Empleo para toda la vida

Para la mayoría hay que eliminar la inamovilidad de los funcionarios públicos pero dando garantías contra persecuciones

La inamovilidad de los funcionarios públicos es una característica clásica de los Estados de Bienestar, los Welfare State, es decir, aquellas estructuras basadas en un fuerte papel del Estado y un vigoroso asistencialismo. La inamovilidad supone la imposibilidad de remover a los funcionarios, excepto casos graves de omisión, ineptitud o delito. En Uruguay la inamovilidad está consagrada por el artículo 60 de la Constitución para los funcionarios de la Administración Central y por el artículo 62 para los funcionarios municipales. Se discute si la inamovilidad alcanza o no a los demás funcionarios de los entes autónomos y las empresas descentralizadas. En algunos casos la inamovilidad surge del estatuto específico, como ocurre con los docentes efectivos de Primaria, Secundaria y UTU. En los demás casos hay dos tesis: una que sostiene que la Constitución restringe la inamovilidad a los funcionarios de la Administración Central (Presidencia de la República, ministerios) y a los municipales, y otra que sostiene que abarca a todos los funcionarios sin excepción.

El artículo 60 de la Constitución, en sus parágrafos dos, tres y cuatro, dispone:

"Establécese la carrera administrativa para los funcionarios presupuestados de la Administración Central, que se declaran inamovibles, sin perjuicio de lo que sobre el particular disponga la ley por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara y de lo establecido en el inciso 4° de este artículo.

Su destitución sólo podrá efectuarse de acuerdo con las reglas establecidas en la presente Constitución.

No están comprendidos en la carrera administrativa los funcionarios de carácter político o de particular confianza, estatuidos, con esa calidad, por ley aprobada por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, los que serán designados y podrán ser destituidos por el órgano administrativo correspondiente".

Sobre la inamovilidad hay dos puntos de vista, que difieren en argumentos de fundamento diverso. Quienes defienden la inamovilidad lo hacen como garantía contra las persecuciones del poder, sea por razones políticas, ideológicas o inclusive sindicales (en lugares donde los actores corporativos son parte de la dirección, como actualmente en la Universidad y en el Banco de Previsión Social, anteriormente en Secundaria, en las cajas de Asignaciones Familiares, en las cajas de seguros especiales de paro y en los diversos seguros de enfermedad). Quienes combaten la inamovilidad sostienen que es la causante del bajo rendimiento de los funcionarios públicos, que el empleo seguro de por vida desestimula la iniciativa y lleva a los hábitos burocráticos, a la ineficiencia del funcionario.

Los uruguayos se pronuncian mayoritariamente por esta segunda tesis. De cada siete personas, cuatro optan por considerar que "la inamovilidad sólo sirve para que los funcionarios trabajen poco", mientras que los tres restantes se inclinan por la tesis de que "la inamovilidad es una garantía contra todo tipo de persecución (política, sindical, ideológica)". Para el futuro, en cuanto a qué hay que hacer, el 69% se inclina por eliminar la inamovilidad frente a un 18% que defiende el mantenimiento del sistema (el 13% no opina); pero la existencia de garantías contra la discrecionalidad es defendida por el 61% contra el 26% que no las considera necesarias. La opinión prevaleciente (48% sobre el total, que representa más de la mitad de los que toman partido por alguna posición) se inclina por eliminar la inamovilidad pero con un régimen de garantías contra la discrecionalidad y en particular contra la posibilidad de persecuciones políticas, ideológicas o sindicales.

En la valoración del actual sistema los frenteamplistas se dividen en partes iguales entre la defensa de la inamovilidad como garantía anti-persecutoria y el ataque a la inamovilidad como fuente de ineficiencia. En los niveles socioeconómicos alto, medio y semibajo por cada 10 que consideran que la inamovilidad es negativa, siete la defienden, pero en el nivel bajo en cambio las posiciones son equilibradas con un leve predominio de la defensa del actual sistema. Los funcionarios públicos son los más ardorosos defensores de la inamovilidad (59% de ellos), aunque un tercio de los mismos considera que conlleva a trabajar poco. Los demás sectores ocupacionales tienen posiciones más críticas en relación a la inamovilidad.