En el manejo de los tiempos reales, al fin del 2001 Jorge Batlle llega a la mitad de su mandato. Es que el período de gobierno en realidad es de cuatro años y no de cinco, merced a la reforma constitucional que instituyó un largo ciclo electoral que consume todo el último año del quinquenio. De esos cuatro años efectivos, descontado además el verano, han transcurrido dos, la mitad del periodo. Lo normal es que a esta altura se haya agotado la aprobación del programa legislativo y ejecutado buena parte del mismo. No ocurre así. El tono de la discusión de este verano está más acorde con el tiempo de una transición presidencial, de las semanas previas a la trasmisión del mando, que a los ajustes de detalles y cosas pendientes propios de la mitad del mandato.
Este es un gobierno que nació producto de una explícita alianza electoral del Partido Colorado y el Partido Nacional, que contó con el respaldo inicial de 18 senadores y 55 diputados, lo que significa una cómoda mayoría para aprobar rápidamente todo el paquete legislativo. Un gobierno que estuvo libre del fantasma del bloqueo político y del desgaste de la negociación voto a voto, cámara a cámara. También llegó con un amplio caudal de ideas. Tuvo pues todo para gobernar con comodidad y prontitud. Lo que se evidenció a lo largo de los dos años que no es lo mismo tener ideas que tener programas, y que las mayorías parlamentarias sirven de poco si no hay proyectos, y si tampoco hay instrumentos para el funcionamiento fluido de la coalición política.

Jorge Batlle se reveló en los últimos tiempos como un formidable comunicador, o quizás más precisamente como un formidable seductor. Pero ese poder operó exclusivamente hacia su figura y no se trasladó ni hacia el gobierno como conjunto ni hacia las medidas de gobierno. El año 2001 reveló además cierto estancamiento de ese poder de seducción. Pero el gobierno como tal careció de buena comunicación. Por un lado por las públicas controversias entre ministros (y hasta entre ministros y sus subordinados), y por otra por la distancia entre anuncios y realizaciones. Dos iniciativas trascendentes, como la flexibilización laboral y la generalización del IVA, han quedado por el camino, o con fuerte retraso, por anuncios precipitados, hechos en forma inadecuada y en el lugar inoportuno. Y el año se cierra con el más significativo error comunicacional, como que la hija del ministro de Economía, economista ella, pronostique el quantum de la devaluación uruguaya; es que aunque sea injusto (y sin duda lo es), los hijos y cónyuges de los gobernantes no son libres de abrir la boca ni de hacer los que les plazca.

La contracara de todo esto son dos tipos de logros de relevancia. Por un lado, los avances efectivos de la Comisión para la Paz en el esclarecimiento de la suerte de detenidos-desaparecidos en el país. Por otro lado, avances importantes en la reforma del Estado, como lo son la reciente ley que permite la asociación de ANCAP con empresas privadas internacionales, la subasta del puerto de Montevideo y la desmonopolización efectiva en algunos campos de las comunicaciones. La reforma de ANCAP como fue encarada no aparece en los programas iniciales de Batlle, y fue producto de la elaboración sobre la marcha, a partir de diciembre del 2000; en un año se encontró el camino y se obtuvo un amplio apoyo político (porque lo que cuenta es que la asociación de ANCAP tiene apoyos importantes en la izquierda). La subasta del puerto puso fin a largos años de sucesivos fracasos, esta vez sin controversias significativas. En materia de comunicaciones el proceso va más lento, y buena parte de sus suerte se juega el 21 de febrero, fecha en que habrá o no el número suficientes de firmas para desencadenar un referendo.

Estos dos meses de verano son claves para definir la suerte del gobierno en su segunda mitad; está en juego el logro o no de un funcionamiento más fluido de la coalición de gobierno y la existencia o no de acuerdos para el impulso de un conjunto de reformas importantes y medidas significativas. Es que más allá de los condicionantes externos, mundiales y regionales, los actores sociales y económicos esperan del gobierno respuestas a los altos índices de desocupación y a los bajos niveles de actividad económica.