La reforma política promovida por el ex presidente Lacalle y el herrerismo nació en forma polémica en torno al aspecto más controversial de la misma: la eliminación de la proporcionalidad en la Cámara de Representantes, instituto electoral que en Uruguay se asocia con la democracia moderna y que es a su vez un postulado histórico del Partido Nacional. Lo que generó reacciones más duras es la percepción que la misma tiende a provocar una sub representación parlamentaria del Frente Amplio y una sobre representación del nacionalismo, percepción basada en la descripción que de la reforma hicieron sus promotores. Parece lógico entonces que los afectados considerasen la propuesta como una maniobra política destinada exclusivamente a perjudicar al Frente Amplio y a tratar de privarlo de mayoría en la cámara baja aunque obtuviese la mayoría absoluta de los votos. De allí dista un solo paso para que además reputasen al resto de la iniciativa como mera decoración.
Lo curioso es que el texto de la reforma no es nada claro y del mismo no cabe deducir ninguna afectación de la proporcionalidad. La confusión surge entre lo manifestado por sus impulsores de un lado y por otro la letra de un artículo con redacción inadecuada y conceptualización jurídica imperfecta. Mal comienzo para una propuesta es que no se entienda lo que dice, y que se reciba como una jugada con cartas marcadas. Quizás aquí se equivocaron los promotores, ya sea que hayan pretendido buscar un acuerdo o que su propósito haya sido dejar descolocado a los que rechazasen la iniciativa. La respuesta inicial los deja sin diálogo y con la acusación de intentar quebrar las reglas de juego.

Esta situación obliga al herrerismo a un contraataque, que no puede ser otro que cambiar el eje de discusión: dejar de lado el tema de la proporcionalidad y centrarlo en los demás aspectos de la reforma. Porque la misma apunta a cinco objetivos básicos: dar una señal de una clase política que se achica mediante la reducción del número de senadores, diputados y ediles; en la misma línea dar otra señal de autoajuste, al poner topes importantes a los presupuestos de la Presidencia de la República, el Parlamento y las juntas departamentales (los símbolos mismos del poder político); otorgar al Tribunal de Cuentas un poder efectivo en el freno en los gastos públicos; poner un tope al déficit fiscal; y finalmente evitar bloqueos políticos innecesarios con el establecimiento de mecanismos supletorios para la designación de la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas y las juntas locales no electivas. El herrerismo cree que sus opositores, al centrar la polémica en la eliminación de la proporcionalidad, buscaron eludir una polémica sobre los gastos del Estado y la necesidad de un freno a los gastos sin respaldo presupuestal, lo que ocurre dado el carácter puramente formal y no efectivo de las observaciones del Tribunal de Cuentas.

El debate ha enfrentado sustancialmente a herreristas y frenteamplistas, y a herreristas con algunos de los sectores no herreristas. Lo curioso es que herreristas y frenteamplistas vienen a coincidir en la necesidad del desbloqueo político en la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas. Ambos organismos no se han renovado: según el Frente Amplio, porque los partidos tradicionales no han respetado un acuerdo realizado a mediados del año 2000; según el nacionalismo, porque el Foro Batllista bloqueó toda solución y en los hechos obtuvo el apoyo del resto del Partido Colorado. Para el Encuentro Progresista-Frente Amplio hay una realidad que lo debería llevar a ver con gusto esta iniciativa: si el bloque persiste, si alcanzan al tercio del Parlamento sus enemigos (los que se enfrenten con dureza a un posible próximo gobierno suyo), si ese escenario se da, y es bastante probable, sería difícil ver una renovación de la Corte y el Tribunal durante los próximos siete años (lo que aseguraría a ambos cuerpos un término no menor a los 14 años, lo que por otra parte tampoco es nuevo en el país).

La no integración de las juntas locales es una medida practicada tanto por intendentes colorados como blancos. Sin duda dos centros de polémica –y nos los únicos– han sido Canelones (intendente forista Hackenbruch) y Soriano (intendente blanco no sectorizado Lapaz), contra los que la izquierda viene disparando por este tema con grueso calibre. Con esta iniciativa el herrerismo deja sin apoyo a los intendentes de su partido que no han integrado las juntas locales, plantea un punto de coincidencia con el Frente Amplio y lo invita a apuntar juntos las baterías contra el coloradismo, y en particular contra un símbolo del forismo como la Intendencia de Canelones.

Más allá de cómo prosigan las polémicas y terminen de alinearse las piezas en el tablero, aparece un tema de fondo. Lo que Lacalle y el herrerismo demuestran con la iniciativa, es el detectar una fuerte disconformidad en la sociedad con los actores políticos en general y con los actores tradicionales en particular. Por eso, con independencia de que unos compartan y otros discrepen con las herramientas propuestas, surge con claridad la intención de dar señales a la población de que la clase política oye las disconformidades y reacciona en el sentido que la sociedad espera. Pero esto último es también un tema polémico: hay quienes piensan que actuar acorde al sentir primario de la gente puede ser un paso más hacia el debilitamiento del sistema político, lo que a su vez conlleva a un debilitamiento institucional; en consecuencia, que corresponde lo opuesto: hacer sentir a la gente su error, demostrarle que por allí no va el camino. Alinearse con la gente o pretender cambiar sus percepciones no son opciones compatibles en el cortísimo plazo que va de aquí a las elecciones, y son opciones nada menores para los actores políticos, pero más aun para blancos y colorados.