Un muy buen ejemplo de lo que se debe y lo que no se debe hacer en la concreción de ideas en hechos, lo da el proceso de reforma de la seguridad social. Es necesario tener presente que este análisis no apunta al contenido de la reforma sino al proceso de la misma, a los métodos empleados para llevar adelante, en forma fallida primero y en forma exitosa después, la reforma. El juicio sobre el procedimiento seguido es independiente de las virtudes o defectos de contenido de esa reforma, que es un tema completamente diferente. El proceso con que se llevó a cabo la reforma de la seguridad social es una pequeña obra de arte en materia de operativa política.

En 1994 todos los políticos y analistas políticos coincidían en un hecho: el tema más difícil, más espinoso y casi imposible de resolver era la situación del sistema de seguridad social. Ese diagnóstico se fundamentaba en:

Uno. En 1989 un movimiento de jubilados y pensionistas había arrastrado a casi todo el sistema político a consagrar constitucionalmente un mecanismo automático de reajuste de las pasividades.

Dos. Varios intentos por introducir reformas parciales al sistema resultaron fallidos, aunque las dificultades pueden relativizarse por cierta desprolijidad en la operativa oficialista.

Tres. Un conjunto de medidas parciales pero trascendentes, aprobadas por un método cuestionable (introducción de las mismas como artículos de una Rendición de Cuentas) iban camino de la derogación plebiscitaria (y lo fueron en los comicios de 1994) en otro envión del movimiento de jubilados y pensionistas.

Cuatro. Esos dos resultados plebiscitarios exitosos en relación a los jubilados y la contracara de un fracaso plebiscitario de la educación, evidenciaron la existencia de un fuerte factor de poder electoral capaz de frenar o imponer cualquier iniciativa en materia previsional.

Cinco. Todas las encuestas de opinión pública registraron fuerte oposición a la implantación de sistemas privados de pasividades.

Seis. La existencia en el imaginario popular de una fuerte asociación entre sistema de capitalización y administración privada, y por otro lado la asociación entre sistema de reparto y administración estatal.

Siete. La capacidad de bloqueo del PIT-CNT de toda medida, por menor que fuera, que se sospechase caminase hacia "la privatización de la seguridad social".

Apenas pasadas las elecciones, todo el Partido Colorado (Sanguinetti, Pacheco, Batlle), todo el Partido Nacional (Volonté, Lacalle, Pereyra) y el Nuevo Espacio trabajaron de consuno para lograr una profunda reforma de la seguridad social y evitar que naufragase. El trabajo fue de filigrana. Por un lado rápido (el proceso de elaboración y aprobación llevó poco más de un año) y por otro prudente, paso a paso. Se buscó eliminar fantasmas, ahondar el diagnóstico y realizar un fuerte operativo de convencimiento a la opinión pública. El ahondamiento del diagnóstico permitió detectar la posibilidad de disociar la dicotomía capitalización-reparto de la dicotomía estatal-privado; y además evidenció la existencia de una extendida disconformidad con el régimen previsional existente.

El proceso pues abarcó varias líneas fundamentales:

Una. Separar a jubilados y pensionistas del tema. El primer artículo de la ley, más una intensa campaña comunicacional de gobernantes, dirigentes políticos y legisladores apuntó a grabar un axioma: toda la reforma apunta a los que están hoy en actividad, no se han jubilado y tampoco tienen derechos jubilatorios inmediatos. Resultado: dejó de ser un tema para el fuerte grupo de presión de los jubilados. Cambió pues el oponente en el juego.

Dos. Crear un sistema mixto de reparto y capitalización, con lo que se diferenció nítidamente de los demonizados sistemas chileno o argentino.

Tres. Mantuvo el sistema de reparto en la órbita estatal (básicamente en el BPS).

Cuatro. Otorgó la capitalización a administradoras de fondos, de las cuales la primera en constituirse debía ser necesariamente estatal. Este aporte del Partido Nacional y de Volonté parece decisivo a la hora de evaluar la aprobación del nuevo sistema en la opinión pública y en los primeros afiliados a las AFAP (inicialmente más de la mitad optaron por la entidad estatal, AFAP República)

Cinco. Se dejó deliberadamente fuera de la reforma (con lo que la misma no fue universal) a dos grupos de presión extraordinariamente poderosos: los bancarios y los profesionales universitarios. Con lo que se postergó para mejores tiempos modificar los regímenes previsionales amparados por las cajas Bancaria, Profesional y Notarial.

Seis. Una vez aprobada, se instrumentó una fuerte campaña publicitaria que no buscó seducir a la gente con imaginarios, sino obtener el apoyo mediante una detallada explicación del nuevo sistema y del mecanismo de transición.

Pero lo fundamental es que partió de claridad de objetivos y un diagnóstico preciso de situación, la convicción de la necesidad de eliminar uno por uno los obstáculos, sin saltearse ninguno y sin sobrevalorar la propia fuerza. Al éxito hay que agregar una oposición política y sindical desprolija, que se opuso a todas y cada una de las reformas importantes, no propuso alternativas y quedó como defensor de un sistema cuestionado. La teoría de "impidamos esta reforma para luego hacer una mejor" no es de fácil aceptación por la opinión pública. Finalmente, un intento de derogar plebiscitariamente el sistema de capitalización fracasó desde el inicio, al no recoger el apoyo siquiera del 10% del electorado.

Es importante recordar este proceso para advertir que política no basta con tener grandes modelos de sociedad. Son necesarios proyectos claros, objetivos concretos, diagnósticos objetivos  y fundamentalmente procedimientos prolijos, con buen manejo de los tiempos y los espacios.