La figura del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación hasta hace pocos años era conocida por los cultores del derecho y los más conspicuos hombres políticos, así como por alguien particularmente informado. Años atrás, en los tiempos de odio, adquirió fugaz notoriedad un fiscal de Corte por el hecho de haber sido secuestrado por el MLN y sobre todo por haber hecho declaraciones consideradas lesivas para el decoro de La Justicia. Luego el cargo volvió al anonimato, hasta que comenzó a ser centro de discordias en la última década. Por dos veces en ese tiempo el disenso tiene que ver con la selección del titular. El primero lo fue de manera un tanto asordinada, cuando el presidente Sanguinetti (en su segundo periodo) intentó designar a Miguel Langón. Ahora, con mucho más ruido, con el intento de nombramiento de Mirtha Guianze.

Hay algunas cosas en común y varias diferentes entre uno y otro episodio. Lo primero en común es que se trata de dos fiscales penales. Lo segundo es que el uno como la otra son considerados, por sus objetores, como personas altamente ideologizadas, con una visión politizada del Ministerio Público. La diferencia primera es que en esa ideologización se sitúan en las puntas opuestas del eje. La segunda diferencia, la más significativa, tiene que ver con lo que hizo cada Poder Ejecutivo en uno y otro caso, cuando la designación del anterior fiscal de Corte y en el actual proceso.

El fiscal de Corte es designado por el Poder Ejecutivo, previa venia otorgada por los tres quintos del Senado. En buen romance quiere decir – salvo situaciones excepcionalísimas que no se han dado en las últimos seis décadas - que no puede nombrarlo el partido de gobierno por sí solo, ni aún con mayoría absoluta en la rama alta; necesariamente requiere de una negociación que le otorgue un mayor respaldo político. Si se agrega que el titular de ese cargo tiene prohibida toda actividad política pública o privada, con la sola excepción del voto, se termina de delinear la intención del constituyente: evitar que la cabeza del Ministerio Público sea o actúe como una figura al servicio del presidente de la República o de la mayoría política. Va de suyo que el gobierno debe seguir un procedimiento completamente distinto cuando tiene la potestad de designar por sí  (o con el requerimiento de un respaldo o venia de la mayoría absoluta) que cuando esa potestad está limitada por la exigencia de una venia de tres quintos. En el primer caso es una decisión privativa de la mayoría de gobierno, en el otro caso es imperativo ir a una negociación.

Negociar quiere decir reunirse dos o más actores que parten de puntos de vista diferentes con el objetivo de buscar un entendimiento. Ese acuerdo puede lograrse de diferentes maneras y la negociación puede transcurrir por distintos caminos. Lo que es de previa necesidad es que cada una de las partes concurra a la negociación con la finalidad expresa de perseguir un entendimiento, no importa si esa búsqueda es por voluntad propia o por imperio de las circunstancias; lo realmente relevante es que exista ese objetivo. Y para ello se requiere flexibilidad: no hay negociación alguna si no hay disposición a transar. No cabe lo de aquel abogado que propuso a su contraparte: acepte todo lo que demando, hágase cargo de costas y honorarios, y transo de inmediato.

En el caso Langón, el entonces presidente Sanguinetti insistió con su candidato todo lo que pudo. Cuando su verbo resultó escaso para convencer a sus socios, cambió de nombre y propuso a Peri Valdez. Más allá de las virtudes o defectos del segundo postulante, el presidente corrió con una ventaja en esa segunda etapa: no es cómodo interponer el veto más de una vez, casi imposible dos veces. En este caso la actitud del oficialismo fue otra: propuso de primera a Mirtha Guianze, obtuvo el inmediato y además conocido rechazo de parte de todo el Partido Nacional, de todo el Partido Colorado y del Partido Independiente, sin una sola vacilación. Y cuando le resultó imposible su designación, buscó todos los subterfugios imaginables: pensó en aprobar una ley que hiciese un puente a la constitución y finalmente optó por la encargaturía, en una original tesis que diferencia la subrogación de la encargaturía, pero que tiene como trasfondo el que no se cumpla el esencial requisito constitucional de que el Fiscal de Corte no sea hechura per se de la mayoría. No le fue fácil, porque tropezó con recursos varios de otros fiscales heridos y puso en riesgo el propio funcionamiento del sistema judicial, a la vez que dio a la oposición una fuerte bandera para embestir unida. Y entonces sí, dio señales de estar dispuesto a negociar, en lo que es el sentido natural y obvio de esta palabra.

Lo curioso es que fue por el camino de la confrontación, cuando pudo ir por el de la habilidad negociadora. No se le ocurrió al gobierno dejar en reserva el nombre de Guianze, hasta desgastar a la oposición en uno o varios vetos a otros candidatos que le fueren impotables, y sacar a relucir su candidata preferida cuando la oposición ya hubiese gastado todos sus cartuchos.

Cabe recordar una anécdota que relataba José Claudio Williman. En 1926, batllistas y colorados independientes debían acordar un candidato común para la Presidencia de la República, sobre tres bases: el candidato debía ser colorado independiente, el coloradismo independiente proponía una terna y el batllismo elegía un nombre de esa terna. José Batlle y Ordóñez quería que el candidato fuese su amigo Juan Campisteguy. Sabía que si él proponía el nombre, jamás iba a aparecer en la terna. Entonces, cuando se reúne con él una delegación colorada independiente para ultimar detalles, al despedirse, en los escalones de la quinta de Piedras Blancas, don Pepe les dice: “Y no se les ocurra proponerme el nombre de Campisteguy”. Dicho y hecho: los independientes mordieron el anzuelo e incluyeron el presunto nombre impotable en la terna. A veces, una buena dosis de sagacidad puede más que embestir a ciegas.