En los valores dominantes en Occidente hasta la revolución sexual del ’68 – que permanecen en importantes sectores religiosos del cristianismo y el judaísmo – la virginidad de las mujeres quedaba asociada a la moralidad y – salvo matrimonio – la no virginidad se asociaba a la inmoralidad. El himen aparecía y aparece en esa concepción como el límite físico entre la virtud y el deshonor.

Durante largos años, casi tres lustros, la izquierda logró que la sociedad viese esa misma barrera entre la virtud y el deshonor, y logró que en líneas generales se asociase a la izquierda con la virtud y a los partidos tradicionales con la inmoralidad. Para ello obtuvo dos tipos de prueba: los procesamientos de funcionarios de menor jerarquía de ambos partidos tradicionales y lo que el vicepresidente de la República llamó en estos días “procesamientos por la prensa”, es decir, campañas periodísticas cuyas denuncias de por sí adjudicaban culpabilidad. Para ser rigurosamente exactos, la izquierda en general no fue la promotora de los rumores y denuncias, sino que a campañas iniciadas desde los partidos tradicionales se sumó con ardor y obtuvo grandes beneficios. Pero la campaña contra el ex presidente Luis Alberto Lacalle se inició en tiendas blancas y en tiendas coloradas, y luego se sumó (y se benefició de ello) la izquierda. La campaña contra el ex presidente Julio Ma. Sanguinetti (menos estridente, pero soterradamente fuerte) se inició en tiendas coloradas, contó con grandes adeptos en tiendas blancas y, naturalmente, la colaboración y el beneficio de la izquierda.

La sociedad uruguaya en un porcentaje muy importante ha creído que los partidos tradicionales como tales, o algunos sectores de los mismos, o algunos de los dirigentes de primera línea y unos cuantos muchos de sus colaboradores, en materia ética están lejos de la pureza de sangre. Y una gran mayoría del país – mucho mayor que el conjunto de votantes del Frente Amplio – ha otorgado esa pureza de sangre a la izquierda, a sus dirigentes, colaboradores y militantes. Y ha llegado a esta conclusión a pesar de que ninguna de las denuncias contra los máximos dirigentes blancos o colorados resultó probada, o lisa y llanamente fueron rechazadas, y con excepción del caso Braga no hubo procesamiento de ninguna figura de primera línea (lo de Braga es peculiar: por los mismos hechos que en Uruguay se le procesa, el país gana dos arbitrajes en el exterior). Y algo más fuerte, jamás hubo acusación alguna contra un primer mandatario o ministro mientras se encontraba en el ejercicio del cargo. Las denuncias siempre fueron a posteriori.

La izquierda ahora se enfrenta a una situación similar. Como ayer con blancos y colorados, tres de los cuatro escándalos de mayor afectación de la izquierda tuvieron principio en la misma izquierda: los casos de Areán, Bengoa y Nin Novoa. El cuarto escándalo, el de la Intendencia de Maldonado (por la concesión de la publicidad en la vía pública del departamento a una empresa supuestamente propiedad del jefe de campaña electoral de los progresismos nacional y departamental), reconoce una co-autoría de blancos y frenteamplistas. (La palabra escándalo se usa en el sentido de “alboroto, ruido” o de que “alguien piense mal de otra persona”)

A estas situaciones se agregan muchas otras, desde negocios con algún país determinado hasta adjudicaciones de publicidad, unas difundidas en los medios y otras de fluido rumor. También se ve a familiares de gobernantes en cargos políticos y de confianza al lado de esos gobernantes, hoy como ayer. Y hoy como ayer las explicaciones son que están allí por ser personas realmente de confianza, o de gran capacidad o de larga militancia política. Lo cual normalmente es cierto, ahora como ayer.

En estas situaciones ruidosas también se incurre en tres grandes desviaciones que coadyuvan a la confusión nacional. Uno es la creencia de que un procesamiento es sinónimo de condena, que el procesado ha sido encontrado culpable; no es una disquisición técnica: el procesado es alguien cuya inocencia se presume y del que hay un conjunto de pruebas que, de comprobarse y ser plenas, conducirían a la condena, pero que podrían no comprobarse y resultar absuelto. Dos, que más allá de la virtud o la desvirtud la gente queda socialmente condenada por la mera aparición de su nombre en una denuncia periodística, y esto es de hoy, de ayer y de hace un siglo, aquí en las vecindades del Polo Sur y también en el Hemisferio Norte, siempre que sean países con libertad de prensa. Tres, que no es lo mismo la comisión de un delito que la realización de actos ética o políticamente incorrectos, en función de los parámetros propios de un partido político o de los parámetros dominantes en la sociedad; se puede quedar absuelto penalmente y la sociedad, o un conjunto de electores, quedar desconformes con la conducta ético-política del absuelto.

Lo realmente sustantivo de estos días es que la izquierda uruguaya ha perdido la virginidad, ha desaparecido esa barrera que deja de un lado a los virtuosos y pone del otro a los deshonestos. Para la sociedad hay o ha habido dirigentes políticos denunciados – con razón o sin ella, de buena fe o de mala fe, por acción de enemigos o de amigos, por culpa de roedores o de la levedad de los espíritus – que pertenecen a los tres grandes partidos políticos del país. Hay dirigentes de mediano nivel procesados que han ocupado cargos políticos o de confianza de gobiernos o administraciones coloradas, blancas o frenteamplistas. Esta equiparación – no que los hechos sean más graves o menos graves, que las pérdidas resulten mayores o menores – es lo que golpea al Frente Amplio. Como con el valor asignado a la virginidad en los parámetros señalados al comienzo, la pérdida es irreparable. La izquierda ha perdido ese gran activo de ser vista y sentida por todos sus partidarios – pero también por buena parte de sus no partidarios y hasta oponentes – como un área donde no cabían determinadas conductas y procedimientos.