Entre su primera y su segunda presidencia (1903-07 y 1911-15), don José Batlle y Ordóñez realizó un largo viaje por Europa, trascendental para el sistema político uruguayo. Trajo dos innovaciones: el moderno partido político de cuadros y el Poder Ejecutivo pluripersonal, el colegiado. Lo primero fue la observación de la novedosa estructura política de los partidos socialdemócratas (como los de Alemania) y lo segundo lo deslumbró en Suiza. De allí surgen dos grandes impulsos. Uno fue la construcción del Partido Colorado “Batllismo” con una estructura de comités ejecutivos nacional y departamentales, convención, comisiones nacionales y departamentales, comisiones seccionales al interior de los departamentos, elecciones en todos los niveles y, como corolario natural, un partido intensamente movilizado y en debate permanente, a cuya cabeza quedaba la figura lideral de don Pepe. El otro fue el lanzamiento del debate constitucional que dominó la vida política uruguaya desde 1913 hasta 1966: la eliminación de la Presidencia de la República y su sustitución por un Consejo Nacional de 9 miembros. Y así fue que este país tuvo un Poder ejecutivo bicéfalo de 1919 a 1933 (un Presidente de la República y además un Consejo Nacional) y más tarde el llamado colegiado integral, de 1952 a 1967.
Pero lo más significativo fue que de la combinación de esas dos iniciativas emergió una tercera: un modelo de relacionamiento del partido oficialista con el gobierno. El modelo del viejo Batlle en definitiva no fue demasiado diferente al modelo primigenio de los partidos socialdemócratas y en cuanto a la relación partido-gobierno fue exactamente el mismo modelo de los partidos comunistas gobernantes. En esencia, al partido se le reservó la conducción estratégica, el mando superior, la última palabra; al gobierno se le confeccionó la conducción operativa, la decisión cotidiana, el mando ejecutivo. En Uruguay este mismo modelo (en la oposición, sin contacto alguno con gobierno o administración) fue el concebido por los dos partidos marxistas con fuerza parlamentaria, como el Socialista y el Comunista, y aparece también en el nacimiento en los años sesenta del Partido Demócrata Cristiano).

Cuando nace el Frente Amplio, en 1971, heredó la misma concepción tanto del viejo batllismo como de los tres partidos llamados “de ideas” que construían cuatro de los cinco pilares de la nueva fuerza política, concebida inicialmente como alianza y devenida por vía de los hechos en partido (el quinto pilar es la herencia blanca, primigeniamente representada por los diversos grupos conducidos por Ariel Collazo, Jorge Durán Matos, Enrique Erro y Francisco Rodríguez Camusso, Entre 1985 y 1990 esta nueva fuerza toma contacto con las responsabilidades de la administración nacional (los entes autónomos) y mantiene esa tesis. Pero en el mismo 1990 comienza otra experiencia, la del gobierno departamental de Montevideo, y comienza rápidamente a desvanecerse esa teoría, sin que hubiese habido un solo planteamiento teórico ni una sola discusión. Tabaré Vázquez armó por sí su primer gabinete y cumplió con la formalidad de solicitar su aprobación por la Mesa Política, más tarde cambió toda la arquitectura del gobierno departamental, puso y sacó gente, y las autoridades frenteamplistas tuvieron a bien enterarse por la prensa. Con Mariano Arana como intendente (en sus dos periodos), la autonomización del poder fue total. Al Frente Amplio le quedó reservada la función de guiar a sus parlamentarios (en este caso, los miembros de la Junta Departamental de Montevideo). La única relación de los intendentes con la estructura política fue toda vez que debieron pedir auxilio, cuando requirieron apoyo político por la soledad en que se habían situado.

La llegada al gobierno nacional generó dos fenómenos: la acentuación de la línea de separación total entre gobierno y fuerza política, o más exactamente entre el presidente de la República y su fuerza política; y la conflictiva relación entre el divorcio, la lucha y la superposición de poderes, entre la estructura política formal (Plenario Nacional del F.A., Mesa Política) y la estructura política parlamentaria. La presencia de los líderes o referentes de 6 de las 7 corrientes en el gabinete (porque el Nuevo Espacio estuvo y sigue excluido de esa participación) fue el mayor nexo entre gobierno y fuerza política, y hubo una relativa relación entre gobierno y bancada parlamentaria. Pero fue muy débil la relación entre gobierno y estructura político-partidaria.

La salida de una parte significativa de los líderes políticos del gabinete ahora (Mujica, Gargano, Arana) o más tarde (Astori), más la pérdida del papel lideral de Arismendi y la continuada exclusión de Michelini, deja en el gobierno solamente a los tres líderes de las tres partes de Alianza Progresista (Nin Novoa, Rossi, Lescano). A ese hecho objetivo se sumo uno subjetivo: la expresa voluntad del presidente de la República de separar al gobierno de la fuerza política en los dos años finales del gobierno. Por otro lado surge una voluntad explícita de relanzar el funcionamiento y el papel de la estructura partidaria, que podría ir de la mano de una mayor imbricación entre el esa estructura partidaria y la bancada parlamentaria. Más o menos por la vía de los hechos y sin debate trascendente alguno se va definiendo la situación, y con mayor fluidez o mayor tensión, el problema de la relación gobierno-partido quedaría resuelto para el resto del periodo de gobierno.

En cambio, subsiste y con mayor fuerza aún, la necesidad de un debate profundo y una definición clara para el futuro. Si el Frente Amplio pretende renovar su permanencia en el gobierno por otro quinquenio, le surge la necesidad imperiosa de tener claro a qué tipo de relación gobierno-partido aspira para ese segundo tiempo gobierno, si es que se le da. Pero ya no es la falta de preparación para el gobierno lo que puede excusar la falta de una definición.

Sin duda que este es otro de los temas trascendentes en que – como el de su relación con las capas medias, como el de la inserción internacional del país, como el de la política económica – las decisiones han caminado por la vía de los hechos, sin debate alguno. Y eso en una fuerza política que tiene en el país casi el monopolio de las reuniones, las discusiones, la pluralidad de órganos y el tamaño de esos órganos.