En este de mes de marzo la Cámara de Senadores dedicó casi toda una tarde a debatir sobre la situación en Colombia (lo que un senador frenteamplista calificó de pérdida de tiempo) y aprobó una condena al terrorismo, los paramilitares y el secuestro de parlamentarios. La declaración fue votada por el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Nuevo Espacio y algunos senadores del EP-FA. La mayoría de los senadores frenteamplistas se ausentó de sala, luego que el Foro Batllista lograse abortar una resolución consensuada por los coordinadores de los cuatro partidos. Todo el episodio permite reflexionar sobre cinco temas:
Uno. Uruguay y América Latina. Pese a que desde hace 35 años la Constitución marca que "La República procurará la integración social y económica de los Estados Latinoamericanos", y al discurso latinoamericanista de muchos líderes y grupos políticos, para los uruguayos América Latina sigue siendo una región distante, cuyos temas son ajenos, con la natural excepción de los países linderos y traslinderos (como Argentina, Brasil, Chile y Paraguay). Del debate surge también que buena parte de los senadores (como ocurre también con una parte importante del periodismo) cuenta con un seguimiento lejano y esporádico de la realidad colombiana y un conocimiento escueto y simplificado de su historia reciente. El desconocimiento de Colombia lleva a errores tales como asociar todo asesinato político con la persecución de líderes de izquierda, y a partir de dichas confusiones extraer conclusiones. A vía de ejemplo: un periodista creyó que el asesinado líder liberal Luis Carlos Galán (cuyo sucesor fue el presidente y actual secretario general de la OEA César Gaviria) había sido el candidato de la izquierdista Unión Patriótica.
Dos. Las políticas de Estado. En la sesión quedaron claramente confrontados dos criterios: el de los que buscaron el mayor consenso político, en pos de una política de Estado sobre el tema (que sin duda era el interés del gobierno colombiano, obtener el mayor apoyo posible en cada país) y quienes prefirieron achicar el abanico de apoyo con el fin de potenciar la confrontación interna.
Tres. El terrorismo. El terrorismo es genéricamente condenado por todos los uruguayos y sus grupos políticos, pero cuando se trata de la condena en particular de alguna organización terrorista específica (como en este caso las FARC colombianas), la unanimidad desaparece. Sigue existiendo en el país, en grado importante, la condena no al terrorismo sino a acciones o grupos terroristas en función de la ideología que representan o de los intereses que combaten. Condenar o dejar de condenar a un grupo terrorista en función de sus ideas o sus intereses no es una valoración sobre el terrorismo, sino un juicio sobre sus ideas; entonces, cuando hay condenas selectivas, el terrorismo como tal queda exento de condena, ya que a todos los efectos prácticos pasa a haber terrorismo bueno y terrorismo malo, terrorismo condenable y terrorismo silenciable.
Cuatro. La representación popular. El secuestro de parlamentarios elegidos en elecciones competitivas (lo mismo si hay prisión, asesinato o arbitraria expulsión) implica esencialmente conculcar la representación popular. Cuando un parlamentario no puede cumplir con sus funciones, hay un sector de la ciudadanía que queda silenciada. La víctima no es el parlamentario, son los ciudadanos privados de representación, y ello es un factor de afectación de la democracia representativa. Al igual que en relación al terrorismo, si el secuestro, la muerte, la prisión o la exclusión de un parlamentario son condenados o silenciados según las ideas o intereses que represente, desaparece la defensa de la representación popular como un valor en sí mismo.
Cinco. El narcotráfico. En Uruguay la condena del narcotráfico es unánime en los grupos políticos. Nadie defiende ni el narcotráfico como tal, ni las vinculaciones con el narcotráfico como una forma normal de financiamiento de actividades políticas o bélicas. Y con esto pasa algo similar a lo que ocurre con el terrorismo. Cuando algún grupo político o gobierno es acusado de vinculación con el narcotráfico, se cree o se descree la acusación primordialmente en función de las ideas políticas del acusado.