La noche del 12 de febrero de 1985 una multitud salió a la calle al grito de “¡Ya se acabó, ya se acabó, la dictadura militar!” La propia Junta Militar en acuerdo con y a pedido del presidente electo Julio Ma. Sanguinetti y con el navicert de Wilson Ferreira Aldunate, Liber Seregni y Juan Vicente Chiarino, había depuesto al presidente de facto Tte. Gral. Gregorio Alvarez y entregado la primera magistratura al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Addiego Bruno. Comenzaba a operar la transición de poderes, que continuaría tres días después con la instalación de la Asamblea General y culminaría el 1° de marzo con la asunción del mando (y no trasmisión del mando) por Julio Ma. Sanguinetti. El cántico de esa noche de verano constituía el epílogo del canto que apareció en las calles del país cuando la propia gente comenzó a abrir espacios de libertad: “¡Se va a acabar, se va a acabar, la dictadura militar!”

En los estudios politológicos posteriores, tanto nacionales como comparados, se habló de las dictaduras militares en el Cono Sur y de la transición hacia la democracia desde regímenes militares. Esa fue la caracterización aceptada urbi et orbi hasta hace muy poco tiempo: dictaduras o regímenes hegemonizados por las Fuerzas Armadas. El régimen uruguayo, a contrario sensu, se autodefinió como “Proceso cívico-militar”, que en realidad quería decir proceso civil-militar. Lo de la combinación de lo civil con lo militar fue negado en su momento por los opositores políticos y en momentos posteriores por los investigadores en ciencias sociales, que insistieron en la caracterización del régimen como militar.

Al comienzo se habló solo de dictadura, sin calificación precisa. Ello obedeció en gran parte a que muchos, por distintas razones y en diferentes momentos, relativizaron el papel de los militares para centrar o hacer compartir la culpa en la parte civil, es decir, en Juan María Bordaberry y sus colaboradores civiles inmediatos. Y ocurrió ya fuere porque se buscaba una rápida convocatoria a nuevas elecciones o se apostase a que un golpe militar fuese de signo de lo que entonces se calificaba de “peruanista”, es decir, progresista y potencialmente revolucionario. Sin embargo, sobre el papel de Bordaberry no hubo juicios de peso relevante que lo ubicasen como el máximo responsable del golpe de Estado, ni mucho menos como el único; el calificativo de “dictador” asociado al apellido Bordaberry apareció ocasional y marginalmente. En general su papel fue calificado por unos como de co-responsable de la dictadura (junto a los militares en general, o a los militares “derechistas”, “fascistas” o “gorilas”) y por otros como un simple títere de esos militares (en general o con los calificativos mencionados).

En los últimos tiempos – 4 años atrás, quizás – aparece en el manejo público una relativización del papel institucional de las Fuerzas Armadas en la dictadura y un destaque del papel de los individuos, centrados en las personas del civil Juan María Bordaberry y del militar Gregorio Alvarez. En este caso ya no es Alvarez en tanto Fuerzas Armadas sino en tanto persona, como presidente de facto. Y apareció un término nuevo en relación a Bordaberry, el de dictador. En general se considera que un dictador es quien conduce y dirige una dictadura, quien concentra el máximo poder en sus manos. De donde esa calificación no coincide con el papel que siempre se le asignó, especialmente de parte de los opositores, como un individuo sin ningún poder o que si tenía el poder, lo compartía. Nunca nadie sostuvo que el papel de Bordaberry tuviese la relevancia del de un Pinochet o, para citar figuras de épocas anteriores, de un Stroessner, Somoza o Trujillo. Dicho más literariamente, dictador es aquél cuyo solo nombre provoca miedo; no pasaba con la mención del apellido Bordaberry, como si con los otros mencionados.

El que no se aplicase el calificativo de dictador – y lo más probable es que efectivamente no corresponda, no implica que por ese solo hecho se le considere exculpado de violación de la Constitución ni de los demás delitos o hechos condenables ocurridos bajo su mandato. Es otra cosa, es valorar el grado de poder que tuvo en sí mismo y en comparación con el poder institucional de las Fuerzas Armadas. Y el propósito es sencillamente clasificatorio o descriptivo.

Por eso mismo, analizar la aparición del calificativo de dictador asociado a su nombre es un hecho relevante, pues implica que hay un cambio de caracterización del poder superior durante la dictadura. En sí mismo implica valorar con más fuerza el papel y la responsabilidad del presidente y disminuir el papel y la responsabilidad de los militares. Guste o no esas son las consecuencias cuando se habla del “dictador Bordaberry”; si “el dictador” es una persona y un civil, los militares son sus subordinados y actúan bajo sus órdenes y la responsabilidad de aquél.

Otro tema es analizar por qué aparece ahora este cambio sustancial en la clasificación del régimen y en las responsabilidades de los hechos ocurridos durante la dictadura. Quizás no haya una sino varias interpretaciones concurrentes. Una línea explicativa es la de quienes buscan mantener vivo el combate por las responsabilidades sobre violaciones a los derechos humanos y, ley de caducidad mediante, solo cabe enfocar contra los civiles, por lo cual nada mejor que incrementar el papel de “el dictador”. Otra línea es la de quienes buscan una reformulación de la relación entre políticos y militares, civiles y militares, sociedad y Fuerzas Armadas, y encuentran que el mejor camino es sacar a éstas de la controversia sobre el pasado y centrar la culpabilidad en unos cuantos individuos, sean civiles o militares, pero si son militares son los individuos a título personal y no la institución o el conjunto de los mandos.