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La Intendencia de Montevideo,
ensayo general para un gobierno del EP-FA
Oscar A. Bottinelli.
EMILIANO COTELO:
La Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) atraviesa en estos días
diferentes tensión: con los funcionarios municipales agremiados en
Adeom, con las empresas y sindicatos del transporte de pasajeros, la
baja de la recaudación y las arcas casi vacías...
A propósito de esta situación, el politólogo Oscar Bottinelli,
director de Factum, nos propone para el análisis político de hoy:
Los problemas de la Intendencia. Un ensayo general para un gobierno
del Frente Amplio (FA).
Vamos a repasar la problemática.
OSCAR A. BOTTINELLI:
En primer lugar, el Presupuesto municipal; hay un Presupuesto
proyectado y otro real, que surge de lo que la gente paga. La
morosidad, el no pago de contribución, de patente, etcétera, afecta
la ejecución del Presupuesto, por lo tanto al haber menos dinero en
caja empiezan los problemas porque hay que elegir qué se paga y qué
no. El porcentaje del rubro salarios, del conjunto de retribuciones
personales, sube cuanto menos dinero hay; no es que aumente, pero
proporcionalmente es mayor porque es el más inelástico: uno puede
dejar de comprar cosas, pero debe pagar los sueldos. El peso de las
retribuciones personales adquiere una dimensión mucho mayor en un
momento de contracción.
Por otro lado, el tema del transporte se ha transformado en uno de
los más sensibles. Los precios son fijados por la Intendencia, son
precios administrados, no es un régimen de competencia sino de
regulación. La Intendencia se encuentra con que la población tiene
una retracción muy grande en sus ingresos, que tiene dificultades
para gastar. Por muchas razones cada vez se venden menos boletos:
unas tienen que ver con la crisis, otras con la expansión de
automóviles, ciclomotores y bicicletas, y otras con que ha habido
cambios de hábitos y costumbres. Al venderse menos boletos y
mantenerse la cantidad de unidades circulando los costos son cada
vez mayores para las empresas, y si el precio del boleto sigue
subiendo la gente no puede pagar. Ahí hay un nudo bastante difícil
de resolver.
Por eso decíamos que lo de hoy es una especie de ensayo general para
el FA, porque en general esta fuerza política gobernó, administró la
IMM en un período de economía ascendente. Desde que asumió Tabaré
Vázquez el 15 de febrero de 1990 hasta hoy, la economía de Uruguay
había tenido un ciclo más bien ascendente. En los últimos dos años
hubo un ciclo de comienzo de una retracción importante y ahora, en
esta situación realmente complicada de la economía, se complica la
administración de cualquiera. Es entonces que la IMM debe empezar a
tomar decisiones duras, difíciles.
En materia de recaudación, el problema es que la IMM, desde que
asumió el FA, encontró que se podía levantar lo que se estaba
cobrando de impuestos en Montevideo y llevó la mayor presión sobre
los contribuyentes a lo que se consideraba lo máximo posible. Los
impuestos básicos son la contribución inmobiliaria, la patente de
rodados y el impuesto de puerta. Se llevó al tope la recaudación por
impuestos, y ahora es muy difícil subirla.
Por otra parte está el fenómeno de la morosidad: la gente está
dejando de pagar los tributos municipales en todo el país porque la
luz se corta si no se paga, el teléfono se corta... Pero si no se
paga los impuestos municipales hay multas, hay recargos, algún día
puede llegar a una acción judicial, pero la gente pasa la urgencia.
Los tributos municipales son los más fáciles de dejar para el final.
Esto lo sufren las 19 Intendencias del país.
Por otro lado la devaluación significó un aumento de costos, hay
muchos contratos en dólares pese a que la IMM desde hacía unos
cuantos años ya había pesificado todos los contratos posibles, salvo
lo que tiene que ver con el exterior o con cosas importadas. Pero
aún en pesos las cosas están subiendo, especialmente todas aquellas
importadas, muy fuertemente.
Todo esto ha llevado a que la IMM se encuentre en una situación
financiera difícil, al punto de anunciar que está explorando
tramitar un préstamo de U$S 8 millones para cubrir el Presupuesto de
aquí a fin de año.
EC – En esas dificultades se inscribe la política con el
funcionariado municipal.
