participación de capital privado en emprendimientos estatales, y por otro lado el presidente del Encuentro Progresista-Frente Amplio anuncia que el mandatario garantizó que no venderá ni privatizará ninguna empresa estatal. La diferencia de versiones recuerda la terminación de la Crisis de los Misiles de 1962, en que Estados Unidos anuncia la rendición de Jrushov y la Unión Soviética dice tener el firme compromiso norteamericano de no invadir Cuba. Como ocurrió con los misiles, es posible que sobre la entrevista del 2 de enero sean ciertas ambas versiones, en la medida en que los compromisos de ambos son lo suficientemente vagos como para contentar a tirios y troyanos. Lo concreto es que no hubo lluvias ni truenos y las amenazas se enfundaron: desapareció del horizonte la lluvia de plebiscitos y también el retruque de que el pueblo decida sobre el papel del Estado.

Ahora bien, analizado el tema desde el papel como actor del EP-FA o de Tabaré Vázquez, aparece la necesidad de una mayor clarificación de la posición oficial o central de la fuerza de izquierda en relación al papel del Estado y al rol del mercado: cuánto Estado, cuánto mercado, cuánto monopolio y cuánta competencia comprende el modelo del país que ofrece o pretende aplicar el frenteamplismo. Hay posturas diversas en el abanico de sectores que componen el lema político, pero lo que interesa es el resumen, la síntesis, la postura oficial o dominante, la que el EP-FA asume como tal y en particular la que Vázquez asuma y difunda. Este es un tema pendiente en las definiciones de la izquierda, precisamente uno de los siete temas clave que el líder frenteamplista reseñó en su llamado a la reactualización ideológica.

Pero un segundo tema nada menor tiene que ver con la estrategia política y el lugar que en la misma pudiesen cumplir los referendos. Después del famoso referendo del 13 de diciembre de 1992 que derogó disposiciones sustanciales de la Ley de Empresas Públicas, los siguientes intentos posicionaron al EP-FA como un tomador de decisiones ajenas y no como el decisor fundamental de la estrategia política. Así ocurrió con los recursos contra el Marco Regulatorio del Sistema Energético y contra la disposición que redujo los plazos en materia de caducidad y prescripciones laborales (el artículo 29 de la Ley de Inversiones). En las cuatro convocatorias (dos por caso) la iniciativa surgió de fuera de la fuerza política y ésta se sumó a la misma a posteriori, a veces tardíamente y en general sin demasiado entusiasmo, o para ser más exactos, sin poner en juego toda la artillería necesaria para obtener la victoria. Lo más importante es que Vázquez terminó involucrado en los cuatro resultados electorales y por tanto asumió cuatro derrotas consecutivas. Al cabo de las mismas, la intención electoral del EP-FA cayó hasta recortarse en el piso de la banda.

Es verdad que estos u otros errores a la larga no hicieron la menor mella en la competencia eleccionaria: el EP-FA creció casi un tercio y si se toman los votos a Vázquez en el balotaje, ese incremento fue de casi la mitad. Tan cierto como esto es que estos resultados no son producto de los errores sino pese a esos errores. Más bien son producto de otros aciertos o mayores sintonías en relación a un significativo espectro de la opinión pública, y sin duda a errores acumulados y creciente asintonía de los partidos tradicionales con esa misma opinión pública. Pero es muy arriesgado cometer errores bajo la premisa que serán compensados por los aciertos, o por mayores errores del adversario.

Una primera definición estratégica que requiere el EP-FA es si va o no transitar caminos referendarios. En general es un camino tentador a la luz a la luz de las ideas prevalecientes en la sociedad uruguaya sobre el papel del Estado y del mercado. Pero lo extremadamente dificultoso es la obtención de las adhesiones necesarias, de esas más de seiscientas mil voluntades, necesarias para llegar al referendo: ya fuere mediante la concurrencia simultánea a las urnas en las instancias convocadas por la Corte Electoral, ya en la recolección personal de adhesiones, impresión digital mediante.

Si la fuerza de izquierda define transitar por el camino de los referendos, lo más delicado es elegir el cuándo, cómo y por qué de la confrontación. Y ello debe surgir primariamente de una decisión política de la conducción política, es decir, del Encuentro Progresista-Frente Amplio y de su presidente, previa evaluación minuciosa de la conveniencia y los riesgos, de los costos y beneficios de cada escenario, de cada tiempo y de cada espacio. Ahora a mediados de febrero se repite que el EP-FA y Vázquez comprometen su capacidad de convocatoria en una instancia que no fue elegida por ellos, cuya estrategia no diseñan y en la que tampoco desarrollan una campaña electoral de la envergadura necesaria para alcanzar el resultado.

Porque otro riesgo adicional que asume la izquierda con los referendos, es transitar por un camino que exige una amplia capacidad de movilización. Porque fuere mediante la concurrencia unilateral a votar en los llamados "actos de adhesión al referendum" o mediante la recolección de adhesiones individuales (rehabilitada por la nueva ley reglamentaria), en uno u otro sentido el convocante debe movilizar más de seiscientas mil almas, bastante más del 27% del electorado residente en el país. Hoy el Frente Amplio tiene mayor predicamento en la población que hace doce o trece años, porcentualmente logra la adhesión del doble de ciudadanos que entonces; pero por otro lado su capacidad de movilización se ha reducido enormemente, hasta ser una ínfima parte de lo que fue en el pasado. Vale la pena recordar lo difícil que le resultó al Frente Amplio de 1987, con el apoyo del entonces poderoso Movimiento Nacional de Rocha, recoger a lo largo de un año ese impresionante número de firmas, ese equivalente al 27% de los votantes residentes en el Uruguay.

Las estrategias y los desafíos políticos son propios de las conducciones políticas e indelegables, entre otros pequeños detalles, porque en última instancia la que paga los costos de los resultados indeseados son los actores y agentes políticos.