Normalmente junio es un mes intenso en la agenda política uruguaya y en la agenda cotidiana de cada quien. Un mes de junio de un cambio de gobierno lo es más, y si el cambio de gobierno es de características históricas, entonces ese cuarto mes de estreno es esencialmente importante. Para un analista de adentro, que conoce y vive el país, es una experiencia interesante saltearse un mes, verlo de lejos, mirar el antes y el después sin haber visto ni vivido el día a día, y además hacerlo con la mente refrescada por la lejanía, como quien dice, desprovincializada.
¿Qué cosas se pueden ver al cabo de cinco semanas? La primera y la más importante, que en el país se discute en torno a una noria: los mismos temas, con los mismos argumentos de tirios, troyanos y homeros, quizás con un tono de más o algún tono de menos. Lo nuevo ha sido el conflicto con España por la expulsión de un cuarto centenar de uruguayos y la prohibición de fumar en determinados sitios (una formidable polémica desatada por una medida gubernamental que cabe calificar de tímida, si se la compara con las vigentes en Europa y en particular en Italia).
Esa noria esta centrada fundamentalmente en la revisión del pasado y la reordenación del presente. El pasado ha vuelto con toda su fuerza y envuelve dos temas. Uno es el de la situación militar y la relación poder político-militares. Otro es el del sistema judicial. Porque lo que fuera de fronteras sorprende es por qué está asociada la revisión judicial de muertes o desapariciones al cambio político-electoral habido. Efectivamente los mensajes que aparecen son: o la Justicia no era independiente y recién ahora lo es (y por eso no se investigó), o la Justicia está politizada (y ayer respondía a una orientación y hoy a otra), o la Justicia era independiente y ahora politizó, al alinearse con la nueva línea política mayoritaria.
La reordenación del país aparece en lo económico por la vía del tema salarial y en la seguridad pública mediante el redoble de la apuesta gubernamental a favor de una liberación colectiva de presos. Apuesta que enfrenta a gobierno y oposición, y que deja dudas sobre el apoyo popular a la medida; al menos hay señales de cierto temor en partes importantes de la población.
La otra reordenación se acompasa con la oposición de la izquierda a la teoría de “es necesario hacer crecer la torta para luego repartirla”. Esa oposición fue constante al menos cuando se discutía el crecimiento de la torta en los gobiernos de Lacalle y Sanguinetti bis. Durante la campaña electoral, la transición y los primeros mensajes gubernativos, en particular el presidente había relativizado el aserto y casi invertido las prioridades: primero recuperar el país, después recién estaremos en condiciones de repartir (dicho con otras palabras). Pero ahora se ve al gobierno y la sociedad enfrascados en la discusión redistributiva, sin que haya planes, programas o señales en cuanto a crecimiento, inversión o captación de inversiones. Más aún, las señales recogidas son de un estado de parálisis en las decisiones en materia de inversión, desde una multinacional hasta una boutique. Parecería que la lógica de los hechos ha impuesto el camino, coherente con la tesis de la izquierda de la década anterior, de buscar repartir la torta ahora, lo cual es una apuesta a la equidad con independencia de la magnitud.
Lateral a esa discusión salarial aparece un movimiento sindical (y el gobierno en cuanto a los responsables del área laboral) impulsando un fuero sindical que los empresarios temen devenga en la inamovilidad de los asalariados (como en los hechos terminó ocurriendo en la banca). Y como fundamento de esa actitud político-sindical, aparecen unas cuantas empresas que despidieron a cuanta persona intentó pronunciar la palabra sindicato.
Quizás la mayor incertidumbre en lo económico lo genera el confirmarse que el gobierno carece de conducción económica central. Hay una conducción de la macroeconomía (bajo la órbita de Astori) con una política absolutamente predecible. Pero luego aparecen otras decisiones económicas que salen de aquel marco. De la conducción macroeconómica escapan tanto los salarios privados (que de alguna manera es decir que escapa el control de la inflación) como la política industrial.
A su vez el plan de emergencia presenta por un lado un claro cambio en su orientación. Originalmente fue pensado como un plan focalizado para un grupo relativamente reducido de pobreza extrema. La forma de instrumentación, la aparición de medidas laterales asociadas al plan de emergencia, hacen pensar en algo mucho más extenso, pero a su vez con serias dificultades de funcionamiento. Llama la atención lo poco que desde el gobierno se habla de lo que fue presentado como la nave insignia de la nueva etapa, con un lanzamiento publicitario tipo hollywoodense.
Por otro lado, también son confusas las señales que da el gobierno en un tema clave como el Tratado de Inversiones con Estados Unidos. Cuando habla el canciller sobre un tratado binacional se supone que habla el país; cuando habla el ministro de Economía y lo hace sobre un tratado binacional relacionado con la Economía, se supone que habla el país; lo mismo cuando hablan el vicepresidente de la República o el ministro de Industria. Y no se entiende mucho qué tiene que opinar de un Tratado de Inversiones un ministro de Ganadería. Resulta que no habla el gobierno, cuya posición se ignora, sino que hablan los líderes del Espacio 90, Frente 2121, Alianza Progresista, Espacio 609 o un señor que carece de representatividad política, todos los cuales casualemente son ministros. Esto es muy difícil de hacer entender fuera de fronteras.
Parece que en estas cinco semanas se enredó mucho la cosa, también se tensó (hay tensión obrero-empresarial, en el plano militar, en el de gobierno-oposición) e inclusive el presidente recibe una caída de 10 puntos en su imagen, medida desde la expectativa inicial. La contrapartida es que pese a esa caída, el presidente recibe 75 puntos en 100 y un apoyo explícito del 63% de la población, lo que le da oxígeno y tiempo para desenredar los enredos, y afirmar el timón.