Cuando los uruguayos son los locatarios

Para la gente hay que impedir la entrada de extranjeros ilegales, pero legalizar la situación de los que ya están

El complicado tema de los extranjeros ilegales afecta a Uruguay a do-ble vía: por un lado hay uruguayos en situación ilegal en el exterior (como el sonado en España) y por otro hay bolivianos, peruanos, paraguayos, brasileños y ecuatorianos en forma ilegal en Uruguay. De alguna manera resulta esquizoide que un pueblo esté en los dos lados del problema. Mucho más a partir de la historia del país: desde la década de 1880 hasta la de 1950 en aluviones de distinta intensidad este país fue un gran receptor de migraciones europeas, todas ellas legales y estimuladas desde el gobierno.

A partir de la década de 1960 la tendencia se revertió y pasó a ser un país de emigración, también en oleadas de diversa intensidad y a diversos puntos (Argentina, Brasil, Australia, Canadá), quizá más importante en lo cualitativo que en lo cuantitativo; de esa época es el graffiti "El último que se vaya que apague la luz".

Desde el año pasado se ha detectado un nuevo empuje emigratorio, sobre el cual todavía no hay cifras confiables, que se re-fleja en los pedidos de visa en diversos consulados y las colas para la obtención de pasaportes europeos, sobre todo italianos y españoles.

Estos dos fenómenos, la inmigración masiva desde Europa y la emigración numerosa, son los dos más conocidos por los uruguayos. Pero hace ya unos cuantos años que empezó a despuntar otro: los extranjeros de países sudamericanos que vienen a trabajar en forma ilegal. Si se rastrea bien se conocen viejas prácticas con mucho más de medio siglo de antigüedad: los brasileños que cruzan la frontera cuando tienen lugar las zafras de la esquila, la caña de azúcar o la cosecha del arroz, que vienen y se van. El fenómeno nuevo se detectó primero en Maldonado, en la construcción: peones de origen brasileño trabajando en obras, sin estar en planilla, ni tener permiso de trabajo, ni derechos sociales, y con retribuciones de la mitad o la cuarta parte del jornal. Más adelante llegó al Parlamento la denuncia sobre la presencia de peruanos, bolivianos y trabajadores de alguna otra nacionalidad en la obra de la Torre de las Comunicaciones, que culminó en la legalización de la situación de todos los extranjeros. Ahora el fenómeno tiene otras manifestaciones con presencia de peruanos, ecuatorianos, bolivianos, paraguayos y brasileños, quienes realizan algún que otro trabajo, sin documentación legal o previsional ni presencia legal en el país.

Cuando en un país el nivel de desocupación es alto, la ocupación de puestos de trabajo por extranjeros, y más por ilegales, levanta resquemores. En Uruguay, en lo que viene a ser un estreno del problema, predomina la postura de que hay que frenar el ingreso de extranjeros ilegales para defender las fuentes de trabajo para los uruguayos, o más exactamente para los ya residentes en el país. Es una postura clara, pero no abrumadora.

De cada nueve personas cinco se inclinan por frenar el ingreso y las otras cuatro son partidarias de fronteras abiertas: el trabajo es un derecho para todo ser humano, venga de donde venga. Pero por otro lado, en cuanto a los extranjeros ilegales que ya están en el país, predomina la postura de dejarlos estar y legalizar su situación: de cada 10 personas seis defienden esta actitud benévola contra cuatro que son partidarias de su expulsión. El problema de los extranjeros ilegales es considerado mayoritariamente un problema grande del país.

Como ocurre siempre, la posición global de la población no es la misma para todos los sectores. En cuanto a abrir o cerrar las fronteras se detectan tres franjas diferentes. Una en la cual la posición de frenar la entrada prevalece pero en un casi empate con la postura de fronteras abiertas; ello se da entre los frenteamplistas (la relación es 50 a 47), los habitantes de Montevideo (49 a 47), los adultos medios (48 a 44) y el nivel socioeconómico alto (49 a 45). Un segundo escalón lo constituyen los sectores en los cuales es más claro el predominio de frenar la entrada: los políticamente independientes (48 a 42) y el nivel socioeconómico medio (52 a 44). Y un tercer escalón se integra con los sectores donde es contundente la postura de evitar la entrada de extranjeros ilegales: colorados (60 a 36) y blancos (61 a 34), habitantes del interior (58 a 36), jóvenes (59 a 39) y mayores (60 a 37), y niveles socioeconómicos semibajo (58 a 35) y bajo (56 a 41).