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políticos (y también a empujones de dinero,
impulsados por una máquina de gestores y funcionarios de las
cajas). Pero muchos candidatos empujando a la vez dieron al sistema
una celeridad exagerada para la capacidad financiera, y así surgió
uno de los inventos criollos más originales: el "pronto
despacho". ¿Qué fue? Una orden de disposición exclusiva de
cada uno de los cinco directores de cada una de las tres cajas
(Industria y Comercio, Civil y Escolar, y Rural y Doméstica),
elemento imprescindible para que el trámite deviniese en jubilación;
por consiguiente, en cada caja el número de pasividades aprobadas
tuvo necesariamente que ser múltiplo de cinco. El embudo en que
devino el régimen previsional no sólo generó un puntal del
clientelismo, sino también una formidable frustración ciudadana.
Por esa época
alcanzó su cenit el único gran caudillo popular surgido al margen
o quizás más bien al costado de los partidos políticos: Benito
Nardone, conocido por su apodo "Chicotazo" o "Chico
Tazo". Fundador de la Liga Federal de Acción Ruralista,
inventor de la audición radial diaria, mezcla de informativo de
mercado y prédica político-gremial, generó una formidable
audiencia que devino en activa base militante. Cada vez más cerca
de la política, tomó la frustración jubilatoria y planteó la
solución: sustituir las malqueridas y desfinanciadas cajas de
jubilaciones por algo sinónimo de dinero en caja: un banco, el
Banco de Previsión Social. Así nació este nombre, incorporado al
proyecto de reforma constitucional que en 1958 impulsó la coalición
político-gremial triunfante, la del caudillo blanco Luis Alberto de
Herrera y el líder ruralista de origen colorado Benito Nardone. La
idea volvió en el proyecto de reforma herrero-ruralista de 1962 y
nuevamente en el de todo el Partido Nacional de 1966. Cuando medio
partido blanco pacta con casi todo el Partido Colorado un proyecto
conjunto, que se plebiscitó con el color naranja y originó la
Constitución actual, en medio del acuerdo entró el famoso banco,
que se estrenó el mismísimo 1° de marzo de 1967, junto con la
restauración de la figura presidencial.
En un país partidocéntrico,
en que los partidos ocupan el centro del funcionamiento político y
aun societal, cada vez que el sistema político necesita revalidarse
apela a complementos corporativos. Las antiguas cajas de
Asignaciones Familiares primero, los dispersos y crecientes seguros
de enfermedad después, las cajas de compensación por desocupación
en actividades zafrales (barracas de lana, industria frigorífica),
fueron todas instituciones de conducción tripartita: gobierno,
empleadores y asalariados. La forma, pues, de santificar a este
flamante Banco de Previsión Social fue darle una integración mixta
con siete miembros: el proyecto blanco preveía tres de origen político,
dos en representación de los asalariados en actividad, uno por los
empleadores y otro por los pasivos, y además exigía cinco votos
para la adopción de resoluciones. El acuerdo naranja limó el
predominio corporativo y mantuvo la hegemonía partidaria: otorgó
la mayoría al sistema político (cuatro en siete) e igualó la
representación de los tres órdenes; tampoco eliminó la exigencia
de mayoría calificada.
Pero el proyecto
blanco preveía un procedimiento viable: los tres representantes
corporativos los designaba el Poder Ejecutivo de ternas propuestas
por las organizaciones más representativas de cada orden. La
reforma naranja fue más allá y estableció lo complicado: la
elección directa de los tres miembros, y por las dudas, un régimen
supletorio: que el Directorio del BPS funcionase sólo con los
cuatro miembros políticos y, en tal caso, dada la alta probabilidad
de empate, con el otorgamiento de voto desnivelador al presidente.
Así funcionó el BPS desde su creación hasta comienzos de los
noventa (con la interrupción de su sustitución por la Dirección
General de la Seguridad Social durante parte del período militar).
Bajo la Presidencia de Lacalle se procedió a la plena integración
del Directorio y para evitar elecciones de singular complejidad se
pasó a designar en forma directa a los representantes de los
asalariados y de los empleadores y a realizar comicios para la
elección del representante de los pasivos. Ahora, tras idas y
vueltas, divorcios y matrimonios cruzados de la tríada política,
se acaba de dictar una ley que en inequívoco romance establece: se
convoca a elecciones para los tres órdenes, pero si en alguno de
ellos se presentase una sola lista, sus candidatos pasan a ser
designados por el Poder Ejecutivo. La ley contradice expresamente el
texto constitucional, pero como se trata de una disposición
transitoria, hay una vieja teoría, bastante aceptada, según la
cual las disposiciones transitorias son derogables o modificables
por la ley ordinaria. Despejada o no discutida la
constitucionalidad, se pone en marcha el mecanismo: lista única de
asalariados (presentada por el PIT-CNT), varias listas de
organizaciones de jubilados y pensionistas, dos listas de
empleadores. Como la ley es clara hasta la obviedad, implica
elecciones en el orden de los pasivos, designación directa en el
orden de los asalariados, elecciones en el orden de los empleadores.
El presidente Batlle opta por la designación directa del
representante de los empleadores, y para ello elige el candidato de
una de las dos listas. El presidente y no el Poder Ejecutivo, porque
el ministro del ramo anunció que no firma, no renuncia ni el
presidente le pidió la renuncia. A este criterio se opone el
Encuentro Progresista-Frente Amplio y el Partido Nacional y amenaza
desatar una crisis política que no sólo estaba fuera de
previsiones, sino por algo lateral.
Todo este relato
tiene como finalidad presentar en pocos trazos al carbón cómo el
sistema político se las ha ingeniado por casi medio siglo para
enredarse en los aspectos formales de la conducción del sistema
previsional, y hasta desatar crisis inoportunas por lo innecesarias.
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