Mucho ruido provocó el anuncio gubernamental de asignar al Ejército la custodia del perímetro exterior del campo donde se construye la planta de celulosa Botnia. Autoridades y medios de comunicación argentinos clamaron ante “la militarización de Botnia”. Más allá de que en muchos casos la exaltación fue funcional a la búsqueda de culpabilización del Uruguay, en otros casos fue un temor honestamente sentido. En la decisión gubernamental corresponde distinguir el fondo de la asunto, del momento de la decisión o de la comunicación de la misma. Y fundamentalmente, que cada uno interpreta las cosas en función de cómo las considera naturales.

En Uruguay es habitual ver a las Fuerzas Armadas en general y al Ejército en particular cumpliendo tareas civiles o de defensa civil: el despeje de árboles, ramas y malezas después de un gran temporal (como el del 23 de agosto del año pasado), ayuda en el control de grandes incendios (particularmente de los incendios forestales), pintar y arreglar escuelas, liceos, hospitales, mejorar caminos rurales. Y además el Ejército puede cumplir tareas de colaboración con la Policía, en zonas declaradas militares, como es el caso de la custodia perimetral de algunos establecimiento penales. En este caso la función es policial pero con criterio militar, ya que la labor de un centinela militar está reglada de manera diferente a la del centinela policial, y supone que en caso de detectarse presencia de personas indebidas en terreno prohibido, primero se advierte, luego se dispara al aire y el tercer paso es el disparo al cuerpo. Pero independientemente del uniforme verde y de la calidad de “zona militar” del terreno donde opere, la naturaleza de la función es estrictamente policial, de vigilancia de un perímetro determinado para impedir la entrada o salida de personas.

A diferencia de la Armada y de la Fuerza Aérea, el Ejército uruguayo no cuenta con un cuerpo especializado en funciones policiales. La Armada cuenta con la Prefectura Nacional Naval (anteriormente llamada Prefectura General Marítima), cuerpo que cumple funciones policiales en las riberas del océano, mar, ríos navegables y lagos navegables. Hay una distancia del borde de la costa o de las mareas, que marca el límite entre la jurisdicción de la Policía y la jurisdicción de la Prefectura. Es habitual ver – los turistas argentinos lo ven todos los años – que el orden y la seguridad en las playas de todo el país es mantenido por la Prefectura, y es a quién se le denuncia un robo o extravío; no actúa la Policía, pues la función policial la cumple este cuerpo de la Armada. A nadie se le ha ocurrido decir que Uruguay tiene militarizada las playas.

En Argentina, el Ejército cuenta con un cuerpo especializado en funciones policiales: la Gendarmería. Y la misma está desplegada en todo el perímetro de la República. Los tres puentes controversiales sobre el río Uruguay están custodiados del lado argentino por la Gendarmería, cuerpo militar del ejército de tierra. Del lado uruguayo, es la Prefectura Nacional Naval, cuerpo policial de la Armada. Nadie sostuvo hasta ahora que Argentina hubiese militarizado su frontera. En cambio, cuando la Prefectura cerró unas horas el Puente Gral. San Martín para impedir el paso de los manifestantes –cortadores de puentes, alguna prensa argentina dijo que Uruguay había desplegado las Fuerzas Armadas sobre el puente.

Lo que es claro es que en Argentina el Ejército en tanto tal, las Fuerzas Armadas en tanto tales, no sus cuerpos con funciones policiales, tienen prohibido el participar en actividades internas del país y no actúan ni en funciones policiales ni de auxilio policial. Por tanto, el oír que el gobierno uruguayo encarga una misión de custodia de Botnia al Ejército en tanto tal, no a una Gendarmería o cuerpo de Carabineros, puede legítima y honestamente provocar alarma.

Lo que sin duda está fuera de toda lógica es la ofensa demostrada por algunos gobernantes y medios de comunicación argentinos ante la hipótesis de ataque a la planta de celulosa. Si cada vez que alguien toma una medida de seguridad el resto del mundo se ofendiese, no podría haber los controles que hay en los aeropuertos ni en las fronteras, ni las medidas de seguridad que abundan en el mundo en oficinas, comercios y hasta domicilios. El tomar medidas defensivas no implica necesariamente que se desconfíe de un agresor específico, y de sospecharse de un agresor específico de una nacionalidad determinada, ello no tiene por qué involucrar ni al país del nacional ni a todos los nacionales de ese país. Pero además, lo más importante, es que una medida como la custodia de una industria en el territorio de un estado, es decisión exclusiva y excluyente de ese estado, en uso de su soberanía.

Sin embargo, cuando hay tensión entre dos partes, se aconseja no dar nunca señales equívocas. Cuando a consecuencia de un acto de uno el otro se siente inquieto, ello debe ocurrir únicamente cuando uno deliberadamente busca inquietar, ese es el objetivo, lo cual es válido en toda operativa política, comercial y hasta social. Lo que no se puede hacer es inquietar por inadvertencia. Si lo que uno quiere hacer puede provocar inquietud, entonces primero debe buscar que las cosas se hagan de modo, en el tiempo, en la forma y con las previas explicaciones que fuere necesario para evitar equívocos; para que nadie de buena fe se sienta temeroso. Para ello es necesario actuar con calma, sin nerviosismo ni precipitaciones, con la más exacta medición de consecuencias. Hacer lo correcto en el momento oportuno, decir las cosas que hay que decir en el momento adecuado. Este es el tercer episodio en menos de dos meses, en el campo de Defensa Nacional, en que aflora el nerviosismo y se generan hechos o imágenes inadecuadas, y dos de ellos con aristas diplomáticas.

También es otro episodio más, de naturaleza estrictamente interior, que desde Argentina se lo ve o se lo vive como agresivo. Si el país vecino considera que la contaminación del Riachuelo o del río Paraná está dentro de su soberanía, aunque las aguas confluyan en el Río de la Plata, con la misma nitidez tiene que dejar de preocuparse de hechos que corresposnden estrictamente a la soberanía de la República Oriental.