En los
últimos días han surgido dos llamados claros a que el
próximo gobierno repose en una gran coalición que comprenda
al menos los dos grandes partidos y en lo posible a la
totalidad de los partidos parlamentarios. Uno de ellos
llamados fue el lanzado por el Partido Independiente y el
otro por el presidente del Partido Nacional (a título
personal o sectorial).
El país
ha tenido muy largos periodos en la historia -tanto en la
pre-moderna del siglo XIX como en la moderna que arranca a
poco de despuntar el siglo XX- de gobiernos o
relacionamientos políticos de coalición, entendimiento,
concertación o coparticipación. La excepción la ha
constituido la de gobiernos de partido, en el triple sentido
de: a) exclusión de todo partido que no fuese el partido de
gobierno; b) con la participación de la totalidad del
partido de gobierno, sin excepciones; y c) con mayoría
absoluta en ambas cámaras. Por partido de gobierno se
entiende a estos efectos, como definición funcional, al
partido por el cual resultó elegido el presidente de la
República o la mayoría del Consejo Nacional (según el
régimen constitucional que hubiese correspondido). Bien, en
las ocho décadas transcurridas desde la vigencia de la
Constitución de 1918, bajo poliarquia plena e indiscutida,
ejercido ese gobierno monopartidario durante todo el
correspondiente periodo de gobierno, solo se encuentran dos
ejemplos: Partido Colorado en 1951-55 y Frente Amplio (de
mantenerse las condiciones básicas hasta el 28 de febrero de
2010) en 2005-2010. Con algo más flexibilidad en el conteo,
es decir, sin computar las pérdidas de mayoría parlamentaria
desde la mitad del periodo en adelante, la cuenta se eleva
a cuatro, ya que cabe agregar otros dos casos: Partido
Nacional en 1959-63 y Partido Colorado en 1967-72. En todo
ese tiempo hubo 18 legislaturas en poliarquía plena o, para
decirlo en términos más usuales pero asaz imprecisos, en
plena democracia. No hay duda alguna que el gobierno de solo
un partido y todo un partido, sin alianza con nadie y
mayoría parlamentaria es una rara avis en la historia de
este país.
Ahora
bien, los entendimientos pueden tener dos grandes
motivaciones, varios esquemas de amplitud y muchas formas de
realización. En principio la motivación puede ser la
necesidad, es decir, la falta de mayoría parlamentaria, o
también puede ser la conveniencia o el deseo de hacer una
gestión con amplios respaldos, que puedan configurar
políticas de larga continuidad y amplia apoyatura. Si se va
al debate sobre este tema habido en el primer periodo
posterior a la restauración institucional, se observa en una
punta al general Liber Seregni (entonces presidente del
Frente Amplio) y en la otra al doctor Enrique Tarigo
(entonces vicepresidente de la República y secretario
general del Partido Colorado). Seregni sostuvo la
conveniencia –independientemente de la necesidad- de que
Uruguay caminase por largo tiempo apoyado en gobiernos de
concertación, y esa prédica constituyó el norte de su
actividad posterior al abandono de la conducción política,
desde el Centro de Estudios Estratégicos 1815; quizás uno de
sus mayores fracasos haya sido que el Frente Amplio cuando
llega al gobierno se aleja radicalmente de la idea de
concertación y practica el monopartidismo en la forma más
pura posible. Tarigo defendió el gobierno monopartidario aún
sin mayoría parlamentaria; en base a las viejas teorías de
la funcionalidad (Bagehot) o modernas de la gobernanza,
sostuvo que quien vence (obtiene el lugar) aún por mayoría
relativa tiene el mandato de aplicar per se y en forma
íntegra su programa.
Entonces,
un primer debate que se abre con estos planteos, debate que
ha comenzado y seguramente durará hasta el verano de 2010,
hasta que se dilucide la conformación plena del nuevo
gobierno, es sobre la oportunidad, conveniencia y necesidad
de una coalición. Básicamente sobre tres elementos
centrales: Uno, si la coalición es un camino sólo necesario
cuando se carece de mayoría parlamentaria, o es conveniente
recorrerlo aún con mayoría parlamentaria, con la finalidad
de asegurar políticas de continuidad en el largo tiempo con
la más amplia apoyatura posible. Dos, si ante la ausencia de
mayoría parlamentaria se hace necesario gobernar con esa
mayoría, para asegurar la aprobación del programa
legislativo y de los presupuestos, y dar estabilidad al
gabinete. O tres, si por el contrario quien obtiene la
Presidencia de la República debe remar con sus solas
fuerzas, mediante acuerdos puntuales que le permitan aprobar
ora lo uno, ora lo otro.
Pero
además es un debate anejo el de la conveniencia de las
coaliciones aún cuando se tengan todas las fuerzas para
gobernar en solitario. A favor de las coaliciones pesa lo
dicho: el lograr políticas con amplia apoyatura, que le
otorguen la fuerza de esa apoyatura y aseguren la
continuidad en el largo tiempo. En contra de las
coaliciones, cuando no son matemáticamente imprescindibles,
pesa la argumentación Tarigo, que revivió en este gobierno:
que en una coalición el programa propio se diluye, que
también se diluyen las responsabilidades, que se demoran las
decisiones en procura de los necesarios consensos, que se
pierde más tiempo y esfuerzo en lograr consensos que en
buscar soluciones y administrar.
Luego
viene otro debate sobre la arquitectura de la coalición: si
es la del partido gobernante con aliados cercanos (como
fueron las de los dos últimos gobiernos), si una gran
coalición entre los dos principales partidos, o si un
gobierno de unidad nacional con todos los partidos
parlamentarios.
Por
último, viene el debate sobre los niveles de acuerdo. El
nivel máximo de acuerdo es el que supone una coalición plena
de gobierno, con todos los actores de la coalición
comprometidos en el gabinete con sus principales dirigentes,
representados en proporción a sus respectivos pesos
(cuantitativos o cualitativos). El nivel mínimo el que
supone un gobierno y una administración monopartidaria y un
entendimiento parta un conjunto de temas a los cuales se
califica como de políticas de Estado.
Por estos rumbos anda el debate que se viene.
