Dicen que en casi todos los terrenos hay dos formas de hacer las cosas: una, de manera simple; otra, a la uruguaya. Esto puede no ser cierto para todos los temas, pero no hay duda que lo es en materia electoral. Uruguay tiene el régimen electoral más complicado del mundo (es decir, el sistema de empadronamiento, organización y procesamiento de los actos electorales), tiene además el sistema electoral más inextricable del planeta (es decir, el conjunto de mecanismos que permiten traducir los votos en cargos públicos, en bancas y en decisiones electorales), tiene uno de los sistemas de partidos más complejos. Por añadidura, en la reforma de 1996 se estableció un mecanismo eleccionario harto difícil, donde la Presidencia de la República se define a tres vueltas, las municipales en dos y, en los hechos, también las parlamentarias en dos. Si faltaba poco para el atolladero, fue de las enmiendas constitucionales más desprolijas, con el más bajo nivel técnico y hasta con un mal uso del idioma español (que quede claro, este analista no hace valoraciones sobre la sustancia de las reformas sino sobre las formas).
Los tratadistas electorales se preocupan de la falta de uniformidad que existe en el mundo sobre el concepto de voto válido, les inquieta que la definición varíe de país a país. Para los uruguayos eso es pecata minuta; en el propio Uruguay el concepto de voto válido, entendido como el que produce efectos en la decisión electoral, varía de un tipo de elección a otro, de elección a plebiscito o a referendum, y cambia el mismo día de una elección a otra. Como para confundir a cualquiera.

El 31 de octubre se realizan sustancialmente tres elecciones simultáneas: de presidente y vicepresidente de la República (que es una sola), de senadores y de diputados (hay una cuarta, de baja importancia política: las juntas electorales departamentales). Bien, para la elección de legisladores, de ambas cámaras, el voto válido, el voto que efectivamente tiene valor para la adjudicación de cargos, es el emitido mediante hojas de votación, es decir, el voto como mínimo por un lema y como máximo por un lema, un sublema (exclusivamente en senadores) y por una lista o nómina de candidatos. Es lo mismo que se llama voto válido en Italia y voto afirmativo en Argentina.

Pero el mismo 31 de octubre para la elección presidencial, para la de presidente y vicepresidente de la República, que como se sabe se votan en conjunto, cambia el concepto: voto válido, con efectos en la decisión electoral, son todos, inclusive los en blanco y anulados ¿Por qué? Porque la Constitución dice: “El Presidente y el Vicepresidente de la República serán elegidos conjunta y directamente por el Cuerpo Electoral, por mayoría absoluta de votantes” (artículo 151). Es decir, que el lema más votado debe obtener un número de votos que sobrepase la mitad del total de votantes (por las dudas, que nadie diga la mitad más uno, que es medio disparate, porque eso es sólo si el total de votantes es par; si el total de votantes es impar, la decisión se produce con la mitad más medio voto). El total de votantes quiere decir de todos los que emitieron votos mediante hojas de votación validadas, más los que votaron en blanco más los que sufragaron de forma tal que el contenido de su voto deviene nulo.

Esto parece una exquisitez de esa rara avis que son los especialistas, aficionados o más bien obsesivos por lo electoral. Pero no lo es. Es un tema de indudable importancia política. Porque la incongruencia entre ambos criterios de efectividad del voto da una gama de resultados interesantes:

Uno. El lema más votado no logra la mayoría absoluta de los votos válidos para el Parlamento (es decir, no obtiene más de la mitad de los votos emitidos mediante hojas de votación), por lo que tampoco logra la mayoría absoluta de los votantes. De donde: no tiene mayoría absoluta en las cámaras y también hay balotaje.

Dos. El lema más votado obtiene más de la mitad del total de votantes, con lo que logra la Presidencia de la República (y con ello la vice, que supone una banca más en el Senado) y además, la mayoría absoluta en ambas cámaras.

Tres. El lema más votado obtiene más de la mitad de los votos emitidos en favor de hojas de votación, con lo que logra la mayoría absoluta de los votos válidos para el Parlamento y, en consecuencia, la mayoría absoluta de las bancas legislativas (en puridad, si apenas supera la mitad de los votos parlamentarios válidos, lo más probable es que obtenga la mitad de los senadores electos, 15 en 30, y la mayoría de los diputados, 50 en 99). Pero puede darse que aún logrando la mayoría absoluta de los votos válidos no obtenga más de la mitad del total de votantes. En ese caso hay balotaje. Puede darse pues que el primer lema obtenga mayoría parlamentaria y sin embargo no tenga asegurada la Presidencia de la República.

¿Cómo es posible? Un ejemplo:

Total de votantes: 2.300.000

Votos anulados y en blanco: 92.000 (4% de los votantes)

Total de votos válidos para el Parlamento: 2.208.000 (96% de los votantes)

Lema A: 1.140.000

Lemas B, C, D y demás sumados: 1.068.000

De lo anterior surge que el Lema A tiene los siguientes porcentajes:

Para el Parlamento, sobre el total de votos válidos legislativos, 51.6% (le asegura mayoría absoluta en ambas cámaras)

Para la Presidencia, sobre el total de votantes: 49.6%, no llega a la mayoría absoluta y hay balotaje.

En consecuencia, se puede dar esta situación: que el lema A tenga mayoría absoluta en ambas cámaras pero pierda el balotaje (porque votan por el otro contendor la totalidad de los votantes de los demás lemas más los votantes en blanco y los que votaron en forma nula). Lindo panorama político, dicho sea de paso. Pero puede darse lo más obvio con estos datos: que el lema A obtenga en octubre la mayoría en ambas cámaras y sin que se muevan las cifras gane en noviembre la Presidencia, porque allí tendría 1.140.000 votos contra 1.068.000 de sus oponentes sumados, si es que todos van a favor del segundo.

Lo que nunca puede ocurrir, y no se sabe donde salió en las últimas semanas esta confusión, es al revés. No puede un lema ganar la Presidencia en primera vuelta sin obtener mayoría parlamentaria.