Uruguay cuenta con uno de los regímenes electorales más confiables del mundo, que funcionó con eficacia y sin cuestionamientos inclusive en tres actos electorales bajo un régimen militar. El que una sociedad confíe en el voto como el mecanismo para dirimir el disenso constituye un largo proceso en que confluyen múltiples factores. Uno es sin duda la convicción de que las reglas de juego políticas son justas, que la mayoría tiene determinado poder de decisión, que las minorías tienen un conjunto de derechos, que las decisiones de la mayoría se acata mientras se tomen dentro del juego limpio. Otro sustancial es que los procedimientos de toma de decisiones sean trasparentes, sin trampas ni fraudes. Llegar a esto último supone lograr un elemento subjetivo de confianza, respaldado en un elemento objetivo: que los procedimientos efectivamente aseguren esa cristalinidad. El régimen electoral uruguayo, en cuanto a organización, procedimientos y contralores, es asaz pesado, burocrático y engorroso. Pero allí reside buena parte de su confiabilidad. Puede sin duda agilizarse y modernizarse, y en aras de la defensa de las garantías la Corte Electoral exhibe una actitud demasiado inmovilista. Lo que aparece justificado, psicológicamente justificado, cuando aparecen propuestas modernizadoras que no toman en cuenta la necesidad de las garantías. Pocas elecciones uruguayas han resultado polémicas, y la más polémica de todos, la de 1971, exige un análisis sereno sin connotaciones políticas, que por ahora no está dado el clima.
Entre las garantías necesarias está un Registro Cívico Nacional elaborado con requisitos minuciosos y una Sección Habilitado para Votar de la cual no se entra y se sale por mero trámite administrativo, sino por decisión fundada de la Justicia Electoral. Las Mesas Receptoras se integran con al menos dos funcionarios públicos más un escribano como. El votante solo puede votar personalmente, introduciendo en un cuarto secreto su opción de voto; no hay posibilidad alguna que el voto lo lleve ensobrado desde su casa (en el sobre de votación), porque para evitar eso está la tirilla. Pero además hay una garantía suprema: en el régimen uruguayo los votos no permanecen sin ser escrutados un solo minuto después de cerrada la votación. Las urnas no se guardan por la noche para ser abiertas al día siguiente, como sí ocurre en otros países. Y otra garantía suprema la da el que apenas cerrada la votación, se abra la urna, se cuenten lo sobres y la tirillas, se confronte con el total que emerge de la lista ordinal de votantes, se entreveren los sobres, se abra uno por uno, se inscriba el contenido de cada uno en una planilla, se clasifiquen las hojas y finalmente se elabore la cuarta acta, se firme por los miembros de Mesa y los delegados partidarios, se guarde un ejemplar dentro de la urna y se entregue a las autoridades electorales otra, y que cada delegado pueda contar con una copia de la misma debidamente firmada por todos. Muchos no conocen que elaborada y firmada la cuarta acta puede desaparecer la urna sin que se produzca ninguna catástrofe: la urna pasa a ser secundaria ante el valor documental de la cuarta acta. Pero otra garantía fundamental es que cualquier delegado (y delegado puede acreditar cualquier centro político, dicho vulgarmente, cualquier "lista") tiene el poder de observar todo voto cuya identidad le parezca dudosa, siendo imperioso que dicha observación se efectúe; no es opinable. Y allí se estampa la impresión digital del observado, en un papel firmado por presidente y secretario de la mesa.

¿Es posible introducir el voto en el exterior o desde el exterior con el mantenimiento de todas y cada una de las garantías que ha dado confiabilidad al sistema? El voto de los residentes en el exterior presenta tres ángulos. Uno es el de la discusión de conveniencias, que estuvo presente a lo largo de todo el debate en el Senado; con una gran curiosidad: no hay un solo estudio objetivo que avale la presunción que el voto de los residentes en el exterior favorece a la izquierda (como creen todos). En segundo término la discusión de fondo, de derechos, sobre si los residentes en el exterior tienen o no derecho a participar en los asuntos del país del que son ciudadanos pero en donde no viven. Esta es una discusión muy compleja y profunda, que en el país no solo no se dio sino que en el Senado apareció tangencialmente. Italia hace una década y media que vive esta discusión; a la inversa de lo que pasa en Uruguay, y sin duda al compás de las creencias sobre las conveniencias propias y ajenas, el centro-izquierda petardea el voto de los italianos en el exterior mientras que el centro-derecha hace exactamente lo contrario. Acá se invierten los amores y desamores. Y una tercera discusión es el de las garantías electorales. Los dos primeros temas no son para analistas, sino para políticos; el tema se juega en el terreno del juego político y en el campo de las ideas y principios. El tercer tema es técnico y se juega en el terreno técnico.

Y al respecto cabe afirmar: ninguna de las garantías del régimen electoral son posibles cumplirlas en el voto por correo. Se rompe el criterio de que el voto se deposita en una urna y ésta se abre apenas cerrada la votación, urna y sobres todo el tiempo vigilado por la mesa y los delegados partidarios. O para no romperlo, detrás de cada conjunto de votos se debe fletar en DHL o en Federal Express una excursión de los tres miembros de la mesa y una pléyade de delegados. Se puede decir que en el voto por correo no hay una sola garantía electoral que permanezca en pie. Introducir el voto por correo es derogar todo el sistema de garantías que rige desde hace ocho décadas. El voto consular o en mesas de votación en el exterior podría instrumentarse, pero requiere análisis muy minuciosos antes de elaborar una ley. Exige en particular un exhaustivo estudio de costos y logística, pues debe cubrirse aproximadamente entre 900 y 1000 mesas receptoras, lo cual supone de 2700 a 3000 entre funcionarios públicos y escribanos, que deben instalarse y funcionar en aproximadamente en 70 países; y naturalmente debe facilitarse a los partidos políticos la logística o los recursos necesarios para poder acreditar otras 2700 ó 3000 personas a título de delegado. Se requiere pues de una formidable inversión y una no menor planificación logística.

La reforma de 1996 fue técnicamente desprolija y sustantivamente imprevisora, con efectos no soñados por sus impulsores. La propuesta de voto en el exterior, tal como fue formulada, es mucho más desprolija y con un efecto seguro: hacer saltar por los aires toda la confiabilidad del régimen electoral.