Así como el 11 de marzo en Santiago de Chile hubo un cambio significativo de etapa en el conflicto entre Argentina y Uruguay, ahora con el cierre de las negociaciones se produce un nuevo giro. En la primera etapa el país sostuvo la absoluta separación de dos temas y un orden determinado en los mismo: como punto primero y de especial pronunciamiento, el corte de los puentes, entendido más bien como un acto de agresión del Estado argentino al estado oriental mediante el bloqueo de sus fronteras terrestres; y en segundo término, como un segundo punto solo abordable a partir de la resolución del anterior, negociar en torno a la preocupación argentina sobre eventual contaminación de las aguas del río Uruguay como efecto de la instalación de dos plantas de celulosa. En el giro producido públicamente horas antes de la asunción de Michelle Bachelet a la Presidencia de Chile, Uruguay aceptó la tesis argentina de poner en el mismo plano y hacer intercambiable el levantamiento del bloqueo fronterizo contra la paralización de la construcción de las plantas en discordia. Ahora, tras el sucesivo fracaso de dos cumbres presidenciales, la cosa vuelve a fojas cero o a menos cero.

Hecha la descripción de las tres etapas habidas durante la administración Vázquez a partir del corte de los puentes, cabe analizar qué cambios ha producido la segunda etapa. Del lado uruguayo cabe observar: Uno, la ruptura del frente interno y la división del país, como contraposición a un frente interno y un país unido en la etapa primera. Dos, el debilitamiento de la confiabilidad en el presidente de la República en relación a este tema y en líneas generales la caída fuerte del peso presidencial: Tabaré Vázquez pasa de tener el nivel más alto el 10 de marzo a tener circa 5 de abril el nivel más bajo de lo que lleva demandado. Tres, el desgaste de figuras significativas para el gobierno como el secretario de la Presidencia de la República (persona de especial importancia para el presidente), el canciller y el vicepresidente de la República (aunque éste fundamentalmente por otras causas y lateralmente por el conflicto de marras). Cuatro, cierto nerviosismo en Fray Bentos y aledaños ante el riesgo de frustrarse una vez más sus expectativas de proyectos de desarrollo local y regional.

¿Qué viene con la nueva etapa? Vienen dos cosas diferentes y por carriles separados. De un lado la pelota del lado occidental del río Uruguay, en cuanto a si le interesa continuar o no la controversia en torno a la instalación de las plantas de celulosa y, en tal caso, cómo piensa continuar la controversia; donde lo más probable es que recurra al largo camino de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. Este camino por sí mismo hace que el conflicto mengüe en sonoridad y reste larvado hasta tanto hubiere un pronunciamiento cortesano. Cuando en La Haya llegase a haber una definición, las plantas estarán en plena producción y exportación de celulosa, y probablemente hasta abasteciéndose de madera también desde Argentina.

La otra cosa y el otro carril tienen que ver con el corte de los puentes. Salvo que Argentina lleve a algo tan difícil como poner tanques para cerrar los puentes, todo indica que buscará el bloqueo por interpósitas personas. Y deberá sostenerlo por largo tiempo, con todo lo que ello implicaría de desgaste también para el litoral argentino, porque los puentes se cierran en doble dirección y se ha detectado que estos cierres generan perjuicios a importantes sectores argentinos, de Gualeguaychú en primer término. Pero aquí Uruguay debe decidir qué hace frente a la continuidad del bloqueo. Y este sí es un tema primordial al empezar esta etapa: cómo se encara, cómo retoman las decisiones y por dónde se va.

Al concluir la segunda etapa caben dos situaciones dentro del país y del gobierno. Una es el cobro de cuentas, cobro al interior del gobierno entre entorno presidencial de un lado y cancillería del otro, cobro entre gobierno y oposición. La otra es un borrón y cuenta nueva, asumir los costos que hubo, en todo caso hacer un prolijo inventario de errores (que los hubo en todos lados, oposición incluida) para evitar su repetición y no para saldar deudas, y empezar a caminar de nuevo en busca de un país que funcione con un frente interno unido, a través de una política consensuada por todos los actores políticos, encolumnado el país entero detrás del presidente de la República, de un presidente que actúe como líder y cabeza de ese consenso, lleve adelante esa política consensuada y evite la seducción por salirse de libreto. También significa una oposición que pretenda llegar a esa política de Estado y no entre a un juego, que a esta altura del partido y tan lejos de las elecciones, poco o nada le redituaría.

El gobierno debe dejar la tentación de afrontar la política exterior por sí solo, al menos hasta que se demuestre que entre el Frente Amplio y los partidos de oposición, todos o algunos, hay diferencias irreconciliables. Mientras ello no ocurra, le sirve no solo al país sino al gobierno mismo la búsqueda de los consensos. Y la búsqueda de un camino en política exterior va más allá de cómo afrontar el bloqueo argentino, sino estudiar qué hacer y cómo con el Mercosur, qué caminos independientes tentar, hacia dónde y cómo. Hoy la discusión de la inserción internacional del país no es un debate para definir la política de un gobierno y ni siquiera de la próxima década o década y media. Es afrontar el futuro de Uruguay por largo tiempo, quizás encontrar el lugar en el mundo no encontrado desde la implosión del Imperio Británico, en cuya órbita se desarrolló este país hasta comienzos de los años sesenta del siglo XX.