La reforma constitucional de 1966-67 creó la arquitectura formal para llegar a una gran personalización del Poder Ejecutivo, tras salir del extremo opuesto como lo fue la despersonalización de un órgano colegiado con presidencia rotativa. Sin embargo, el sistema no operó ni fue visto con el nivel de personalización y presidencialización que emerge de las últimas reformas constitucionales orgánicas de 1996-97. Qué fue lo que operó para llegar a esta situación, cuando no hubo demasiados modificaciones sustanciales a las potestades presidenciales, e incluso algunos elementos en sentido opuesto como el jugar el nombramiento y cambio de los directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados en función de la existencia o pérdida de respaldo parlamentario al gobierno.

El sistema electoral anterior para la elección de Poder Ejecutivo operaba en un esquema de alta complejidad y alto refinamiento, que contra la creencia de muchos intelectuales de aquí y de afuera, era comprendido perfectamente por el ciudadano más simple y elemental. Hay estudios concluyentes en cuanto a la claridad con que ese ciudadano de a pie comprendía cabalmente los efectos de su voto y la complejidad de opciones que se le presentaban. Esa complejidad y esa sofisticación dio al elector muchos puntos de enfoque en la toma de decisiones, producto de la aplicación del doble voto simultáneo para la elección de Poder Ejecutivo, sumado a la posibilidad de combinaciones relativamente libres para los actores políticos de un mismo lema para la presentación de ofertas electorales para ambas cámaras.

Ese sistema fue sustituido por una elección presidencial a tres vueltas eliminatorias. Más que un balotaje, en Uruguay lo que se introdujo fue el sistema de torneos por el método olímpico, es decir, a varias vueltas de carácter eliminatorio. Hay una primera vuelta mal llamada de elecciones internas y simultáneas, que en puridad tampoco son elecciones primarias, y cuyo objetivo es hacer una primera ronda de selección de aspirantes, donde todos compiten al interior de cada lema. Una segunda vuelta donde cada seleccionado de cada lema compite con sus iguales, los demás seleccionados de los otros lemas. Y eventualmente una tercera vuelta donde se define entre los dos más votados de la ronda anterior, la que en puridad es una segunda vuelta. En el interior del país esa primera vuelta va acompañada de otra primera vuelta para las elecciones de intendente municipal (va en todo el país, pero tiene efecto político real solo en el interior), es decir, también hay una hiperpersonalización de la elección del poder ejecutivo del gobierno departamental.

Tanto este primer turno de junio como el segundo de octubre van acompañados de otras elecciones. En el primer turno de las elecciones de órganos deliberantes nacionales y departamentales (ODN y ODD respectivamente), que son tomados como una preclasificación para la elaboración de las listas parlamentarias (por la mayoría pero no por todos). Y el segundo turno va acompañado de las elecciones para diputados y senadores. Sin embargo, la mecánica de estas tres vueltas, la acentuación de las diversas elecciones hacia la Presidencia de la República como norte, han dado un carácter de elección subsidiaria a las de los cuerpos colegiados, sean órganos deliberantes o cámaras legislativas. Basta ver las encuestas, las noticias de los medios de comunicación, los comentarios y los actos de los actores políticos, para ver que la elección presidencial domina por encima de todas las demás, al punto de esfumar la existencia de las otras.

Si esta es la visión de las elecciones, naturalmente se traduce en que en el plano simbólico hay una elección de un único gobernante omnímodo, que cuenta con la opinión pública enfocada en él y en gran parte detrás suyo.

Un segundo elemento hacia esa hipersonalización la da el que el presidente de la República sea elegido necesariamente por la mayoría absoluta de los votantes afirmativos, lo cual implica que también en el plano simbólico siente que él es por sí y solo él la expresión plena de la ciudadanía, el depositario de la soberanía. No rige la vieja máxima vasca de: recordad señor que cada uno de nosotros vale tanto como vos, y que todos juntos valemos más que vos. Más bien, a lo sumo, todos juntos los parlamentarios, la mayoría, terminan valiendo lo mismo que el señor presidente; producen un empate pero no una reversión de fuerzas.

A esto cabe añadir un tercer elemento que ocurre bajo este gobierno. En el gobierno anterior (único elegido bajo las nuevas normas constitucionales) operó un sistema de frenos y contrapesos políticos, producto de que el presidente de la República debió sustentar su apoyo en dos factores para él debilitantes: no contar con el liderazgo pleno de su partido y necesitar del apoyo del otro partido. En suma, Jorge Batlle debió compartir el poder esencialmente con Sanguinetti y Lacalle, pero también con Larrañaga que fue el detonante de la ruptura de la coalición de gobierno. La mayoría parlamentaria bajo el gobierno anterior (y también bajo la coalición explícita de la segunda administración Sanguinetti) fue bipartidista. En cambio, ahora hay una mayoría parlamentaria monopartidaria, pero además de un partido acostumbrado a un funcionamiento monolítico y a un presidente que es el líder todo el partido y está por encima de los liderazgos sectoriales. Recién en este cuarto año de gobierno, y más claramente en la segunda mitad de este cuarto año, es que ese monolitismo se resquebraja, paralelo al descaecimiento de liderazgo partidario absoluto del presidente de la República. Pero en la casi totalidad del tiempo útil de gobierno, del tiempo anterior a que comenzase a sobreponerse los temas electorales, el presidente contó con un partido incondicional y mayoritario detrás suyo, con la autoridad de haber sido elegido por la mayoría absoluta del país y, además, salvo algún momento excepcional, con el apoyo mayoritario absoluto de la opinión pública. Estos elementos sin duda han sido extremadamente fuertes para llegarse a esta hiperpresidencialización.

Lo cierto es que Uruguay cuenta con una constitución que en lo formal es semipresidencial o semiparlamentario. Pero opera con una praxis política, una visión de la sociedad, una percepción de los actores políticos y de los analistas políticos, que se traduce en un régimen hiperpresidencializado. Esta es la distancia que va de la Constitución formal a la Constitución sustantiva.