El país se encuentra en esos periodos
históricos de transición en relación al Estado, en que
existe cierta opinión prevaleciente de que se ha agotado el
modelo anterior y se hace necesario o imprescindible trazar
un nuevo modelo. Es decir, para usar el comodín en boga,
impulsar la reforma del Estado. Cuando se habla del tema en
general se habla de tres aspectos del mismo o quizás se
habla de tres temas diferentes, que pueden estar
directamente interrelacionados o no: Uno es la reforma de
las funciones del Estado, otro el de la reforma de la
administración del Estado y un tercero es el encare del
mantenimiento, supresión o modificación del Estado de
Bienestar, del Welfare State.
El asunto de las funciones del Estado
es sin duda la clásica discusión que transcurrió a lo largo
de todo el siglo XX entre un extremo la tesis del Estado
Juez y Gendarme (asociada a la concepción económica del
laissez-faire y en otro extremo la tesis del Estado
omnicomprensivo y omnipresente. Sin duda no solo es un
asunto central de la discusión global del sistema político,
sino en particular una discusión central en el Frente
Amplio. Si se considera que hay un eje donde cada una de
ambas posturas es un extremo, al interior del partido
oficialista pueden detectarse posturas que van desde el
Estado total hasta más allá de la mitad, es decir, desde la
mitad hacia el laissez-faire.
Un segundo tema clave es el de la
reforma de la administración del Estado, donde en principio
hay dos tipos de caminos (ambos íntimamente
interrelacionados): el que apunta a la reforma de la
organización y los procedimientos, y el que tiene que ver
con la reforma de los recursos humanos. La discusión sobre
lo primero, sobre trámites y métodos, la contienda es mucho
más pedestre y está más alejada de ideologías, filosofías y
principios. Porque por un lado toda la discusión está teñida
por los temores de la burocracia a la pérdida de poder y,
quizás ni tanto, a la pérdida de una apacible rutina. Pero
por otro, la reforma de los recursos humanos presenta una
doble faceta, una desideologizada y otra altamente
ideologizada, que además se entrecruzan y retroalimentan: la
afectación de los corporativismos y la contradicción
calidad-igualitarismo. Los intereses corporativos son per se
aideológicos; lo que se juega, lo que una reforma amenaza y
lo que ante la amenaza levanta reacción, no son ideologías,
filosofías, teorías, cosmovisiones, sino algo mucho más
ramplón y más importante: los intereses de la corporación
afectada por la reforma, por el conjunto de funcionarios a
quienes cualquier modificación mueve el piso. La resistencia
corporativo-burocrática es el punto más delicado de
cualquier reforma, del signo que fuere, en el lugar y el
tiempo que se eligiere.
Pero entrelazado y retroalimentado con
lo corporativo-burocrático aparece un elemento con alta
intensidad ideológica: la ecuación igualitarismo-calidad. En
la teoría se puede sostener la política de la más amplia
igualación y la más elevada calidad; en la práctica se sabe
que lo uno y lo otro no van de la mano. Cuando se apuesta a
la calidad, al mejoramiento de los servicios, al mayor nivel
de los funcionarios y especialmente de los jerarcas, se
apuesta al elitismo. Cuando se apuesta a la igualdad, a la
retribución lo más similar posible, al achicamiento de la
pirámide, se apuesta – se lo tenga consciente o no – a la
baja calidad. Este es un dilema de hierro que se cruza con
concepciones muy fuertes sobre la sociedad y el individuo.
Va de la mano de apostar a una sociedad mucho más
igualitaria o a una sociedad de mayor calidad. La izquierda
uruguaya está en el prefacio de esta discusión, que aparece
más larvada que explícita.
No hay duda de la existencia de una
línea en el gobierno, sin duda minoritaria, que trabaja con
sentido estratégico y por ahora más allá de las candilejas,
que apuesta a la alta calificación del funcionariado,
particularmente de los cuadros directivos de la
administración estatal. A la calificación del conjunto de
los funcionarios, a la selección en función de calidad y a
la creación de verdaderas pirámides meritocráticas. La
mayoría de las políticas del gobierno van por otro lado, uno
diría que siguen el vector opuesto: la mayor igualación
posible, el mayor achatamiento de las pirámides, el
otorgamiento a todos los individuos de iguales derechos.
Cuyo extremo es llevar la concepción antidiscriminatoria a
un sistema de selección de personal que en realidad solo
admite el sorteo, porque cualquier otro tipo de selección
para no incurrir en discriminación. Porque si no se incurre
en discriminación contra los obesos, o los anoréxicos, o los
que no saben leer ni escribir, o los que no saben sumar ni
restar, o los que no tienen buena presencia, o lisa y
llanamente se puede discriminar a los que quieren un empleo
pero consideran de mal gusto trabajar. Esta discusión la
izquierda se la debe a sí misma y se la debe al país, porque
si esta discusión no se salda, no hay proyecto alguno de
reforma del Estado.
Luego queda el nada menor debate sobre
la reforma del Estado de Bienestar. Por ahora se sigue el
camino esquizofrénico de juntar por un lado a un calificado
grupo de especialistas en el diseño estratégico, y por otro
seguir con las modificaciones al Welfare State al compás de
parches y recauchutajes, donde cada parche no es
ideológicamente compatible con el anterior ni con el
posterior. El tema es que una reforma con sentido
estratégico, coherente, que signifique un modelo de país,
provoca muchos heridos y multitud de magulladuras. Como se
sabe, es más difícil enfrentar las heridas de un grupo
específico que afectar el futuro de toda una sociedad,
porque cada uno se reconoce como miembro de un grupo
específico y nadie se reconoce como miembro genérico de la
sociedad.
El país está ante la necesidad de un
debate de esta naturaleza. Un debate que se debe la
izquierda a sí misma, un debate que se deben los partidos
tradicionales, un debate cruzado (no una polémica, sino un
verdadero debate en profundidad) que se debe el país todo.
