Hay veces en la vida, de los individuos y de las sociedades, en que el pasado tarda mucho en ser pasado. Cada tanto revive, se cuela en el presente y de alguna manera impacta en el ahora. El pasado de los años de la violencia y la intolerancia durante mucho tiempo se creyó cerrado, particularmente cuando el pueblo en claro pronunciamiento convalidó la amnistía relacionado con los delitos vinculados a derechos humanos cometidos desde el Estado, así como anteriormente el Parlamento había amnistiado o conmutado la pena por los delitos contra el Estado. Quedaron algunas cuentas pendientes, básicamente de dos tipos: Uno, esclarecer la suerte de los detenidos-desaparecidos o dicho más crudamente determinar cuándo, dónde y cómo murieron, porque a nadie podía ocurrírseles que esas personas persistiesen detenidas, desaparecidas y con vida. El otro tipo tiene que ver con terminar con persecuciones iniciadas durante el periodo de facto. Ambas cosas se juegan esencialmente en el plano de lo simbólico, ya que ni la una ni la otra cambian lo ocurrido.
Pocos años atrás apareció un tercer tipo de asignatura pendiente. Grupos vinculados a los derechos humanos y a los familiares de las víctimas de las detenciones-desapariciones encontraron las rendijas jurídicas para limitar y erosionar la amnistía dictada para esos delitos, mediante la forma de una ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Y también mediante la bandera de la imprescriptibilidad de determinados delitos. Así se iniciaron acciones judiciales contra el presidente de la República que dio el golpe de Estado y contra el canciller en momentos de la detención de la militante del PVP Elena Quinteros. Fue una forma de reapertura o reavivamiento del pasado que dio lugar a muchos análisis desde fines del 2001 hasta comienzos de este 2004.

Pero el pasado que nunca desapareció tiene que ver con lo ocurrido a nivel de las Fuerzas Armadas en relación a los militares más fuertemente opositores al proceso militar. Hasta ahora esas fuerzas, y particularmente el Ejército, han actuado como si no fuesen instituciones integrantes del Estado, sino como cuerpos con entidad y pensamiento propio. El Estado, y su máxima expresión que lo es el sistema político, dieron muchos pasos en el camino de borrar los efectos de ese pasado en lo relativo a lo que se llama muchas veces la “interna militar”. Para señalar algunos pasos, quizás los más importantes: la anulación del fallo de los tribunales de honor y el restablecimiento del grado de general a Liber Seregni y Víctor Licandro; la reparación de los militares destituidos o sancionados durante ese periodo. Faltaba la reposición de los retratos de quienes comandaron unidades en la galería de las respectivas galerías. Y llegó esta sucesión de episodios que puede resumirse en: actitud del general Wins de colocar el retrato de Seregni en el comando de la División Ejército II; no colocación de dicho retrato en el comando de la División Ejército I; sanción al general Wins por colocar ese retrato; decisión del presidente de la República de mantenimiento del retrato; declaración condenatoria del Centro Militar y el Círculo Militar “General Artigas”; visita de figuras prominentes del régimen militar a saludar al comandante en jefe del Ejército.

La actitud del gobierno (mantenimiento del retrato en un lugar, mantenimiento de la omisión del retrato en otro lugar, sanción a quién colocó el retrato) marca sus titubeos a la hora de definir donde están ubicadas las Fuerzas Armadas (o más específicamente el Ejército) y cuál es el tiempo histórico que se vive. Desde un punto de vista estrictamente formal, la actitud de sanción al general Wins es insostenible. Porque si bien es verdad que no consultó por la colocación del retrato, tampoco debe consultar si algún otro cuadro se descuelga para limpiarse y hay que volver a colocarlo. El considerar que debe consultarse la colocación del retrato de un anterior comandante es en sí misma una decisión política del Poder Ejecutivo, que lo lleva a considerar que se sigue viviendo una situación excepcional o que el Ejército es un cuerpo autónomo del Estado, con valores propios diferentes y separados de los del resto del Estado y de la sociedad. Aquí aparece pues el otorgamiento de sobrevida a una concepción política determinada dentro de las Fuerzas Armadas, concepción que hoy está enfrentada a una clara posición mayoritaria de la sociedad que va en otra dirección. Porque supone que hay generales o coroneles en pleno ejercicio del grado que son diferentes y deben ser minusvaluados en relación a otros generales o coroneles. Unos son pasibles de figurar en las galerías militares, otros no, sin que el criterio tenga nada que ver con reglamentación alguna. El Banco República, por ejemplo, mantiene en su galería a todos los presidentes, aunque varios de ellos fueron designados por gobiernos de facto y algún otro en tiempos lejanos haya abandonado el cargo en medio de escándalos por impericia o implicancia en el manejo de la función. El BROU mantiene un criterio objetivo, que entre otras cosas salva al personal de servicio de andar a las colgadas y descolgadas a cada golpe de timón de los vaivenes políticos. Pero además la actitud del presidente Kirchner al ordenar el retiro de retratos de comandantes en jefe, fue un alerta suficiente para que las cosas se hubiesen hecho de otra manera.

La polémica por los retratos y la sanción al general Wins adquirieron un mayor relieve por la muerte, en medio de esos hechos, del propio sujeto de la polémica, el general Liber Seregni. Y en medio de esos hechos pasó inadvertida la conferencia del general Bertolotti en la Universidad, un gran gesto de acercamiento mutuo entre dos instituciones que se miran de reojo.

Lo más significativo que revelaron estos acontecimientos es la persistencia de un sector militar nostálgico del pasado, que no ha entendido nada del cambio operado en el país en los últimos 20 años, que vive prisionero del propio pasado individual de cada uno. Lo otro significativo es que aparecieron muchas señales sobre el aislamiento de ese punto de vista en el seno del cuerpo activo de las Fuerzas Armadas. Circula una tesis que la sobrevivencia de algunas posturas militares es posible más por el apoyo político-partidario con que cuentan que por el apoyo militar en sí mismo, y que esas posturas quedarían próximas a la extinción apenas dejen de contar con ese apoyo político-partidario.