Hace una década larga que en Uruguay se discute el establecimiento de una cuota electoral por género, ya introducida por algunos grupos políticos para la elaboración de su lista de candidatos. La cuota rosa, como se la conoce en Italia, supone en teoría disponer la obligatoriedad de una proporción máxima de candidatos de un mismo sexo, que en realidad significa establecer una proporción mínima de candidatas mujeres. El tema tiene una peculiaridad sobre todo otro tipo de cuotas electorales. Las cuotas existentes de largo tiempo tratan de impedir que una mayoría del electorado haga prevalecer excesivamente la condición mayoritaria y por tanto establecen mecanismos para asegurar una representación de las minorías, especialmente de las minorías invariables o de variabilidad de larga duración, como lo pueden ser la religión, la raza o la nacionalidad. Es un clásico de la electoralología el caso del Líbano, con sus cuotas para musulmanes sunnitas, musulmanes chiitas, cristianos maronistas y otras religiones. También entra la cuota establecida en Uruguay a fines del siglo XIX para asegurar la representación de un clan político relativamente invariable como lo era el partido blanco (las leyes del Tercio y del Mal Tercio). Pero ahora se trata de un caso inverso como lo es asegurar la representación de una mayoría que por razones culturales se sienta disminuida en sus posibilidades políticas, es decir, asegurar que la mayoría femenina tenga una minoría significativa de bancas, ante lo que se presume es una dominancia producto de una cultura machista o al menos masculinista.
Un debate es pues el tema de fondo. Si existe o no esa cultura masculinista, si hay pocas mujeres en el Parlamento o en la política por decisión deliberada de las propias mujeres votantes (mayoría en el electorado) o por dificultades para ocupar espacios en la lucha política; si está bien o no que se fuercen segmentos de presentación. Hay otros debates de fondo. Uno tiene que ver con que cabe duda que en Uruguay hay una fuerte subrepresentación de las edades más jóvenes, ante lo cual algunos plantean si no sería necesario establecer cuotas por edad.

La otra tiene que ver con la raza o la etnia. En el país hay un 0.9% de personas íntegramente negras, cifra que asciende según el Instituto Nacional de Estadísticas al 5.8% si se incluyen a las personas con mezcla de sangre blanca y negra. En toda la historia del país nunca fue elegido diputado titular una sola persona de raza negra, y en tres legislaturas solamente han actuado dos suplentes: Dámaso Techera en el periodo 1967-72 (en breves suplencias); Edgardo Ortuño en la pasada y la actual legislaturas (ahora como titular pro-tempore). Hay tres cosas que no ofrecen dudas: que la pertenencia a dicha etnia es un elemento invariable de la personalidad, que son una minoría y que aunque se tomase solo el 0.9% (y no el 5.8%,) es un segmento social con una subrepresentación elevada. Entonces, el tema de las cuotas con fines de equilibrio puede permitir varios debates, que afectan no solo a las mujeres, sino también a los jóvenes y al mundo afro.

Pero más allá del tema de fondo, hay un tema sistémico, que tiene que ver con el sistema electoral uruguayo. Corresponde hacer algunos enunciados preliminares. El primero es que todo régimen de cuota tiene que ver con las personas que ocupan los cargos y no con la distribución política, vale decir, con lemas, sublemas y listas; por tanto, lo que importa son las bancas que obtiene cada lista y el orden de colocación en las listas. En segundo término, si se exige una cuota es porque se considera que por las vías naturales no se obtiene el propósito; por tanto, debe estimarse como resultado de la normativa, de la solución forzada, solamente los cargos obtenidos en función de esa cuota. Las cuotas pueden establecerse como resultado de adjudicación o como candidatura. Si se establece como resultado de adjudicación se entra en un camino harto complejo, que añadiría un elemento más a la complejidad del sistema uruguayo de adjudicación de bancas. En Líbano el sistema es en función de resultados, pero con la mayor simplificación en otros aspectos; en la Caja de Profesionales Universitarios (de esta latitud) la aplicación de la cuota de resultados ha llevado al absurdo de hacer perder el cargo al cabeza de una lista, al convocante de los votos, en beneficio del segundo.

Pero lo cierto es que hasta ahora en Uruguay se proponen cuotas de candidaturas. En la propuesta en boga de una mujer candidata de cada tres, y en base a la premisa que las mujeres irían en tercer lugar (porque para eso es la cuota, si fuesen primeras o segundas sería por mérito personal y no se necesitaría el régimen), solo pueden acceder al Parlamento en listas que obtengan un mínimo de tres bancas y luego logren un número triple de cargos. Es interesante saber las pocas listas que en las pasadas elecciones han reunido ese requisito. Al Senado la cuota ser cumpliría en 5 listas con un total de 7 bancas: 2 del EP-FA-NM (que daría para 3 bancas), 2 del PN (3 bancas) y 1 del PC (1 banca). En la Cámara de Diputados solo valdría la cuota en Montevideo, Canelones y Maldonado. El total de listas en que la cuota funcionaría sería de 8 listas con un total de 11 bancas: 5 listas del EP-FA-NM (8 bancas), 3 listas del PN (3 bancas) y ninguna de otros partidos. Como puede observarse, la cuota por sexo no genera ningún cambio significativo y podría llegar a que la gente que cree en esta solución se sintiese fuertemente defraudada.

El caso es muy claro: no hay ninguna forma de que la cuota rosa sirva para mucho, salvo que se acompañe de reformas muy profundas al sistema electoral, más bien, de que se acompañe del abandono del sistema electoral que cuenta con más de 80 años de vida. La pregunta que surge es otra. Tiene que ver con dónde las cuotas funcionan inexorablemente, y lo es en los cargos por designación directa, no por elección: ministros, subsecretarios, presidentes de entes autónomos, directores de entes. Si tiene que haber 1 miembro de cada 3 del gabinete, sí o sí el presidente de la República tendrá que designar 5 mujeres titulares y otras tantas subrogantes; si es 1 presidente de ente cada 3 y una directora de cada 3, así será. Entonces viene la pregunta: por qué los impulsores de la cuota de género no enfilan las baterías hacia algo que puede hacerse ahora mismo sin esperar a otras elecciones, cuyo resultado es inexorable y no aleatorio. Vale la pena la pregunta, porque no se entiende el celo puesto en impulsar una ley de escaso resultado y no se pone parecida fuerza en un objetivo fácilmente realizable. Fácil, naturalmente, una vez vencidas las resistencias políticas.