Hay dos fenómenos interrelacionados que lo son la politización de lo judicial y la judicialización de lo político, que son el anverso y el reverso del entremezclado de lo político y lo judicial, que se retroalimentan. La politización de lo judicial es cuando el sistema judicial actúa con objetivos políticos; ello puede ocurrir de dos grandes maneras: una, como en Argentina, es la sujeción de los jueces y de las decisiones judiciales a los intereses políticos, y particularmente a los intereses de quien ejerce el gobierno, dicho de otra manera, el sistema judicial como correa de trasmisión del omnímodo poder presidencial. La otra, cuando los propios magistrados o fiscales salen del frío y científico análisis de las normas jurídicas para internarse en los vericuetos de lo conveniente o inconveniente para la sociedad, o cuando hacen decir al derecho más de lo que el derecho dice. Este es un tema que toca al Uruguay y que da para un análisis en sí mismo: politización de lo judicial y la extralimitación del sistema judicial.

El otro tema es la judicialización de la política. Es la utilización del sistema judicial como terreno de lucha política, como escenario para dirimir diferencias esencialmente políticas y, consecuentemente, el empleo de las resoluciones judiciales como armas en la lucha política. Por este camino se transita en el país, a veces con mayor intensidad, otras veces con menos, desde hace dos lustros y medio.

Esta recurrencia al sistema judicial desde el sistema político en general se da en tres terrenos: el de las denuncias o querellas por difamación o injurias, ya fuere en el fuero civil como en el penal; el de las denuncias propiamente penales, los delitos juzgables por acción del Estado; el de los recursos de inconstitucionalidad. En cualquiera de los tres casos hay un mensaje implícito del sistema político: la incapacidad de resolver dentro del sistema, acorde a las reglas sistémicas y por sí mismo, las diferencias connaturales al juego político, y a la expresión de la diversidad societal que constituye la existencia misma de la poliarquía. Poliarquía es diversidad, un sistema político poliárquico es aquél que recoge esa diversidad, la expresa y traza las reglas para dirimir el disenso. La recurrencia al sistema judicial para dirimir el disenso es una omisión al juego político natural y consecuentemente una confesión de debilidad y de incapacidad del sistema político para jugar su propio juego. Como el recurso al sistema judicial ha sido practicado por los tres grandes actores políticos, no es la falencia de una parte del sistema que busca jugar fuera del mismo, sino una falencia del sistema en tanto tal. Los actores no saben jugar dentro del sistema y dentro de los límites que el sistema impone. Esto es válido para blancos y colorados contra gobierno o administraciones frenteamplistas, como para frenteamplistas contra gobiernos o administraciones blancas o coloradas. Pero además es válido para blancos, colorados y frenteamplistas enfrentados los unos con los otros, y más fuerte aún, blancos contra blancos, colorados contra colorados, frenteamplistas contra frenteamplistas.

Si se quiere ver cómo el sistema político dirimía sus diferencias en forma sistémica, basta analizar la forma de operar en los años cuarenta, cincuenta y sesenta. Las denuncias éticas derivaban en interpelaciones, comisiones investigadoras, debates parlamentarios, artículos periodísticos y campañas públicas. La difamación o la injuria se replicaban con la denuncia pública del difamador y cuando alguien consideraba que era intolerable, recurría a la polémica Ley de Duelos. Las acciones del gobierno se combatían con acciones opositoras, parlamentarias, callejeras o electorales, ya fuere para frenar la medida o para buscar cambiar el gobierno.

Pero no solo el sistema político ha renunciado (parcialmente) a dirimir el disenso dentro de sus propias reglas de juego, sino que ha dados dos lecciones extrañas, una sobre ética y otra sobre conveniencia o inconveniencia de las leyes o de las políticas. En el caso de las denuncias penales (dejando a un lado el controversial delito de la difamación y yerbas similares) se enseña a la población algo contrario a las más tempranas lecciones de derecho que recibe un adolescente. El sistema político en su discurso presenta a los ciudadanos la sinonimia total entre delito y falta ética. Cuando una falta ética no se discute en tanto tal, sino que se deriva a la Justicia, lo que se hace es decir: si hay delito hay falta ética, de donde a la inversa, si los magistrados no encuentran delito, se deduce que la conducta ha sido éticamente intachable. Nadie lo formula así, pero se actúa como si esa fuera la formulación. Este es uno de los peligros del reduccionismo que conlleva este desemboque judicial de lo político.

Lo otro es asimilar la conveniencia o inconveniencia de las leyes a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las mismas. Lo cual tiene la misma relación que la existente entre la cosecha de tomates y la exploración espacial. Primero porque la conveniencia o inconveniencia tiene que ver con la peculiar concepción del mundo, de la sociedad y del país que tiene cada quien. Y segundo porque algo puede ser considerado conveniente por casi todos los ciudadanos, y ser a su vez inconstitucional, ya fuere en razón de forma (porque por ejemplo se olvidaron de respetar las  mayorías exigidas para aprobar una ley) o en razón de fondo, porque la Constitución no prevé, o no autoriza o expresamente prohíbe, según los casos, hacer determinada cosa. Las cosas pueden ser también constitucionales e inconvenientes o pueden ser inconstitucionales y convenientes.

Es conveniente que el sistema político en algún momento tome conciencia de las confusiones que crea en los ciudadanos, pero más aún que tome conciencia a dónde lleva el pretender dirimir los disensos fuera de su propio campo. Cuando en muchos países del mundo se pretendió dirimir ese disenso golpeando las puertas de los cuarteles, esas puertas se abrieron y los que moraban detrás de esas puertas arrasaron con los sistemas políticos. Cuando se golpeó las puertas del sistema judicial, sus miembros sintieron ser llamados de la misma manera que los moradores de los cuarteles, y se caminó por la judicialización política, por el avance del sistema judicial sobre el sistema político, y esto desembocó a veces en la destrucción del sistema político por parte del sistema judicial.