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Casi
desde que asumió, o más exactamente desde que terminó el feriado
bancario, el ministro de Economía se ha dedicado casi exclusivamente
a dos cosas: los bancos y el bacheo. Ocuparse de los bancos quiere
decir: imaginar la solución y negociar el apoyo político a la
situación de los bancos suspendidos, encarar el problema de
viabilidad de la Caja Bancaria, ver cómo se mejoran los controles
del Banco Central sobre las instituciones de intermediación
financiera, más una cantidad nada despreciable de problemas, que
dada la entidad de los anteriores, hoy pueden ser calificados de
menores. La otra parte del tiempo la destina al bacheo, a tapar
agujeros; y como buen bacheador en época de crisis hace lo que hace
cualquier empresario y cualquier jefe de familia: abre un agujero
para con esa tierra tapar otro más urgente.
No hay caso que cuando un barco se llena de agua, lo primero es
impedir que siga entrando agua; lo segundo, sacar el agua para
afuera; después, recién después, viene el poner el motor en marcha y
poner rumbo a destino.
El problema es que resolver lo urgente basta en un primer momento,
pero no puede pasar demasiado tiempo sin que se aborde además de lo
urgente, lo importante. Y lo importante, desde el punto de vista
político-social, es afrontar los reales y profundos problemas de la
economía y generar expectativas sobre la reactivación de la
industria, el comercio y los servicios, sobre la creación de fuentes
de trabajo. Este es el gran desafío para el 2003, para el ministro
de Economía, para el gobierno en su conjunto, pero también para todo
el sistema político.
En los últimos cinco meses de este inolvidable año capicúa, el
sistema político uruguayo dio señales muy importantes de madurez y
seriedad para encarar los grandes desafíos urgentes: los nuevos
préstamos internacionales, la reprogramación de los depósitos en los
bancos oficiales, la búsqueda de caminos para los bancos
suspendidos. Sin duda eso diferencia a Uruguay de otros países con
crisis semejantes. Una vez más cabe decir que la gran diferencia
entre la crisis argentina y la crisis uruguaya estuvo en la calidad
de su sistema político en sentido amplio: de todos los partidos y
sus dirigentes, de gobierno y oposición, pero también de los
sindicatos. Y otra diferencia tiene que ver con el grado de
compromiso y responsabilidad de la gente: mientras en la vecina
orilla se apedreaban bancos, en Uruguay se firmaban manifiestos en
pos de la capitalización de una parte de los depósitos y la
reprogramación del resto.
A pesar de ello, no se han sorteado todos los escollos, ni se ha
logrado una síntesis de intereses encontrados, como el de los
acreedores que piden ejecuciones para cobrar sus créditos y el de
los deudores que piden suspensiones para poder respirar. Ni tampoco
se ha puesto a prueba la durabilidad de algunas soluciones, como la
posibilidad del cumplimiento de la reprogramación de los bancos
oficiales o la viabilidad de ese nuevo banco privado de propiedad
estatal.
Pero fundamentalmente el debe del sistema político uruguayo tomado
en su conjunto (donde el juicio puede ser diferente en el análisis
particularizado de los actores) tiene que ver con los planes y
medidas de reactivación. Pero el debe mayor aún es que nadie, ni
gobierno ni oposición, ha logrado (o siquiera ha intentado)
trasmitirle a los uruguayos confianza en el futuro, certeza de que
más allá de las dificultades del momento tendría que haber un
porvenir diferente.
Un pueblo nostálgico y propenso a la depresión como el uruguayo no
necesita demasiado para caer en estado de bajón. Pero ahora hay
causas generales del país y particulares de casi todos los hogares
que hacen que esa depresión tenga fundamentos reales. Una ola
migratoria de las características de la actual es un indicador
significativo sobre la falta de confianza en el país y en su futuro.
Una vez más se cuestiona la viabilidad del país. A diferencia de lo
ocurrido a comienzos de los pasados años setenta, la izquierda
concita una formidable adhesión electoral pero no despierta
esperanzas; nadie deja de irse del país porque crea que dentro de
veintiséis meses vendría un gobierno popular y progresista. Los
partidos tradicionales tampoco despiertan esperanzas y presentan
serias falencias de credibilidad.
La economía tiene una dimensión social y una dimensión psicológica,
y es necesario que se le preste atención. Y esto es también urgente.
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