Un observador extranjero decía que en Uruguay los tiempos corresponden a ciclos históricos y no a los ciclos biológicos de los humanos. El país pasó todo el siglo XX y, para suerte de politólogos y constitucionalistas, dedicará al menos buena parte del siglo XXI a debatir la reforma constitucional. Solamente el colegiado llevó 55 años de debate. Y lleva más de una década la conflictuada relación entre las empresas del Estado y la política, o entre los entes autónomos y los servicios descentralizados por un lado y los partidos y actores políticos por otro. El tema es muy basto y tiene que ver con la forma de conducir las empresas públicas, el cual no hay que confudirlo con otros como los de si deben o no estar en manos del Estado, ser o no monopólicas, guiarse por el derecho público o el derecho privado, aliarse o no con multinacionales, recibir o no capital privado y si la rentabilidad es o no una virtud. En cambio, la relación entre conducción de las empresas estatales y política se inscribe en un tema más basto, como lo es el del papel que se asigna a los partidos políticos en los sistemas políticos poliárquicos (los habitualmente denominados democráticos) y, en cierto modo derivado del anterior, aunque autónomo, el tema de si la política debe ser una actividad para profesionales de la misma o para personas que se realicen en ámbitos ajenos, como la actividad académica, profesional, empresarial, técnica o militar. La buena técnica de razonamiento exige ir de lo general a lo particular, pero la necesidad de encarar un tema u otro en función de la actualidad, obliga a la licencia de invertir los términos.

Pero además hay que situarlo en el contexto. Hace apenas 18 meses que el electorado dio escasísimo apoyo a una reforma constitucional que limitase más la presentación electoral de los directores de entes autónomos y servicios descentralizados. Y hace apenas cuatro meses que el presidente de la República y la mayoría senatorial (de todos los colorados y todos los blancos) procedieron a constituir los actuales Directorios; designaciones a las cuales se opuso el Encuentro Progresista-Frente Amplio por la única e importante razón de haber sido excluido de la distribución de cargos. Distribución que corresponde al tradicional criterio de tres miembros para el partido de gobierno y dos para la oposición, y al exacto reparto matemático electoral entre sus fracciones.

La conducción de las empresas estatales no es un solo tema, sino un conjunto de temas: el número de conductores, la idoneidad o perfil de los mismos, el por qué y para qué son designados, el vínculo con lo político en general y con lo partidario en particular. En la discusión sobre el número de conductores se observa que existe mucha confusión; en comparación con la estructura de las empresas privadas se mezcla la composición de los directorios con la conducción ejecutiva. En Uruguay no hay ninguna empresa privada del porte del Banco República, ANCAP, ANTEL o UTE. Y todas las que debajo de este nivel, y hasta bastante por debajo, son conducidas por Directorios plurales, normalmente de cinco a siete miembros. Ello es diferente a unipersonalizar la ejecución en un Chief Executive Officer. No hay que confundir la Asamblea o Junta de Accionistas con el Directorio, el CEO y el Comité Ejecutivo. El poder político en general o el Poder Ejecutivo en particular pueden ser el equivalente de la Asamblea de Accionistas, pero no las del Directorio. Toda empresa grande, al menos para el tamaño de Uruguay, requiere un Directorio. Y da la casualidad que las potestades de los presidentes de los bancos Central y República, así como ANCAP, UTE y ANTEL son simultáneamente las de un Chairman y las de un CEO.

La vinculación con lo político y lo político-partidario es un tema central. Toda empresa, pública o privada, tiene una orientación política, entendida como que tiene una concepción de qué hacer, cómo hacerlo y para qué. Las empresas de servicios públicos en países de larga tradición de actividad privada como los Estados Unidos, tienen claras definiciones políticas, porque saben que a la larga no sobreviven si no toman en cuenta los humores de la opinión pública. Pero hay que hacer algunas observaciones. Una es la búsqueda de separación de lo político-partidario, que no supone necesariamente separación de lo político, sino de lo que se visualiza como la parte menos sancta de lo político, y en cambio se benefician vínculos políticos con formas que se consideran más puras de la representación ciudadana, como por ejemplo las corporaciones. Tanto desde la derecha europea de las décadas de 1920 y 1920 en su fe en los corporativismos, como desde la izquierda hasta los días de hoy, con su fe en los sindicatos, consideran que la representación corporativa es más pura que la partidaria. Precisamente en estos días un dirigente frenteamplista señala como buen ejemplo de forma de conducción de entes autónomos a la Universidad, con su triple composición corporativa. Entonces, cuando se considera nociva la vinculación político-partidaria, es esencial conocer cuál es la propuesta de sustitución. Porque ello hace a la esencia no solamente de una definición organizacional, sino de una definición sobre la naturaleza de la estructura política de un país.

Pero un segundo tema tiene que ver con las formas de designación en relación a lo partidario. Es interesante seguir el presente debate de Nueva Zelandia. En la década larga de predominio del Partido Nacional, que realizó la profunda transformación de un estado omnipresente a una de las economías más liberales del mundo, se independizó la conducción del Banco Central respecto a los gobiernos; el cambio de gobierno no afecta la composición de la autoridad monetaria y bancaria. El resultado es que el Directorio del Banco Central neozelandés está integrado por políticos prominentes del Partido Nacional (como Ruth Richardson, conocida por los uruguayos). El Banco Central en Nueva Zelandia no quedó independizado de la política partidaria sino del gobierno, ya que responde al partido de oposición sin que el partido de gobierno tenga posibilidades de hacer cambio alguno. Y como se queja el Primer Ministro, la independización del Banco Central se ha transformado en el arma para que la oposición sabotee la conducción del gobierno elegido por los neozelandeses.

Otro asunto es el de la calidad e idoneidad de los directores. Otro el del perfil: si deben ser personas con criterio político (por ser entidades públicas que afectan y responden a la población), empresarios (en tanto deben dirigirse las empresas más poderosas del país) o técnicos (en tanto hay que conocer de banca, energía o comunicaciones). Y otro tema más, que no es derivación automática de los anteriores, es si puede haber o no clientelismo, porque cuando no hay política partidaria pero sí político-corporativa también hay lugar para el clientelismo, y cuando no hay ni la una ni la otra, por alguna rendija se cuela el amiguismo.

Entonces, la conducción de las empresas estatales y la relación entre ella y la política es demasiado compleja para simplificarlo. No habrá solución alguna si no se parte de abordajes serenos, sin concesiones al aplauso fácil.