia naturaleza es un organismo público no estatal. Su ubicación es al margen de los poderes (ni dentro del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo) y con comunicación directa con el uno y el otro. Naturalmente, alguien tiene que darle infraestructura y recursos; lo obvio es que lo sea el Poder Ejecutivo.

En su propuesta Manini agrega la presencia del Estado (vale decir, de los poderes políticos y de los partidos políticos) y de la Academia (lo que lo vincula al concepto de GACH Económico, término también manejado por él). No cabe duda que un Consejo de Economía Nacional, por su propia naturaleza y definición, sugiere más el encare de políticas de Estado, es decir políticas de amplio consenso y para una larga duración en términos históricos. Dicho de otra manera, la búsqueda de consensuar un modelo de país. Parece obvio que si se discuten políticas de larga duración, también se busca consensuar políticas para hoy, para la salida de la crisis.

El diálogo social, sin más aditamentos, puede servir para lo uno o para lo otro, para la coyuntura o para el largo plazo, o para las dos cosas. Y a ambas cosas se han referido tanto el FA como el PIT-CNT. Van todas las propuestas en la misma dirección.

Hay dos experiencias internacionales de relieve. Una son los pactos o “alianzas de clases” que realiza en Suecia el gobierno socialdemócrata primero con el empresariado agrícola (1933) y luego con el empresariado industrial y comercial (1938) Ambos en conjunto son la base de la construcción del welfare state y del pasaje del subdesarrollo al alto desarrollo. Según un estudio de la Universidad de Gotemburgo, en 1955 Suecia alcanza el nivel de vida de Uruguay (entonces uno de los primeros 10 países del mundo en nivel de vida) para luego sobrepasarlo hasta hoy.

La otra experiencia son los Pactos de la Moncloa en España. Primero fueron los del 25 de octubre de 1977 -gobierno de Adolfo Suárez- que consistieron en dos acuerdos de todos los partidos políticos, organizaciones empresariales y principales sindicatos: sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y sobre el programa de actuación jurídica y política. Felipe González –entonces líder opositor- sintetizó su espíritu: "El elemento esencial fue evitar el análisis de quién tenía la culpa de lo que había pasado y mirar el futuro" y luego “encontrar dos o tres puntos de consenso que den marco a cómo encarar el futuro". Más tarde, menos rimbombante, fueron los llevados adelante por el propio Felipe González -al inaugurar su gobierno en 1982- con el empresariado y los sindicatos.

En Uruguay una experiencia relevante fue la Concertación Nacional Programática que funcionó en 1984 y comienzos de 1985, para completar la transición política desde el régimen autoritario a la restauración institucional. Reunió a los cuatro partidos de entonces (Colorado, Nacional, Frente Amplio y Unión Cívica), bajo la convocatoria de sus candidatos presidenciales únicos o principales: Julio Ma. Sanguinetti, Alberto Zumarán (en representación de Wilson Ferreira Aldunate, proscripto), Juan José Crottogini (en representación de Liber Seregni, proscripto) y Juan Vicente Chiarino. Participaron además las organizaciones empresariales industriales, comerciales y rurales, así como del ámbito social el PIT-CNT, la FEUU, FUCVAM y el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ). A través de muchos grupos y subgrupos elaboró un amplio conjunto de acuerdos, entre los que se destacan la Ley de Amnistía y la creación de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). El autor de la idea de la concertación lo fue Seregni, que pensaba en algo similar a los pactos suecos: consensuar un modelo de país válido por largas décadas; predominó la visión de acuerdos más bien coyunturales, para el proceso de transición, idea dominante en colorados, blancos y buena parte del FA (comunistas y sectores más duros).

En 2002 fue el diálogo entre los cuatro partidos políticos del momento, los bancos y los sindicatos, que permitió una salida consensuada de la crisis financiera, condujo a la aceptación popular de la reprogramación de los depósitos y evitó que ocurriese lo de la vereda de enfrente: violencia callejera, rotura de vidrieras, inestabilidad institucional (cinco presidentes en un par de semanas).