El tema del fuero sindical, las ocupaciones de empresas, el poder sindical y la regulación laboral (consejos de salarios, mayores controles) han aparecido como una fuente de fuertes controversias entre gobierno y empresarios, entre sindicatos y empresarios, entre gobierno y sindicatos, y entre gobierno y oposición. El debate es confuso por varios aspectos. El primero, porque se realiza cada vez sobre un tema estrictamente puntual; y cuando se sale de lo puntual se entra de una u otra parte (entre fundamentalistas de una u otra parte) en algún desafine, como por ejemplo, de un lado: hasta ahora Uruguay ha tenido un siglo de injusticias y opresión de los trabajadores, y del otro: este es el ejemplo de un modelo marxista-leninista que quiere imponer una dictadura. Segundo, porque si bien hay un hilo conductor, son cuatro temas absolutamente separados y separables, que no admiten una única solución para un lado o una solución unívoca para el otro. Tercero, porque la discusión muchas veces se hace sobre lo formal (lo jurídico o antijurídico) y no sobre lo sustancial: el modelo social y económico, el modelo de país y el modelo de sociedad al que cada cual aspira. En cuarto término porque no se abarca en profundidad, sustancia y seriedad la divergencia de fondo que existe a través de un debate que llegue a la conclusión lógica de un debate: a distinguir las discrepancias accesorias de las principales, y a enumerar cuáles son y en qué se fundamentan esas discrepancias fundamentales. Finalmente, porque apenas se escarbe, no muy lejos de la superficie aparece que las divergencias profundas atraviesan los partidos y lo que es más relevante, atraviesan al oficialismo: es uno más de los temas conceptuales que constituyen asignatura pendiente en el Frente Amplio.

¿Cómo se llega a esta situación? Se llega porque en los 15 años anteriores Uruguay vivió lo que puede llamarse una liberalización desprolija, descuidada. Ocurre que esa tímida liberalización del mercado laboral fue acompañada de un fuerte cambio en la estructura productiva del país, caracterizado por la fuerte disminución de las grandes estructurales laborales, el gran desarrollo de la actividad en pequeñas empresas, el trabajo por cuenta propia y la actividad informal. Para un importante sector del país ello fue producto deliberado de las políticas neoliberales; de allí derivó la generación de un imaginario según el cual un modelo correcto, socialmente justo, es el que encuadra toda la actividad productiva en grandes conjuntos laborales y formaliza las relaciones laborales a través de claros patronos de un lado y del otro trabajadores en relación de dependencia agrupados en sindicatos. La conjunción de factores ha confundido mucho cuánto ha sido producto de políticas específicas en busca de la flexibilización laboral y cuánto es producto de un cambio de la estructura productiva del país, asociado a fuertes cambios en las estructuras productivas a nivel mundial.

Pero la flexibilización laboral en Uruguay no ha sido el producto de reformas normativas, sino más bien de la no aplicación de las normas. La desregulación salarial fue la consecuencia de que el gobierno Lacalle dejó de convocar los Consejos de Salarios y homologar con valor genérico los convenios colectivos. La baja de la sindicalización fue producto de los cambios en la estructura productiva, en un periodo (1992-98) en que la economía presionó al alza los salarios, con lo cual el propio mercado cumplió un factor que no requirió esencialmente de la demanda sindical. La sustitución del trabajo en relación de dependencia por la contratación de empresas unipersonales surgió como necesidad de una flexibilización laboral, aunque pronto derivó en una forma de rebaja de las obligaciones previsionales. Las empresas (muchas, no todas) se acostumbraron a manejar las relaciones laborales con lógica de mercado abierto, de oferta y demanda, y no de negociaciones con una contraparte de igual poder negociador. Lo que mucha gente califica de excesos regulatorios de la ley de aportes de la Construcción no es producto de este gobierno de izquierda, ya que la ley permaneció inmodificada durante todas las administraciones Lacalle, Sanguinetti bis y Batlle Ibáñez. Bastó que el BPS se decidiese a aplicar la ley tal cual existe, para que ardiese Troya. El complemento de cuota mutual que ha encarecido sustancialmente la contratación de mano de obra, y es uno de los grandes alicientes a la informalidad, surgió en el liberal gobierno de Lacalle, y no hubo en los dos gobiernos siguientes ningún intento de modificación.

La izquierda llega al poder con un imaginario popular, de los sindicalistas y del nuevo oficialismo, de que podría retornarse inmediatamente a los esquemas laborales y productivos idealizados de los años cincuenta. Y con cierta visión de lucha de clases. Así desde el inicio se proclamó la disposición oficial a inclinar la balanza, a poner el dedo en el platillo de los trabajadores, se desreguló la intervención estatal en ocupaciones de empresas y se propiciaron normas altamente protectivas de la actividad sindical. Poco a poco vino el viraje, comenzó a comprenderse que las cosas son más complicadas y se empezó a sacar el dedo de aquel platillo, hasta llegar el Ministerio de Trabajo a una postura de bastante neutralidad, de mediación, equilibrio y arbitraje entre ambas partes.

Los empresarios de grandes empresas con sindicatos fuertes, no han percibido ningún cambio en la situación. Los empresarios acostumbrados a funcionar sin sindicatos han recibido los efectos del cambio operado en el país. Pero como muchos miembros del gobierno remarcan, les cuesta entender que se ha ganado la izquierda. Una cosa es que le reclamen a la izquierda que sea moderada, sensata y acorde a los tiempos, y otra cosa es que no se hayan enterado – cosa que denotan muchos dirigentes empresarios – que en este país ganó la izquierda. Y la izquierda aquí y en Europa, tanto en Uruguay como en Francia, Italia, España, Dinamarca o Suecia, tiene una visión sobre el papel sindical y las regulaciones laborales diferente a las concepciones de derecha.

Solo a partir de entender que hay visiones diferentes sobre el país y modelos diferentes de sociedad, es que puede prosperar el diálogo. Pero como punto de partida necesita que toda la izquierda avance hacia posturas más realistas (en particular sindicalistas y algunos parlamentarios), que comprenda que no está ni haciendo una revolución ni en medio de una lucha de clases. Y que los empresarios entiendan que la lógica política que emerge de las elecciones del 31 de octubre, por voluntad de la mayoría del país, es de una mayor regulación de las relaciones laborales.