OAB - El FA inició muy rápidamente, al asumir, una política de
demostrar que una administración frenteamplista iba a retribuir bien
a sus funcionarios. Fue una política de fuertes incrementos de
sueldos: los funcionarios municipales en el país en general fueron
los que más aumentaron los ingresos en la última década y los de
Montevideo en particular. Tanto por vía directa de incrementos de
sueldo, como por vía indirecta de baja de horas, que es de las cosas
más complicadas, porque cuando una persona gana lo mismo trabajando
ocho horas que seis, al empleador –en este caso la IMM– le implica
un aumento muy grande del costo: sin duda esas tareas tienen que
cumplirse, si antes se hacían tres turnos de ocho horas para cubrir
las 24 horas, ahora tiene que hacer cuatro turnos de seis, el
Presupuesto aumenta un tercio. La gente trabaja menos pero gana lo
mismo, salvo que pudieran compensar ese tiempo con otro trabajo, la
gente no necesariamente está viendo el beneficio. Esos beneficios
son dudosos en cuanto al beneficio que le generan al beneficiado,
pero muy caros para el que paga la medida.
Por otra parte, constantes beneficios indirectos: la cuota mutual se
extiende a todos los familiares, en el último convenio se incluye
servicio de compañía para los funcionarios municipales, un conjunto
de beneficios que llevó a un nivel de retribución relativamente alto
en lo comparativo, que en este momento le significa a la IMM una
presión muy grande.
Cuando asumió el FA el Presupuesto municipal en términos reales era
mucho más chico, y los sueldos pesaban el 45%. El FA rebajó más de
un tercio la cantidad de funcionarios, pero el Presupuesto municipal
aumentó. Tomando en cuenta la ejecución y el dinero que hay para
mover el Presupuesto, hoy prácticamente 6 de cada 10 pesos que
ingresan a la IMM se gastan en retribuciones personales. Esto está
marcando el formidable peso que tiene esto.
***
EC - Vemos que además hay un problema central planteado: la relación
sindicatos - administración.
OAB - Al FA le pesa mucho la opinión de los sindicatos, no sólo como
le puede pesar a cualquiera que administra algo –es relacionarse con
la representación de los trabajadores, tener un buen
relacionamiento, que los servicios se cumplan, no se paralicen–,
sino que además que el grueso de los militantes sindicales son a su
vez militantes de la propia fuerza política. Además hay una idea de
que estar en contra de los sindicatos es una actitud reaccionaria,
que va contra la cultura de izquierda. Eso pesa mucho en el plano
simbólico de la dirigencia del FA, que tiene serios problemas para
poder decir que no o poder enfrentar a un sindicato. Esto ha pasado
con el tema del transporte, que es muy complejo, y con los
funcionarios municipales.
Al FA se le está presentando un dilema de hierro: ver a la población
en general, que termina siendo muy abstracta, y por otro a 7.000 y
pico de funcionarios concretos, que tienen un sindicato que se
moviliza, que hace declaraciones, que se mueve internamente dentro
de la fuerza política. Este juego complica mucho, enreda mucho al FA
en sus decisiones, y se vio en estos días, cuando por un lado la
administración pretende tomar firmemente líneas de austeridad, y por
otro dentro de la propia fuerza política esa línea no logra
demasiado apoyo. En el fondo termina siendo más fácil aumentar
impuestos porque se diluye dentro de la situación general, dentro de
una crisis que afecta más al gobierno nacional que a una
Intendencia, y además hay que enfrentar a una estructura concreta de
representación de intereses: no hay nadie que sea el representante
de los que pagan impuestos en Montevideo, no hay un sindicato de
pagadores de impuestos.
El otro dilema de hierro es ¿cobrar más impuestos para dar aumento
de sueldos, o dejar de dar aumento de sueldos para no aumentar los
impuestos? Es un dilema que no le gusta a nadie, casi todo el mundo
quiere aumentar los sueldos sin aumentar los impuestos. Pero ha
llegado el momento en que el dilema es una cosa o la otra, como se
vio anoche en el debate en la Junta Departamental. Este tema y el de
medidas que pueden beneficiar a la población en general o a un
segmento particular organizado, con fuerza, lo que en general se ha
llamado corporaciones –término muy polémico–, es uno de los dilemas
que afronta el FA de cara al gobierno.
Decíamos que es un ensayo general porque empezamos a ver al FA en la
administración de Montevideo en lo que es tomar decisiones en un
momento de crisis, independientemente del porcentaje de
responsabilidad directa que tenga la administración en la crisis. A
todo gobierno le pasa eso: un gobierno puede tener alta proporción
de responsabilidades cuando le va bien o mal, o tener muy bajo nivel
de responsabilidades y venirle buena parte de los beneficios o las
dificultades del exterior. Lo cierto es que cuando un gobierno tiene
dificultades, por su culpa o por culpa ajena, tiene que
enfrentarlas. Moverse en medio de dificultades es la prueba de fuego
más grande que tienen todo gobierno y toda administración. Ahí es
donde se empiezan a terminar los consensos, donde empiezan las
grandes contradicciones, porque en las crisis todos pretenden que
sea el otro el que pague las consecuencias, no uno mismo. En ese
juego de fuerza es que hay que saber administrar recursos y fuerzas
políticas y sociales.
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