La
difusión de las encuestas de opinión pública tiene por
finalidad que la propia opinión pública se mire al espejo.
La sociedad recibe la información de un producto científico
sobre cuáles son sus propios comportamientos, opiniones,
juicios, actitudes, previsiones, actos y hechos. Y si la
información es mucho más sofisticada, esa visión es
desagregada por distintos segmentos como área de residencia,
edad, nivel educativo, ocupación, nivel socioeconómico,
sexo. Las encuestas son mediciones hechas a personas
extraídas de una muestra elaborada con criterio científico
de manera tal que resulte representativa del colectivo. Y
los resultados son preguntas o cantidades de respuestas a
preguntas específicas. Esto son las encuestas y la
confiabilidad, como en toda profesión, dependerá de cuán
confiable resulte a cada quien lo que hace el uno o hace el
otro, pero siempre a partir de varios elementos
fundamentales: que se conozca quién lo hizo, qué hizo, cómo
lo hizo y en definitiva quién es ese que lo hizo, qué
trayectoria y antecedentes, cuán confiable resulta.
Existe un
gran riesgo que es la difusión de datos como si fueran
encuestas, que no presentan el grado de seriedad necesarios
para la gente, forma de divulgación que pueden ir desde la
manipulación hasta el engaño y la falsificación de datos.
Todas estas cosas han comenzado a ocurrir en Uruguay en las
últimas semanas, con gran intensidad. Conviene ver algunos
modelos de engaño o manipulación en la divulgación de datos:
a.
Datos que inducen a
personas que se trata de una medición de intención de voto,
cuando en realidad lo que se mide es la popularidad, o la
simpatía, o la preferencia en determinado escenario.
b.
Presentación de los
datos favorables a un actor político y omitir los
desfavorables
c.
Divulgarlos sin
indicación de fecha, cuando en realidad los datos son
ciertos, objetivos y correctos, pero obsoletos, de un tiempo
ya pasado, y esos datos ya superados por nuevas mediciones.
Generalmente estas publicaciones son hechas por medios de
comunicación con cifras obtenidas de los propios actores
políticos y no de las empresas o institutos responsables del
sondeo. Por tanto, son divulgaciones que se hacen a espaldas
y sin la certificación del instituto o empresa que los
realizó, lo cual quita validez y se trata en esencia de una
información no confiable. Todo medio de comunicación cuando
divulga datos que no le fueron proporcionados y garantizados
por el instituto o empresa que los realiza, lo que hace es
dar a su público un producto carente de valor, sin efectuar
la advertencia correspondiente; es como vender una mermelada
en el supermercado, luego de haberle borrado la fecha de
vencimiento, o la marca de origen.
Pero se
puede ir más allá en los engaños al público. Entre ellos
cabe señalar, para mencionar exclusivamente algunos
ocurridos en Uruguay, o en las últimas semanas, o en
relación a pasadas elecciones:
-
el adelanto de cuál
sería el resultado de una encuesta de una firma
prestigiosa, cuando no existen ni esos datos ni siquiera
se ha realizado la encuesta
-
la divulgación de
resultados atribuidos a una firma inexistente, con un
nombre que pretende confundir con una empresa prestigiosa;
es el caso de las encuestas difundidas en junio de 2004,
con datos a la inversa de los presentados por todas las
empresas reconocidas y con el uso de la firma de Equipos
Consultores Celare (en realidad se pretendió es asociar
esos resultados con una firma reconocida como “Equipos
Consultores”, pero con el aditamento de una palabra que
permite descubrir el engaño solo a los especialistas)
-
la divulgación
periódica de datos de una empresa inexistente, caso de “Doxa”,
que nunca presentó ninguna figura responsable, ni
dirección, ni teléfono, sino exclusivamente una dirección
de correo electrónico.
Todo esto es grave. No se
trata ni de libertad de mercado ni de libertad de prensa,
porque lo que está en juego es lisa y llanamente no estafar
a la gente. Y así como para evitar eso está reglamentado el
ejercicio de la medicina, o del derecho, las sociedades de
alto desarrollo político democrático, como las europeas, han
reglamentado la divulgación de las encuestas. Y lo han hecho
de una maneta que no coarta en absoluta la libertad, sino
que sigue minuciosamente las normas establecidas en los
códigos internacionales de ética. Porque las dos grandes
organizaciones internacionales de opinión pública y de
investigación de mercado han trazado normas éticas altamente
exigentes y minuciosamente detalladas para la difusión de
los sondeos políticos, especialmente los electorales, las
“opinión polls”.
En Italia, por ejemplo,
ningún medio de comunicación puede divulgar encuestas, ni
siquiera utilizar la palabra encuestas, si no es para
presentar oficialmente los datos de un instituto o empresa,
y bajo la responsabilidad de ésta. Datos que deben ser
previamente registrados en un sitio web de la Autoridad para
la Garantía en las Comunicaciones.
La palabra encuesta solo
puede utilizarse para indicar “todo relevamiento de
opiniones, comportamientos, juicios, actitudes, previsiones,
actos y hechos efectuado con método muestral, probabilístico
o no probabilístico, que permite generalizar los resultados
al universo de referencia (…)respetando los criterios
estadísticos definidos de los códigos de autorregulación
adoptados por las asociaciones profesionales mayormente
representativas en el plano nacional e internacional”.
En la divulgación deben
indicarse: instituto o empresa que lo realizó, hecha por
cuenta de quién, universo (si la encuesta es representativa
del 100% del país, o del 75%, o de lo que fuere), cantidad
de casos, margen de error estadístico, método de
relevamiento (cara a cara, telefónico, telemático, mixtos –
con especificación de cómo y cuánto – u otros, con
indicación expresa del cómo), método de ponderación de los
datos (forma de ajustar la muestra obtenida a la muestra
ideal, en base a determinados parámetros. Pero además, hay
dos datos fundamentales que en Uruguay muchos omiten: Uno,
el texto exacto de la pregunta, porque no cabe olvidar que
los datos son porcentajes de respuestas a preguntas
determinadas, y si se omite la pregunta, no hay forma alguna
de verificar qué significan esos porcentajes. Dos, si los
datos que se presentan son los obtenidos de la encuesta o si
son proyecciones a un universo mayor al universo de la
encuesta (para mayor claridad: se encuesta solo el país
urbano y en base a ciertos parámetros, se presentan los
datos del país entero; esto debe especificarse con absoluta
claridad, y en caso de que así ocurra, es obligatorio
presentar los datos que emergen de la encuesta y la
proyección al universo mayor). O una variante del anterior,
si lo que se presenta – por ejemplo en intención de voto –
es el resultado de la encuesta o una proyección, en base ad
dicha encuesta, de cómo sería el resultado de la votación
(en tal caso también es obligatorio que además de la
proyección, se presenten los datos de la propia encuesta,
tal cual respondieron los entrevistados).
Para que las encuestas no pierdan su seriedad, para que cese
la manipulación que ha comenzado, para evitar que esto se
agrave y genere un daño a la calidad de la democracia, es la
hora de iniciar un debate sobre este tema.
