Esta es la segunda transición interpartidaria histórica y civilizada en la vida del país. La anterior fue cuando el Partido Nacional sustituye al Partido Colorado al frente del Poder Ejecutivo, después de 93 años consecutivos de titularidad colorada, a veces producto de elecciones, otras de actos de fuerza. Hoy a quienes no vivieron aquella época les resulta difícil parangonar aquella transición con la actual, acostumbrados en los últimos 20 años a gobiernos coparticipados de los dos lemas tradicionales, más aún con el último presidente elegido gracias a la conjunción de votos de ambos. Pero hace casi medio siglo la sociedad era otra, una sociedad dividida en especia de clanes, donde la gente nacía blanca o nacía colorada, y no había confusión alguna a dónde se pertenecía. Hasta dirigentes adscriptos a los otros partidos e intelectuales sin partido reconocían su origen familiar colorado o blanco.
Hay dos tipos de diferencias significativas: por un lado, lo imprevisto del triunfo nacionalista en 1958 y lo altamente previsible del triunfo de la izquierda en 2004; por otro, un país acostumbrado al dominio de un partido (con coparticipación) versus un país que maneja la rotación y el ideal de la consensualidad.

El triunfo blanco fue triplemente imprevisto. En primer término, porque en los últimos 93 años el presidente de la República o la mayoría del Consejo habían sido colorados, y también en 115 de los 128 años que entonces tenía la República Oriental del Uruguay; concebir una mayoría blanca era algo así como contrario al orden natural, inimaginado por tirios y troyanos. En segundo término, porque el comportamiento electoral de los últimos años no marcaba una tendencia creciente del nacionalismo y decreciente del coloradismo, sino una oscilación en torno al 40% de los primeros y al 50% de los segundos. En tercer término porque no había encuestas, por lo que las formas de medir la opinión pública eran muy primitivas y engañosas: por el tamaño de los actos públicos, los comentarios de la gente en las ferias o en las colas. Si hay algo claro es que el Partido Nacional ganó sin proponérselo. Basta estudiar minuciosamente las listas de candidatos al Consejo Nacional de Gobierno y al Senado, tanto del herrero-ruralismo como de sus oponentes de la Unión Blanca Democrática, para ver que fueron hechas con cálculos basados en el mantenimiento de los resultados anteriores, los de 1954: cada fracción pretendía ganar a la otra, obtener 2 de los 3 cargos de la minoría del Consejo y alcanzar 6 ó 7 senadores. Para el coloradismo verse fuera de la titularidad del gobierno (que no de la participación en la administración autónoma y descentralizada) fue todo un shock. Solo 3 veces había estado fuera y en las 3 se las ingenió para derrocar al presidente blanco: en 1838, 1853 y 1865. Los blancos se quejaban de la existencia de una confusión sobre el rol militar y acusaban a sus oponentes de confundir ejército nacional con ejército colorado.

Lo que atenuaba el cuadro era la creciente línea de entendimiento entre los partidos, con episodios en el siglo XIX, acentuada desde los veinte a los cuarenta del siglo XX, constitucionalizada en 1952. Entre varios nombres, a ese entendimiento se le llamó "coparticipación". Pero no bastó para que se asistiese a una transición ríspida, caracterizada por: a) dificultades de funcionamiento en la propia mayoría del Partido Nacional, al surgir las primeras desavenencias entre los seguidores de Luis Alberto de Herrera y los ruralistas de Benito Nardone; b) dificultades de trazar reglas de juego al interior de un Partido Nacional acostumbrado a las luchas internas feroces; c) casi total ausencia de relacionamiento entre el gobierno saliente y el entrante, entre los ministros salientes y los entrantes; d) la presencia para los blancos del fantasma de un golpe de Estado que desembocó, ni más ni menos, en que apenas asumido el nuevo Consejo Nacional de Gobierno y previo al inicio del desfile militar, el flamante presidente destituyese al comandante del desfile y lo relevase por un coronel de su confianza política. Estas fueron las líneas dominantes de la transición de 1958-59, a la cual además fueron completamente ajenos los otros partidos: la católica Unión Cívica del Uruguay, socialistas y comunistas.

Por contraste, el triunfo frenteamplista fue largamente previsible. Uno, desde la restauración institucional lo normal fue la rotación de partidos en la Presidencia. Dos, la izquierda creció sistemática e ininterrumpidamente desde 1971 a 1999, sin excepción alguna, y ese año los dos partidos tradicionales debieron unirse para juntos derrotar al Frente Amplio, previo impulso de una reforma constitucional que instauró el balotaje. Tres, las encuestas fueron delineando el ascenso electoral de la izquierda y el derrumbe de los partidos tradicionales, particularmente tras la crisis de 2002. Cuatro, el Encuentro Progresista-Frente Amplio se preparó largamente para acceder al gobierno y los partidos tradicionales y la sociedad fueron asimilando paso a paso, por un lapso prologando, el advenimiento del cambio político.

El país también es otro. Desde la restauración institucional la sociedad demanda la búsqueda de la consensualidad a todos los actores, a los políticos pero también a los sociales (si bien ello no fue óbice para que la izquierda fuese excluida de posiciones de administración en los últimos tres gobiernos); tanto la izquierda triunfante como los tradicionales derrotados sintieron la necesidad de dar a la sociedad señales de búsqueda de entendimientos: los uruguayos de hoy no aceptan con facilidad los tajantes roles de gobierno y oposición al estilo español. Tampoco las fuerzas armadas son identificables con un partido, aunque en conjunto han sido vistas como opuestas a la izquierda; pero tanto el estamento militar como la dirigencia frenteamplista sintieron recíprocamente la necesidad del acercamiento. Todo ello coadyuvó a esta transición fluida, con acuerdos políticos y entendimientos sociales, con traspaso paulatino de la administración de un bloque.