Valga el neologismo y el uso simplificado del concepto de Yihad, que últimamente se ha tomado como sinónimo de “guerra santa”, fundamentalmente en base a los sectores fundamentalistas del islamismo político. En la política general, los individuos de concepciones fundamentalistas suelen ser necesarios y hasta imprescindibles para motorizar diversas luchas, porque es muy probable que sin la fe de un fundamentalista resulte imposible llevar adelante el más mínimo plan de un segmento del Estado, ante la enorme trenza de intereses creados que provoca toda modificación, que todo cambio, que toda medida diferente. El problema que acarrean los fundamentalistas que el celo puesto en llevar adelante sus planes o programas les hace perder muchas veces el sentido del equilibrio, de que una sociedad es un tejido de derechos y obligaciones entrelazadas. Entonces, ese celo lleva naturalmente al aplastamiento de todo derecho que no sea congruente al logro del objetivo como fin supremo. Y además, la mar de las veces, a la frustración de la lucha emprendida, porque al ir más allá de lo que la sociedad en su vasta complejidad tolera, termina por anular los enormes esfuerzos realizados. Hay una expresión popular que grafica esto último: “pasarse de rosca”, que quiere decir que apretar tanto, tantas veces o hacerlo en demasía, la rosca se mella y lo que se enrosca en la rosca no aprieta, que da flojo; entonces, por querer que las cosas queden bien apretadas, no solo quedan flojas sino que ya no van a apretar más, salvo que se cambie la rosca.

Hace pocos años, entre el fin del gobierno anterior y los comienzos de éste, la Dirección General Impositiva logró un gran éxito cultural al generar masivamente el sentido de cumplimiento de las normas fiscales. No solo fue un tema de recaudación, sino de sentido de la obligación. Pero de tanto cabalgar en su Rocinante, comenzó a embestir contra otras normas y otros derechos, como el paradigmático artículo presupuestal que subordina viejos derechos del derecho liberal al objetivo de la recaudación fiscal. Piénsese que con el objeto de evitar la evasión fiscal (ni siquiera la defraudación, sino la mera evasión) se suprime el secreto de confesión, el secreto entre padres e hijos, el secreto conyugal, el secreto profesional (el de médico-paciente, abogado-cliente, contador-cliente, periodista-informante). Poco después, tras un cambio en la titularidad del organismo, el siguiente director proclamó el poco liberal principio de que en materia tributaria “todos son culpables hasta que se demuestre la inocencia”.

En realidad hay o ha habido sistemas políticos basados en ambos principios: en la prohibición de todo secreto ante el Estado y el principio de culpabilidad como base de presunción. Y cualquiera tiene el derecho a bregar por un sistema basado en dichos principios. Pero ocurre que no son los fundamentos del sistema político y del sistema jurídico uruguayo, por lo que los funcionaros tendrán el derecho a estar a favor de ambos, pero están obligados a aplicar lo prevaleciente en el país: la existencia de secretos ante el Estado, por considerar que son un bien superior a proteger, y el principio de inocencia hasta la plena demostración de la culpabilidad. Llama la atención que no se haya armado ningún escándalo, nadie haya renunciado, y hasta el ministro en última instancia responsable de ello, conocido por proclamar una firme adhesión al liberalismo político, no haya sentido la necesidad de marcar siquiera una discrepancia.

Otro caso se ha visto en los recientes empujes de filosofía sanitarista, basado – como afirma Constanza Moreira – en “la idea de que existe un "bien" de las personas que las personas no conocen, pero sí conoce el Estado clarividente que todo lo ve”. Esta afirmación lo que hace es marcar otro gran debe en el debate nacional y en particular en el debate de la izquierda gobernante, del frenteamplismo: cuántos son partidarios de que el Estado cuide a cada uno de sus propios errores y cuántos creen en la libertad irrestricta de cada quién. Porque no hay duda que hay un fuerte sostén a las políticas sanitaristas y un fuerte rechazo a las mismas. O se puede decir que depende de qué tema se hable y de cuánto sea el tantum de esas políticas.

Este empuje – o más bien empujes de anteriores – comenzó con el combate a la droga. Mientras la droga crece, se vende pasta base en las zonas más céntricas a la vista y paciencia de cada uno, se decidió diversificar los esfuerzos hacia el combate al tabaquismo. El combate a la droga ha tenido gran aceptación verbal y por lo que parece en materia de consumo y venta, mínima aceptación fáctica. El combate al tabaquismo en cambio logró un apoyo masivo y un acatamiento generalizado. El tema es de la rosca. Parece que ese acatamiento ha llevado a seguir dando vueltas a la rosca para proteger a los individuos de sus propios impulsos consumistas. Y en ese combate, se llega a disposiciones que dejan sus dudas sobre si concuerdan con ciertos principios de la libertad de comercio, como el que el Estado le indica a cada uno que su producto deba tener una presentación única y elegida por la autoridad estatal. Aquí existe el peligro de que una batalla exitosa e inteligentemente llevada a cabo, se desmadre; y ocurra por esa vueltita de más a la rosca.

Cuando el combate al consumo de droga y al narcotráfico sigue siendo un gran debe de la sociedad uruguaya, se emprende contra la venta de alcohol y la publicidad del alcohol, en términos propios de las concepciones puritanas que llevaron a la Ley Seca en los Estados Unidos de América. Otra vez, lo que comenzó a debatirse como el combatir excesos en el consumo de alcohol por determinados segmentos de la sociedad, en lugares determinados y días específicos, se transformó en un combate ético contra el alcohol, digno de las concepciones fundamentalistas islámicas. Otra vez la bendita rosca.

Si se va más atrás se recordará una reforma educativa parcialmente frustrada – más allá de por una feroz oposición de sindicatos y buena parte de la izquierda – también por un fundamentalismo que en el mismo momento llevó a su protagonista a pelear contra los sindicatos, los estudiantes ocupantes de liceos y centros de UTU y – lo más paradojal pues nada tenían que ver con el tema – con los productores rurales.

En una sociedad plural como la uruguaya, no solo plural sino mesurada, los gobiernos deben tener cuidado de equilibrar los impulsos a planes y programas específicos con no afectar, arrasar o combatir otros derechos. No solo por un problema de equilibrio sistémico, sino por la más vulgar razón de no invalidar el propio esfuerzo. Porque la pequeña historia reciente de nuestro país demuestra que los fundamentalismos tienen por efecto anularse a sí mismos.