En los países pluralistas, con competencia política y diversidad partidaria, existen groseramente dos grandes tipos de relación entre los partidos respecto al ejercicio del gobierno: uno en que se tiende a la consensualidad y otro en que los roles de gobierno y oposición aparecen bien definidos. La distinción entre uno y otro es parte no sólo del juego político, sino de la cultura nacional: hay países en que parece tan obvio que el gobierno gobierne por sí mismo, que no se considera un acto de intolerancia la no consulta a la minoría; en otros países, se supone que el gobierno decide por sí mismo tan sólo cuando el acuerdo con la oposición ha resultado imposible, y esa decisión es válida en tanto mal menor.
El Reino Unido corresponde al primer ejemplo, donde rara vez al partido de gobierno se le ocurre tan siquiera oír la opinión de los demás partidos. Se necesitó una amenaza tan formidable como la de la Alemania nazi para que hubiese un gabinete de Su Majestad con ambos partidos, un gobierno de unidad nacional, lo que no sobrevivió a la derrota del nazismo: hubo elecciones y gobierno monopartidista cuando todavía restaban varias semanas de guerra contra el Imperio del Sol Naciente. Uruguay es el extremo opuesto, quizás el ejemplo más extremo entre los regímenes competitivos de larga data. Bajo distintas formas y con distintos nombres no se ha admitido el gobierno exclusivo y excluyente de un solo partido, desde la vieja coparticipación a la coalición de gobierno, pasando por la concertación, la gobernabilidad y la coincidencia nacional. No siempre ha sido así y hay claras excepciones; una de ellas se da en la segunda mitad de los años sesenta del siglo pasado, en que el país vivió sin duda la polarización más fuerte y violenta desde la terminación de las guerras civiles; y la otra excepción es ahora, porque el hecho que haya una coalición bipartidaria lo único que significa es que hay un bloque de dos partidos que ejerce el gobierno con el respaldo del 55% de la ciudadanía, mientras queda fuera el otro 45%, fuera inclusive del contralor de la gestión en los entes autónomos y los servicios descentralizados. En realidad ni siquiera hay plenamente un gobierno bipartidario a la usanza de las coaliciones europeas, ya que en realidad el Partido Colorado se considera a sí mismo “El” partido de gobierno, y actúa como tal, mientras que el Partido Nacional se ve a sí mismo como un partido que ayuda y contribuye a un gobierno ajeno; pero este es otro tema.

Pese a que el funcionamiento político indica en el país la existencia de una clara diferencia de papeles entre gobierno y oposición, ello es visto como una patología, tanto por el sistema político como por los formadores de opinión. Por un lado desde tiendas oficialistas o desde opinantes con ideas más o menos proclives a la coalición, se cuestiona al Frente Amplio porque no apoya las medidas del gobierno, porque se opone a las mismas. A su vez, desde el Frente Amplio se cuestiona al gobierno porque no se le consulta y por gobernar de acuerdo con sus ideas y con sus propuestas. En definitiva, cada uno cuestiona al otro el jugar el papel clásico de gobierno y de oposición. Pero lo más significativo es que cada uno pretende jugar su rol clásico y demandar al otro el cumplimiento de un espíritu consensual. Así es como blancos y colorados reprochan una y otra vez al Frente Amplio el no acompañar las iniciativas del gobierno, pero en general rara vez se les ocurre consultar sobre tales iniciativas ni atender las ideas o sugerencias de la izquierda; se parte del supuesto que el patriotismo de los frenteamplistas los obliga a apoyar incondicionalmente al gobierno. Desde el Frente Amplio, por su parte, se reclama una y otra vez el ser consultado, se reprocha al gobierno actuar por sí y ante sí, pero se parte del supuesto que cuando desde el oficialismo se hacen concesiones no existe obligación de reciprocidad, como ocurrió cuando la Ley de Ancap.

Ambos sistemas son tan buenos el uno como el otro, tanto el británico o el que los uruguayos consideran como ideal. Pero hay que optar por uno de ellos y atenerse a la lógica y las consecuencias de cada uno. Lo que no se puede es usar un sistema de gobierno-oposición para sí mismo y cuestionar al adversario por no respetar las reglas de la consensualidad.