LOS URUGUAYOS TIENEN UNA IMAGEN "NEUTRA" DEL PODER JUDICIAL

Enrique Iglesias, el presidente del BID, hace poco parafraseaba: el siglo XIX fue el siglo del Poder Legislativo, el siglo XX el del Poder Ejecutivo y el siglo XXI será el siglo del Poder Judicial. A nivel global, inversores y calificadoras de riesgo evalúan no solamente indicadores económicos y riesgos políticos, sino también la calidad del Poder Judicial, su seriedad, honestidad, independencia y nivel técnico. Cada vez más se considera que para que el sistema estatal funcione se requiere imprescindiblemente un funcionamiento fluido de la Justicia y una alta confiabilidad de la sociedad.

Los uruguayos tienen una opinión neutra sobre la Justicia nacional, ni buena ni mala, y este juicio es bastante estable a lo largo de los últimos años (actualmente registra 45 puntos en 100). La confiabilidad es pues mediana. En todas las mediciones realizadas a lo largo de diez años el Poder Judicial recoge siempre mayor calificación que el Parlamento, los partidos políticos y los sindicatos. Pero al cierre del año 2000 se situó por primera vez claramente por debajo de las Fuerzas Armadas, que logra una calificación buena (con 54 puntos). Y, además, se ubica muy por detrás de la Iglesia Católica, que obtiene una calificación casi excelente (74 puntos) .

En los últimos cuatro años ha permanecido estable la opinión de la gente sobre el Poder Judicial: aumentó cuatro puntos el puntaje global, la calificación se mantuvo dentro de los niveles de neutralidad, aumentaron en forma equilibrada tanto las opiniones positivas como las negativas, bajó el "no sabe/no contesta" y también el "ni bueno ni malo".

Dos ramas del Poder Judicial logran clara visibilidad por parte del grueso de la población: la Justicia Penal y la Justicia Laboral. Otras ramas en cambio presentan un perfil difuso. La valoración de la Justicia Penal ha mejorado sensiblemente en los últimos años y se encuentra prácticamente en los mismos niveles que el Poder Judicial considerado globalmente, es decir, obtiene también una calificación de neutro. Las críticas que recibe son de tres tipos: desde la derecha, que la Policía prende a los delincuentes y los jueces los liberan, que otorgan penas muy leves y disponen las libertades con mucha facilidad; desde la izquierda se critica que la Justicia Penal favorece a los ricos, es leve con los delitos de guante blanco y tiende a ser dura con los pobres; y genéricamente se critica la lentitud de los procesos.

La Justicia Laboral recibe una opinión negativa de la población, la cual se acentúa en los sectores que deben recurrir a la misma: entre los asalariados privados el juicio es negativo y entre los empresarios es claramente malo, en particular entre los empresarios pequeños. Los asalariados privados critican la enorme lentitud de los procedimientos, el largo tiempo que transcurre desde el reclamo hasta el cobro. El empresario pequeño cuestiona un sistema que lo visualiza como alguien sumamente poderoso y que le exige elementos de prueba que sólo pueden tener las grandes empresas; en general entienden que son víctimas de la industria del juicio laboral, de la invención o exageración de demandas y de una parcialidad de los magistrados en su contra.

En líneas generales la mejor imagen de la Justicia (del Poder Judicial en general, de la Penal y de la Laboral) surge de parte de colorados y blancos (y de quienes se autodefinen de derecha), y la peor de los frenteamplistas (y de quienes se autodefinen de izquierda). Este hecho es curioso, pues ocurre a la inversa del discurso de las dirigencias políticas: los líderes blancos y colorados son bastante críticos de los jueces, y los dirigentes frenteamplistas tienden a una defensa automática de la órbita judicial. Desde el punto de vista de los niveles socioeconómicos, el más favorable al Poder Judicial es el nivel bajo, el más negativo a nivel general es el nivel alto y los más críticos en relación a lo penal y lo laboral son los niveles intermedios (medio y semibajo).