En muchas áreas se discute si se deben aplicar políticas de Estado o políticas de Gobierno. En muchas propuestas políticas y seminarios académicos se han señalado varias áreas como objeto necesario o conveniente de políticas de Estado: política internacional y en particular la inserción internacional del país, seguridad pública, defensa nacional, educación, combate a la pobreza y más aún a la marginalidad.

Cuando se habla de políticas de Estado en general se habla de dos cosas diferentes, que pueden o no interrelacionarse. Una acepción de política de Estado es aquella política que tiene larga continuidad en el tiempo, que va más allá de los cambios de gobierno y de los vaivenes de los propios gobiernos, y otorga previsibilidad a un país; es lo que puede calificarse como políticas continuistas o políticas de largo tiempo.

Otra significación del término es cuando el diseño de una política, su implementación o la adopción de una decisión concreta aunque trascendente, es adoptada con el consenso del sistema política, vale decir, con la aquiescencia de un conjunto de actores políticos que representan la totalidad o al menos la casi totalidad del país. Desde este punto de vista, una política de Estado fue el proceso de restauración institucional y afirmación del sistema democrático y de las instituciones, la transición desde el régimen militar hacia el régimen constitucional y la afirmación de la constitucionalidad y la legalidad constitucional. Periodo que va desde que todos los partidos aceptaron los efectos del acuerdo del Club Naval (es decir, aceptaron concurrir a las elecciones con las reglas resultantes) hasta la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. El sentido de política de Estado estuvo en la realización durante un tiempo determinado de una política que concitó el apoyo de los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria.

La política exterior del país, y particularmente el desafío de encontrar la inserción internacional, es uno de los temas que se considera como política de Estado, quizás en el doble sentido del término: como una política acordada por todos los partidos con representación parlamentaria y como una política de continuidad en el tiempo. La política exterior seguida durante la primera administración Sanguinetti fue una política de Estado en el doble sentido del término, al punto que el rechazo del Frente Amplio a la designación de un intendente renunciante como embajador en la FAO motivó la anulación de la designación, en forma explícita para no comprometer una política de Estado, vale decir al respecto, una política de consenso nacional. La simbología de la política de Estado se reflejó en que todas las comitivas de los viajes presidenciales fueron integradas con representantes de todos los partidos, inclusive en algunos viajes relevantes el presidente fue acompañado por Wilson Ferreira Aldunate y Liber Seregni. La delegación anual a la Asamblea General de Naciones Unidas contó con siempre con representantes de los tres partidos relevantes.

En la administración Lacalle la política exterior se manejó en dos planos. En el nivel estratégico se apeló a la política de Estado. Así la trascendente decisión de optar por la conformación de un bloque regional con Argentina, Brasil y Paraguay, impulsada por el presidente de la República, contó con el apoyo de la totalidad de los partidos políticos. Pero en cambio no hubo participación de la izquierda ni en las comitivas presidenciales ni en las delegaciones a las Naciones Unidas, y muchas decisiones de menor porte – como las valoraciones presidenciales en relación a Cuba – correspondieron a una política estrictamente de Gobierno con desafecto de la oposición de izquierda.

En lo simbólico, en las comitivas y las delegaciones, nunca más hubo representación de un consenso nacional, ni con Lacalle, ni con Sanguinetti bis, ni con Batlle Ibáñez, ni ahora con Vázquez. Visto en perspectiva, fue una excepción a una concepción dominante y continuada de representación del oficialismo.

Pero también hubo disidencias mayores. En las postrimerías de la segunda administración Sanguinetti no tuvo consenso el cambio de postura de Uruguay en relación a Cuba y los derechos humanos: de una constante línea de abstención el país pasó a apoyar el voto contrario a la isla y luego a promover la condena.

En el gobierno de Batlle Ibáñez la situación fue más compleja y difícil de analizar. Porque una fue la política exterior seguida por la Cancillería y expresada en los votos del país en organismos internacionales, en las declaraciones oficiales, en los actos formales de las relaciones bilaterales; allí, bajo la batuta de Didier Opertti, el país siguió una política de Estado en el sentido de política de continuidad, de previsibilidad, de mantenimiento de viejos principios que identificaron al país en el mundo político internacional y diplomático. Pero otra fue la política exterior seguida por el presidente de la República, expresada en múltiples declaraciones públicas, que no correspondieron a una política de Estado al menos en cuanto al consenso. Al respecto cabe remarcar las declaraciones en relación al sistema político de Cuba y a su líder, que desembocaron en la ruptura de relaciones; la fuerte adhesión a la política del gobierno de los Estados Unidos, en particular luego de la asunción de George W. Bush; los choques con la República Argentina; y el posicionamiento sobre la invasión a Irak.

Este gobierno ha sido más explícito. Lisa y llanamente ha impulsado una política de Gobierno, sin búsqueda alguna de la consensualidad y, al menos en un primer tramo, sin buscar la continuidad estratégica. Al respecto es muy clara la línea en relación a la ampliación del Mercosur (como tal tema), las relaciones fuertes con Venezuela y la intensificación del relacionamiento con Cuba. Pero al igual que el gobierno anterior, también es difícil de interpretar; porque una es la política de la Cancillería y otra la que surge de otras señales oficiales, desde una línea clara y coherente impulsada desde el Ministerio de Economía (y opuesta a la de la Cancillería) hasta las posturas presidenciales que hora tocan una borda y ora tocan la otra.

Pero también desde el oficialismo se notan en los últimos tiempos voces, quizás asordinadas, que reclaman que el gobierno vaya hacia una política de Estado, en el doble sentido de continuidad y de consenso. Entonces esto, si la política exterior debe ser de Estado o debe ser de Gobierno, es un tema que amerita un debate, dentro de la izquierda y a escala de todo el país.