En su discurso de asunción presidencial, Cristina Fernández de Kirchner reveló dos elementos sustanciales para entender la posición argentina; más exactamente cabe decir que remarcó dos elementos a veces explícitos y otras subyacentes en la argumentación del gobierno asentado del otro lado del charco. En esencia manifestó: a) Argentina tiene razón porque Uruguay violó el Estatuto del río Uruguay; b) recurrió a la Corte Internacional de Justicia; c) la situación tensa con Uruguay no es responsabilidad alguna de Argentina porque Uruguay es culpable. Podría considerarse subyacente, porque no fue explicitado, que se refería a que Argentina no es culpable del cierre de los puentes.

La lógica de la argumentación en esencia es: a) el hecho de presentar una demanda ante un juez es per se demostración de que el demandante tiene razón; b) entonces, no hay dos partes con posiciones enfrentadas a la espera del fallo del juez, sino que el juez solo puede fallar a favor del demandante, porque por el solo hecho de la demanda tiene la razón; c) de donde, el recurso ante la Corte Internacional de Justicia no es una demanda judicial sino una denuncia ante una entidad policial para que actúe ante el evidente trasgresor (hay un auto que obstruye la entrada de mi garaje, proceda a retirarlo con un guinche). Y este es el primer elemento revelador de la tesitura argentina, el cómo se sitúa en una instancia judicial: da por sentada la convalidación de su argumento y por tanto, actúa en consecuencia sin necesidad de esperar el fallo judicial.

La argumentación continúa con esta lógica: como uno tiene la razón – lo que queda demostrada por la sola presentación de la demanda ante la Corte Internacional de Justicia – no hay que esperar ningún fallo; la razón es evidente por sí misma, y evidente – como dice la Real Academia Española de la Lengua – es aquello “Cierto, claro, patente y sin la menor duda”.

Como Argentina no tiene la menor duda sobre su razón, no debe esperar el fallo judicial sino actuar como si hubiese un fallo judicial a su favor y, además, como si el juez o alguna otra autoridad le hubiese delegado la ejecución de la sentencia: entonces resuelve clausurar el puente o los puentes sobre el río Uruguay (según los días y las horas); la contraparte solo debe asentir. Entonces, Argentina no es culpable de cerrar los puentes, porque considera de toda evidencia que tiene un poder delegado por una autoridad internacional para ejecutar una sentencia que debe emitirse de todas maneras porque no es razonable que los quince magistrados de La Haya fallen en contra de lo que es evidente y demostrable por sí mismo.

Lo que la presidente Cristina revela es una precisa escala de valores y un esquema de razonamiento dominantes en la sociedad argentina, que se traducen en estos dos elementos dominantes: no hay confianza en el juez y tengo el derecho de aplicar la justicia por mano obra, en función de mi leal saber, entender y proceder. Es natural que estos valores dominen en la sociedad argentina, pues hace demasiado tiempo que los allí jueces no son confiables, ya fuere porque actúan al compás del poder de turno (compases cambiantes a alta velocidad), ya fuere porque actúan con venalidad. Lo uno y lo otro ha sido denunciado en forma permanente y sostenida - desde hace tres cuartos de siglo a la fecha - por políticos, juristas, analistas, periodistas y gente común de la República Argentina, de todos los pelos, marcas y señales; no es pues, una difamación de los vecinos de enfrente.

 Esta escala de valores y este esquema de razonamiento son precisamente una gran barrera para entenderse con la República Oriental del Uruguay, con su presidente, sus gobernantes, sus políticos, su gente común. Los uruguayos confían en el sistema judicial, al que no consideran perfecto: a veces se cuela algún que otro elemento político en la cabeza de alguno, a veces hay algunos que se sienten tocados por la vara del destino, muy a veces (no cada muerte de obispo, sino cada muerte de un sínodo episcopal entero) algún fiscal o algún juez incurren en conductas venales, muchos tienen fallas en su razonamiento y en general el trámite es muy lento. Estadísticamente se puede decir que las fallas están dentro de lo esperado en cualquier sistema humano de cualquier naturaleza (judicial, político, militar, empresarial, sindical). Entonces, los habitantes de la margen oriental del río Uruguay piensan que cuando se hace una demanda se puede creer que se tiene razón, pero se entiende que a los efectos de la sociedad lo que vale es el pronunciamiento judicial. Por consiguiente para los uruguayos es una arrogancia de mal gusto que alguien le diga a otro: yo tengo toda la razón porque te demandé judicialmente y eso demuestra que es evidente mi razón, y por eso tú eres culpable de lo que pase entre nosotros, hasta que actúes en claro reconocimiento de que yo tengo razón.

Como consecuencia directa de lo anterior, si se respeta a los jueces, si se considera que a los efectos societales la razón es el producto de la actuación de los magistrados, no se admite la justicia previa ni por mano propia. Uno puede demandar a otro por el cobro de una deuda, pero hasta que haya sentencia y el juez o los códigos determinen el quién, el cómo y el cuándo de la ejecución de la sentencia, uno no tiene derecho a zamarrear al deudor para extraerle las monedas de la real o presunta deuda.

En general, las sociedades más avanzadas en cuanto a convivencia y funcionamiento del Estado de Derecho tienden a coincidir con la escala de valores y los esquemas de razonamiento de estos pocos habitantes del planeta arrinconados en la esquina del Río de la Plata con el Océano  Atlántico. Mal que le pese a la presidente, al gobierno y a buena parte de la sociedad argentina -  aunque esto pueda herir su gran autoestima – la tesis de la razón demostrable per se y de la justicia por mano propia no son de recibo entre las naciones más civilizadas del planeta.