Hace veinte años cambió el modelo universitario uruguayo: se pasó de una única institución monopólica estatal a la pluralidad de instituciones de nivel universitario. La curiosidad del sistema anterior radicaba en que mientras no había monopolio público en la enseñanza escolar y media, sí lo había en el nivel superior. Este modelo surgió de la práctica y no de una decisión expresa del Estado y sin embargo se teorizó en cuanto a la existencia de una especie de monopolio natural del Estado en materia universitaria.

En realidad se planteó como un axioma ese monopolio natural, sin que hubiese un razonamiento lógico exhaustivo. Porque una tesis es la libertad de elección de la enseñanza (libertad de los padres para la educación de sus hijos, libertad de los adultos para elegir su propia educación). Otra tesis es que la educación debe seguir parámetros trazados desde el Estado para garantizar una real o presunta neutralidad, que es a lo que se denomina laicismo. La tesis de hecho vigente en el Uruguay anterior fue mixta: a los padres de los menores se reconoce el derecho a elegir libremente la educación de sus hijos (además, consagrada en la Constitución), pero ese derecho no regía para los adultos, al menos para los adultos cuya educación corresponde a lo normal a su edad, que es la educación superior, pues esa solo se la debería brindar el Estado. Realmente nunca se escribió esa tesis, cuáles son los fundamentos y sobretodo cuál es su lógica, que los padres tengan más derechos sobre los menores que los derechos de los adultos sobre sí mismos.

Como fuere en filas de las dirigencias y militancias universitarias se partió de un derecho natural a la existencia en Uruguay de una única universidad estatal monopólica. Y se vio la pluralidad universitaria como un designio neoliberal, antinacional y antipopular. Con el tiempo las cosas fueron cambiando y la pluralidad universitaria ganó aceptación en la izquierda. El actual presidente de la República (primero como candidato, luego como primer mandatario) hizo un llamado al fortalecimiento y colaboración de la educación y la investigación universitarias, de la pública y las privadas, a la necesidad de una interacción entre todas ellas. El reciente documento del Ministerio de Educación y Cultura “Desafíos de la educación uruguaya”, resalta que el sistema universitario privado “ha definido e implementado distintos perfiles académicos y profesionales, consolidando la tendencia a la diversificación del sistema de educación superior en el país”,

Esta pluralidad defendida e impulsada desde el gobierno, los anteriores pero significativamente el actual, no encuentra consenso en la institución universitaria oficial, donde hay áreas de fuerte resistencia a aceptar la mera existencia de las instituciones privadas en el Uruguay. Se observan conductas de un extremo al otro. De un lado hay varias reparticiones como la Facultad de Ciencias Sociales (una de las que está en esta posición, pero no la única) donde conviven armónicamente docentes e investigadores exclusivos de la Universidad de la República, con otros con actividad en la pública y en la Universidad Católica o en el Instituto Universitario Claeh, y hasta con actividades directivas en la órbita universitaria privada. La convivencia llega al punto de la realización de algunas actividades comunes, o la difusión por los servicios universitarios públicos de las actividades de instituciones privadas.

En el otro extremo hay varias reparticiones en pie de guerra, en abierta persecución a la existencia de instituciones y carreras privadas que les resulten competitivas. Lo más paradigmático sin duda es la Facultad de Medicina y en particular su Escuela Universitaria de Tecnología Médica, donde se instaura un clima actitudinalmente fascista, maccarthysta o stalinista (a gusto de cada quien), sin el menor reparo en la caída de la calidad docente pública, en salvaguardia de lo que sería una especie de pureza ideológica. Las carreras e instituciones privadas son habilitadas por el Poder Ejecutivo previo asesoramiento de un Consejo de Educación Terciaria Privada, donde la Universidad de la República cuenta con 3 miembros en 8 y hoy ocupa la presidencia. La persecución alcanza inclusive a quienes ocupan cargos en instituciones habilitadas por este gobierno y con el voto favorable de la propia Universidad de la República. Lo curioso es que ese combate a la enseñanza privada en el país, no tiene correlato externo: porque sus directivos hacen convenios con universidades privadas extranjeras (laicas y religiosas), asisten a cursos y conferencias dictadas por las mismas y aceptan pagos de las mismas (al menos de pasajes y estadía).

La persecución tiene un tanto de ideológica, pero también es la defensa de espacios de poder en las respectivas disciplinas. Algo común a situaciones actitudinalmente fascistas es que las razones ideológicas sirven para vestir intereses personales o grupales, de pequeños grupos y de personas pequeñas que solo satisfacen su necesidad de importancia a través de detentar posiciones burocráticas. Es normal que en ambientes fascistizantes, maccarthystas o stalinistas, se instaure el reino de la mediocridad. Si las persecuciones pueden ser graves para la libertad de enseñanza, el reino de la mediocridad es más grave aún para la calidad universitaria.