La primera de las elecciones de cada ciclo electoral plantea la particularidad de ser un acto de concurrencia obligatoria, en el marco de un ciclo y de un régimen en que domina el principio del voto obligatorio, tanto para elecciones como para plebiscitos y referendos. La dualidad es producto de ver el acto electoral de hoy como “elecciones internas”, es decir, como diversos actos separados y simultáneos al interior de cada partido. En realidad la naturaleza del acto es de elecciones generales, con convocatoria a todo el Cuerpo Electoral, para sufragar en un único acto, ante una única comisión receptora de votos, para escoger la preferencia dentro de una oferta de candidaturas de todos los partidos. Más aún, en el voto no se estampa la calidad de “Voto en el partido X”, sino “Voto al lema X”. Hay pues los mismos lemas que en una elección nacional o municipal. Más aún, la propia Carta Magna obliga a los partidos a concurrir a estas elecciones generales peculiares como requisito sine qua non para participar en las siguientes elecciones tanto nacionales como municipales. Lo cierto es que el hecho de que en junio el voto resulte voluntario y en octubre resulte obligatorio plantea, además de la discusión sobre la coherencia o incoherencia del sistema, un viejo debate sobre la naturaleza del sufragio: si es exclusivamente un derecho o si es un derecho-deber.
El problema no tiene resolución analítica, pues las opciones corresponden al campo de las ideas y las opciones políticas. Para unos predomina la libertad del individuo, y ante ello, como ante cualquier otra libertad, tiene el derecho de ejercerla o de no ejercerla. Para otros predomina la obligación cívica, el deber que surge de la pertenencia a una comunidad y, consecuentemente, la inexistencia del derecho a prescindir de sus obligaciones en cuanto al conjunto de la sociedad; y en esas obligaciones colectivas se inscribe la de asumir la responsabilidad de decidir quiénes ocuparán los cargos de legislación y de gobierno, y en casos de plebiscitos y referendos, qué normas deben dictarse o ratificarse, y cuáles deben rechazarse.

Pero la dicotomía del voto obligatorio-voluntario tiene otra lectura, ya no en el plano de los derechos y los deberes, sino en el de los efectos concretos de uno u otro sistema. Es decir, la pregunta comienza con una pregunta: ¿Quiénes se auto excluyen con el voto voluntario? ¿Quiénes quedan sobrerrepresentados sin la obligatoriedad del voto? ¿A quienes se incluye en el sistema político, forzosamente pero se los incluye, cuando el voto es obligatorio?

El tema es más importante cuando la participación es baja, es menor importante y hasta casi inexistente cuanto la participación es alta. En Uruguay hasta 1966 el voto fue de hecho voluntario, al no haber sanciones al incumplimiento de la obligatoriedad del voto; sin embargo, la tasa de participación estuvo siempre por encima del 80% de un padrón electoral deficientemente depurado, lo cual permite suponer que no debe haber estado muy lejos de tocar el 90% del electorado real. Sin embargo, en las pasadas “elecciones internas” (primera vez que hubo voto voluntario en Uruguay desde 1966) la tasa de participación fue del 54%. Quizás pueda explicarse por el hecho de que una elección de candidatos tiende a ser menos convocante que una elección definitoria. En las recientes elecciones celebradas en la Unión Europea (culminadas el 13 de junio) para el Parlamento continental, la tasa media de participación para los 25 países fue del orden del 46%; de los dos países con mayores raíces de los los uruguayos, España aparece en el promedio mientas que Italia trepa a más del 75%. Pero aquí otra vez vienen las explicaciones: en España se votó solo al Parlamento Europeo, en Italia fueron concurrentes con elecciones comunales y provinciales. En Estados Unidos es visible que la tasa de participación está directamente relacionada con el nivel de los cargos a elegir: normalmente la tasa mayor se da en las presidenciales; en las elecciones congresionales casi siempre es mayor la tasa cuando son concurrentes con las presidenciales que cuando no lo son (en otras palabras, va menos gente a votar en las elecciones de medio período que en las llamadas elecciones completas). Y las elecciones estaduales promedian bajos niveles de participación.

¿Quiénes son los auto excluidos? Los estudios realizados en este país, en Europa y en Estados Unidos concluyen en la misma dirección. Cuando el voto es voluntario los sectores que se autoexcluyen de las elecciones son los más excluidos de la sociedad, o los más disminuidos en la sociedad. En el caso uruguayo es menor la tasa de participación en el nivel socioeconómico bajo, entre las personas con educación escolar, en los desocupados y entre quienes manifiestan poco o ningún interés en la política; la mayor tasa de participación se da en el nivel socioeconómico alto, entre quienes cuentan con estudios universitarios, en los funcionarios públicos y entre quienes manifiestan mucho o bastante interés en política. En Estados Unidos las minorías étnicas tienen menor tasa habitual de participación que las etnias dominantes. En la clásica clasificación norteamericana, participan más los caucásicos que los hispanos, es decir, más aquellos que descienden directamente de los europeos que los que provienen de la América mestiza, como la denominaba Ruben Darío. Pero aún entre los caucásicos, negros e hispanos, hay una extraordinariamente fuerte distancia en la participación de quienes se ubican en los estratos socioeconómicos altos que quienes están en los estratos más bajos.

Todos los estudios académicos sobre el interés y la participación en política concluyen, no sólo en América y Europa, sino con más fuerza aún en Asia y Africa, que el interés en la política se correlaciona fuertemente con la educación formal, el nivel socioeconómico y la integración al sistema. Por ello precisamente es que en Estados Unidos los diferentes movimientos que representan a las minorías excluidas o disminuidas, luchan por incentivar la participación de esas minorías.

Desde el ángulo de la libertad, sin duda la obligatoriedad del voto es un elemento violatorio o limitante de la misma. Desde el ángulo de la igualdad en la decisión, la obligatoriedad al forzar la participación evita que las decisiones en una democracia se eliticen. Forzando los términos puede decirse que es una dicotomía entre la libertad del individuo y la democracia: el voto se democratiza a expensas de la libertad del individuo; la libertad se protege en perjuicio de la democracia.