El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad de aplicar a jubilaciones y pensiones el Impuesto a la Renta a las Personas Físicas, se parece al estallido de un conjunto de bombas, de acción inmediata y de acción retardada, cuyos fragmentos golpean a diestra y siniestra. Para empezar, no siempre cuando alguien gana otro pierde, ni cuando alguien pierde otro gana. Para que haya un vencedor alguien debe jugar para obtener la victoria y ser reconocido como tal. Y cuando hay un derrotado, es además porque ese otro jugador hizo todo lo posible para que se le viese como derrotado.
Por primera vez los partidos tradicionales lograron una victoria contundente sobre el oficialismo, jugaron con claridad para lograrla e hicieron todo lo necesario para ser reconocidos como ganadores. No es la primera derrota del oficialismo, pero todas las anteriores fueron autoderrotas, producidas por errores propios sin necesidad de acción de la oposición o en triunfos opositores de menor cuantía, Esta es la primera vez que la oposición golpea duro.
El gobierno además acentúa la derrota. Primero, porque dejó llegar el fallo judicial sin anticipar un movimiento de eliminación anticipada del problema; aquí jugó la conocida firmeza (o tozudez, según se lo mire) del ministro de Economía. En segundo término, porque el gobierno no salió a la gente con humildad a decir: bueno, ahora nos faltan cien millones, no tenemos más remedio que aumentar algunos impuestos; por el contrario, salió con enojo: el mensaje fue, ahora vamos a castigar a diestra y siniestra, qué se creen, a nosotros no se nos lleva por delante, aguanten la embestida. Y previo a todo esto, el titular de Economía había embestido duramente contra el fiscal de Corte, quizás como resabio de la otra derrota del oficialismo (de menor magnitud) como fuera la no designación del candidato propuesto por el gobierno, militante de las ideas y los intereses del gobierno,
Por si fuera poco, desde algún lado del oficialismo se maneja cierta pobreza de espíritu al imputar a Lacalle, Sanguinetti y Batlle la intención de hacer toda esta formidable movilización tan solo para mejorar sus pasividades, o sostener que un magistrado emite un fallo de tal trascendencia para ver si gana algún que otro peso en su inminente magra jubilación. Es un mal mensaje, porque o quienes lo emiten se creen la caricatura que trazan de los otros o esa es su forma habitual de proceder. Hubo un intento del equipo económico de minimizar la victoria contraria, al deslizar a la prensa (y algún medio lo recogió) la tesis de que todo este resultado fue producto de la acción de una joven y desconocida abogada rochense, intento que ante la obviedad de la acción política blanca y colorada, devino en otro traspié. Lo curioso es que el oficialismo incurre en estos errores pese a que antes había surgido el formidable olfato presidencial, cuando con claridad inequívoca anunció que de producirse este fallo, el IRPF a los pasivos se derogaba de inmediato e in totum. Si todo el gobierno hubiese seguido el olfato presidencial, si no se hubiesen exhibido enojos contra la humanidad, si no se hubiese ido por el camino de los ataques a ras del suelo, la derrota hubiese sido mitigada en grado elevado.
Pero el tema tiene otra arista. Los cinco ministros magistrados cumplieron con su deber, con los errores y aciertos propios de todo fallo judicial y toda interpretación jurídica, e hicieron lo que cabe: aplicar el criterio mayoritario del cuerpo colegiado, en función de la opinión de los integrantes de este momento, no atarse a una jurisprudencia en un país en que ella no es obligatoria ni fuente de derecho, atenerse al caso concreto. Pero esta impecabilidad judicial no es fácilmente entendible por la opinión pública, por amplios segmentos de la sociedad, que no entienden de sutilezas jurídicas. El sistema judicial fue puesto por el sistema político como árbitro de un tema esencialmente político. Y la sociedad quedó expectante de ese arbitraje a un problema político, y analiza el tema en clave política. Y en esa clave resulta de gran perplejidad para la gran mayoría de la opinión pública – que no entiende de caso concreto, autonomía del magistrado y ausencia de jurisprudencia vinculante – que la Suprema Corte de Justicia considera que es constitucional que gobiernos colorados y blancos graven las pasividades, y que es inconstitucional que lo haga un gobierno frenteamplista. Esta lectura, esta consecuencia del fallo judicial que es ajena a la voluntad de los miembros de la Suprema Corte y al fiscal de Corte, es el efecto de haber puesto al sistema judicial a definir un tema esencialmente político. Además, se sigue sembrando la confusión de que las cosas son justas si son constitucionales e injustas si son inconstitucionales, cuando lo uno nada tiene que ver con lo otro.
Hace más de quince años que el sistema político acude en forma sistemática y creciente a la cancha judicial para dirimir el conflicto político, en lugar de hacerlo en su propio terreno y por sus propias reglas. En todo país en que el sistema político ha declinado sus potestades y las ha trasladado al sistema judicial, en que el sistema político ha llevado a la magistratura a jugar hechos políticos, en todos ellos la institucionalidad ha sufrido y en algunos casos hasta se ha quebrantado. Pero aquí esa lección no se aprende, y menos se va a tomar en cuenta en medio de la euforia que invade a la oposición, a blancos y a colorados.
Otra lección que es necesario aprehender, es el desgaste que al sistema judicial ocasiona el moverse en el terreno de la alta exposición pública. En forma creciente fiscales y jueces se exhiben en los medios de comunicación, informan lo que van a hacer, adelantan su parecer, filtran fallos, textos de sentencia y comentarios sobre los otros actores. En este caso se agrava por el haber filtrado las disputas personales entre los máximos magistrados del país, efectuar filtraciones y hacer comentarios sobre lo uno y sobre lo otro, y hasta polemizar con gobernantes y dirigentes políticos. El sistema judicial se preserva cuando actúa – en un marco de garantías, de total apego al derecho, a sustancias y procedimientos – con la mayor discreción posible, lejos de las candilejas, con serenidad y grisura; cuando resiste los intentos de sacarlo de esa serena grisura. Porque lo que importa, lo que debe preservar un estado de derecho, es que la Justicia habla cuando dice el derecho, ni antes ni después; atiende apelaciones, reexamina fallos y sentencias, argumenta y fundamenta, pero no polemiza.