En la campaña electoral de 1971 el
Frente Amplio contó con una orquesta sinfónica, que dio sus
conciertos en el Teatro El Galpón, de por sí expresión
artística paralela a un partido político de izquierda. En la
misma sala exhibieron sus respectivos repertorios autores y
cantantes de la música que años después adquirió el nombre
de “canto popular”. Estos y la Orquesta Sinfónica llegaron
a realizar un espectáculo macro, con la conjunción de todos
los cantantes populares del momento, en la “Cantata del
Pueblo”.
Por otro lado, el Frente Izquierda de
Liberación impulso su Movimiento de Intelectuales y
Artistas, mientras el flamante Movimiento de Independientes
26 de Marzo – entidad política paralela al Movimiento de
Liberación Nacional “Tupamaros” – conformó una dirección con
intelectuales del prestigio del escritor Mario Benedetti, el
politólogo Julio Barreiro, Julio de Santa Ana (que luego
llegaría a la Secretaría General del Consejo Mundial de
Iglesias Cristianas). El papel relevante de intelectuales y
artistas – más tarde denominados “trabajadores de la
cultura” – no estuvo jamás en cuestionamiento. La discusión
al interior de la izquierda se centró – en términos
marxistas y de terminología marxista – en si los
intelectuales y artistas constituían la vanguardia
revolucionaria o si la vanguardia revolucionaria la
constituían los obreros, mientras que intelectuales y
artistas coadyuvaban al proceso revolucionario desde su alto
sitial, en un proceso vanguardizado por la clase obrera. La
tesis más vanguardizante de la gente de la cultura fue
sustentada por personas afines a los tupamaros y la tesis de
la vanguardia proletaria fue defendida por los partidos
marxistas leninistas (Comunista, Socialista) y sus aliados
al interior del Frente Amplio.
Hubo una portada reiterada del
semanario Marcha, cada vez que hubo algún episodio que
afectaba a la Universidad de la República, entre ellos la
intervención dispuesta por el gobierno cívico-militar. Don
Carlos Quijano publicó siempre una tapa en fondo negro con
la leyenda: “La Universidad es el país”.
Pasado el tiempo militar, en las
elecciones de la restauración, el Partido Comunista destinó
una de las líneas a la Cámara de Representantes por
Montevideo (línea en el sentido de un titular y sus
suplentes respectivos) para la representación de los
universitarios y a la elección siguiente el Partido
Socialista destinó la segunda línea senatorial al mismo tipo
de representación.
Esta pasión de la izquierda uruguaya
por la cultura no fue ninguna nota disonante o distintiva en
un país que desde 1934 estableció la exoneración de todo
impuesto nacional o departamental a las instituciones
culturales y también a las de la enseñanza privada. Esta
exoneración se hizo como subvención por sus servicios, es
decir, el país entendió que una institución de carácter
cultural per se brinda un servicio a la nación y a la
sociedad, que debe ser retribuida por el Estado. Y para ir
más lejos, desde la segunda mitad del primitivo siglo XIX
dispuso la enseñanza pública gratuita y la extendió a la
enseñanza media apenas avanzado el siglo XX. El país todo,
blancos y colorados en su origen, izquierda más tarde,
apostaron fuerte a la cultura y a la educación (que es otro
largo tema para el análisis). Sobre la educación privada y
el uso de recursos públicos para la educación viene una
larga discusión desde al menos una centuria, donde el
cuestionamiento viene de las tiendas católicas. Pero no se
cuestionó el uso de recursos públicos para la educación,
sino su destino exclusivo y excluyente para la educación
pública y laica.
En los años noventa aparece otro
cuestionamiento sobre el uso de los recursos públicos para
la educación y para la cultura, desde las tiendas defensoras
del fuerte libremercado, desde las tiendas antiestatistas o
– para usar un impreciso neologismo que se usa no para
clasificar sino para denostar – desde el “neoliberalismo”.
Es el primer cuestionamiento al destino desde el Estado de
recursos para la educación y la cultura, o de la forma de
destino de los recursos, o aún de la forma de obtención de
los mismos (exoneraciones impositivas incluidas en la
discusión).
Por eso, por la postura tradicional de
la izquierda en relación al valor de la cultura y el papel
del Estado en su defensa, es que sorprendió el giro de este
gobierno en estos temas. Sorprender no quiere decir que la
izquierda gobernante haya estado bien o mal, porque va a
estar bien para algunos y mal para otros, sino que hizo lo
contrario de lo esperado por sus antecedentes, su programa y
su proclama: eliminó subsidios o exoneraciones tributarias a
las instituciones culturales privadas, redujo el concepto de
institución privada de enseñanza al mínimo posible, redujo
el concepto de institución cultural hasta llevar a que el
país esté a punto de exhibir (en los registros tributarios y
previsionales) la ausencia de instituciones culturales y
empezó una embestida contra las exenciones tributarias de
los docentes individuales en su ejercicio privado (de los
maestros y profesores que se rebuscan dando clases
particulares).
Este es otro tema más en que la
izquierda careció del debate interno que según sus
antecedentes se debía. Porque algunas normas pasaron en el
fárrago de disposiciones presupuestales y la mayoría y las
más importantes son simples reglamentaciones de la reforma
tributaria o decisiones individuales del Banco de Previsión
Social. Y con esas medidas sueltas, aisladas, la izquierda
no debatió por qué ahora considera que desde el punto de
vista tributario las instituciones culturales y el
desarrollo de la educación privada deben medirse con las
mismas reglas que la actividad industrial, comercial o de
otros servicios lucrativos. El porqué la izquierda ahora
usa el mismo rasero para la actividad en pos de lucro que
para la actividad sin fines de lucro. En última instancia,
faltó el debate por qué en esta materia la izquierda
sostiene hoy la tesis del “neoliberalismo” y abandona su
tradicional defensa de las entidades culturales.
