La detención del senador vitalicio chileno y ex-presidente de facto Augusto Pinochet ha desatado grandes pasiones, revivido el tema de las violaciones estatales a los derechos humanos y además planteado un conjunto de temas de orden político-jurídico, temas que adquieren una singular importancia en un momento histórico de cambio en cuanto a la concepción de los estados nacionales: surgimiento de superestados de superpaíses (como la Unión Europea en un estadio avanzado del proceso o el Mercosur en un estadio incipiente), debilitamiento del concepto de soberanía irrestricta de los estados-naciones (y consecuentemente, de principios como el de no intervención), surgimiento de una tendencia hacia la existencia de un derecho supranacional por encima de los derechos nacionales (hacia donde estaría apuntado la reciente creación del Tribunal Penal Internacional).

El general Pinochet es un senador chileno que con pasaporte diplomático ingresa al Reino Unido, donde es detenido a petición de la Justicia española, acusado de delitos cometidos en Chile, contra ciudadanos españoles, cuya naturaleza permitiría su tipificación como "delitos de lesa humanidad", muchos de cuyos delitos fueron amnistiados por el derecho positivo chileno y otros, también en función del derecho positivo chileno, habrían prescripto; y ello en el contexto de una transición desde un régimen autoritario a un régimen poliárquico (democrático en uno de los usos más habituales de este término), transición pactada, condicionada y aún inacabada. Esta somera descripción plantea las siete dimensiones del debate, análisis y polémica del affaire Pinochet, algunos de cuyos aspectos ya fueron debatidos medio siglo atrás en ocasión de los famosos juicios de Nüremberg, y un poco más adelante, en ocasión del secuestro, traslado a Israel y juicio de Adolf Eichman. Como ocurre en estos casos, el debate facilmente entremezcla aspectos jurídicos, políticos y éticos, y también entremezcla la frialdad del derecho, la no menos frialdad de la política y las razones de Estado, con los fuertes sentimientos éticos, la ansiedad de justicia y hasta los deseos de venganza.

Las siete dimensiones del debate son:

Uno. La inmunidad diplomática. Existe por un lado un principio restrictivo de la inmunidad diplomática, producto de la época en que las relaciones entre países de realizaba por embajadores, ministros y cónsules largamente radicados y acreditados en países extranjeros, y la vida moderna con gobernantes, diplomáticos, funcionarios comerciales, técnicos y parlamentarios que viajan en misiones oficiales, con pasaportes diplomáticos y que en realidad no están amparados por los tratados internacionales, estrictamente aplicados.

Dos. Prescriptibilidad de los delitos. Si existen delitos imprescriptibles, en estos casos quién declara esa imprescriptibilidad y cuáles son esos delitos.

Tres. Naturaleza de los delitos en relación a su reclamo y prescriptibilidad. Si existen delitos que escapan a las jurisdicciones comunes o a los conceptos de prescriptibilidad, y en caso afirmativo cuál es la naturaleza de los mismos. En particular cuál es exactamente el concepto de delito de lesa humanidad, si es un concepto cuantitativo (es decir, hay un número de muertes que marca la frontera: ¿mil muertes? ¿diez mil? ¿cien mil?), o es de carácter cualitativo en razón de la forma de comisión de los hechos (¿es delito un número determinado de muertes provocada por la represión policial o militar? ¿es también delito cuando ese número es producto del bombardeo de una población civil por una fuerza armada nacional?), o es de carácter cualitativo por el objeto de los hechos provocados (que los muertos fueren de una misma raza, religión o concepción política).

Cuatro. Colisión entre un derecho nacional y un derecho internacional o supranacional. Qué ocurre cuando una norma de derecho de un país entre en colisión con una norma o principio jurídico internacional.

Cinco. La determinación de jurisdicción. En principio el mundo y los países se han organizado en base a un principio práctico: que no se puede reclamar cualquier cosa a cualquiera en cualquier lugar, sino que existen las jurisdicciones en razón de materia y en razón de ámbito o lugar. ¿Sigue vigente el viejo concepto de territorio como determinante de la jurisdicción, o como sostiene la Justicia española, rige el concepto de nacionalidad o pasaporte de la víctima? ¿En qué casos opera lo uno y en qué casos lo otro? ¿Y quién determina cuál es la jurisdicción competente?

Seis. La eterna confrontación entre derecho positivo y derecho natural. ¿Existe un derecho natural, por ejemplo al juzgamiento de delitos de lesa humanidad, aunque no emane de ningún derecho positivo? (algo así parece abrirse camino como fundamento de los juicios internacionales contra los acusados de violar los derechos humanos en Bosnia)

Y siete. El alcance y límites de la soberanía de los estados nacionales y la vigencia del principio de no intervención. Toda tesis que suponga la existencia de derechos universalmente válidos y universalmente juzgables se opone a la tesis del estado nacional con soberanía plena e irrestricta, y a su corolario, el principio de no intervención. Y esto hace a un tema político de primera magnitud: cuál es el límite, si existe, que tiene un país para conducir su propio proceso político; hasta dónde tiene o deja de tener derecho de olvidar, perdonar o transar. Y hasta dónde tiene derecho a hacer lo que a ese país le plazca, o porque en esa nación todos están de acuerdo, o porque ese es el punto de transacción, la búsqueda del acuerdo posible entre posiciones irreconciliables.

Como ocurre siempre, por separado es fácil ponerse de acuerdo a cada punto en particular. Sí a juzgar a los violadores de derechos humanos, sí a consolidar la paz, sí a la no intervención. El problema es cuando en la vida práctica, en la de los hechos cotidianos, los distintos principios coliden entre sí. A veces es conveniente que los debates se hagan antes que ocurran hechos como el affaire Pinochet. Porque no es fácil debatir con el corazón ardiente. Pero los cambios que se vienen produciendo en la estructura política del mundo llevan a que más tarde o más temprano estos temas deban debatirse con mayor profundidad y globalidad, en todas sus dimensiones, jurídica, política y ética.