El país afronta este año dos posibles referendos relativos a Antel y Ancap. Uno está en duda en cuanto a si la Corte Electoral franquea o no el recurso, y sobre el otro todavía no comenzó la recolección de firmas. Ambos hechos aparecen interrelacionados, lo que ocurra con uno va a impactar en el otro y en conjunto todos los actores políticos tienen para ganar y para perder. El contexto parece más favorable a la oposición y el resultado final dependerá del afinamiento con que cada parte juegue el juego.
Los actores pueden dejar de lado estrategias y tácticas y guiarse exclusivamente por los principios, olvidar a Richelieu y seguir la conducta de Fernando II de Habsburgo, con la alta probabilidad de obtener los logros del sacro emperador, es decir, cosechar más derrotas que victorias. Pero en última instancia es cada dirigente político el que en cada caso debe evaluar cuándo puede flexibilizar los principios en pos de un resultado, y cuando debe apegarse rígidamente a sus principios aún a costa del fracaso. Si se opta por el idealismo, no cabe análisis estratégicos ni tácticos.

En cambio, si se piensa que los actores van a actuar con pragmatismo, es interesante analizar el contexto y las fortalezas y debilidades de cada parte. La situación del país es vista como extremadamente mala por la casi totalidad de la población y la mayoría de ella considera que en mayor o menor medida hay responsabilidad de los gobiernos: de Batlle, de Sanguinetti, de Lacalle, de todos o algunos, pero en definitiva del Partido Colorado y del Partido Nacional. El clima social es pues favorable a la oposición.

Antel en particular es doblemente favorable a la izquierda, ya que la población está en forma abrumadoramente mayoritaria en contra de todo tipo de participación privada, considera exitosas y eficientes a Antel y Ancel, y prefiere llamadas internacionales caras antes que un debilitamiento de la recaudación de la empresa. Además, desde 1992 para la gran mayoría de los uruguayos la imagen de Antel se asocia con un Estado fuerte, protector y eficiente. Los estudios de opinión reflejan con claridad que un referendo sobre Antel-Ancel tiene muy altas probabilidades de favorecer a la oposición. Pero hay dos temas en juego que generan otras consecuencias.

Uno tiene que ver con el posicionamiento de los actores tradicionales. Batlle y Lacalle no sólo son grandes impulsores de las normas en cuestión, sino que ellas coinciden con su más profundo pensamiento y acción de gobierno. En cambio, tanto a Sanguinetti como al nacionalismo no lacalllista (Larrañaga, Ramírez, Pereyra) les va a resultar incómodo participar activamente en defensa de las normas objetadas; se van a ver obligados a una fuerte acción de convencimiento y, una sociedad mayoritariamente estatista, los va a ubicar como sectores anti-estatistas o de dudoso estatismo. Si esto ocurre, si el Foro y el nacionalismo no lacallista son percibidos de esta manera, el Encuentro Progresista-Frente Amplio habría recibido un valioso regalo: el centro queda a su entera disposición. El otro asunto está relacionado con la posibilidad de no realización del referendo en función de una interpretación constitucional y legal de la mayoría de la Corte Electoral que sería altamente polémica, no solo en el plano académico, sino en el doctrinario; pero fundamentalmente que llevaría a una buena parte de la opinión pública, quizás a la mayoría, a considerar la decisión como un acto tramposo, lo que conllevaría a una pérdida de prestigio de la autoridad electoral y un sentimiento de frustración y rabia. A no dudar que este sentimiento de frustración y rabia se volcaría en el referendo sobre Ancap. Puede decirse con mucha certeza: si se impide el referendo sobre Antel, está sellada la suerte de la ley de asociación de Ancap.

En cambio, si se dan las dos instancias referendarias, el tema Ancap disociado de Antel resultado complicado para la izquierda. Asamblea Uruguay no va a participar y la Vertiente queda descolocada al impulsar un referendo contra normas redactadas de puño y letra por sus dos senadores. Al EP-FA y a Vázquez les va a resultar extremadamente difícil maniobrar basado en una fuerza política que discrepa sobre el fondo del asunto e impulsar un voto contrario a una ley redactada por tres de sus senadores. Puede con ello perder mucha credibilidad hacia esa masa centrista, y por tanto anular todo el efecto favorable que reciba del tema Antel.