
Uruguay es una de las viejas
democracias basadas en partidos, o más exactamente una de
las más antiguas poliarquías partidocéntricas, donde los
partidos políticos cumplen una función central tanto en la
articulación política y estatal, como en la articulación de
la sociedad en su conjunto. La pertenencia partidaria,
además, es sustantivamente alta: dos de cada tres personas
se consideran frenteamplistas, blancas o coloradas (no
adhieren a, sino que son), mientras ocho de cada diez
personas tienen una inclinación de voto absolutamente firme
hacia un partido político, sostenido además a lo largo de
varias elecciones. Por otra parte, estudios realizados en el
Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la
República (Facultad de Ciencias Sociales) demuestran una
elevada disciplina parlamentaria dentro de los partidos
políticos.
Diversas muestras
complementarias permiten sostener que desde la restauración
institucional a la fecha, el fenómeno que más afectó a los
partidos políticos en el periodo gubernativo o
interelectoral no fue la indisciplina, sino las
discrepancias sectoriales, es decir, se manifestó una fuete
disciplina a nivel de cada sector partidario, pero los
sectores inicialmente no actuaron con homogeneidad
partidaria. Pueden verse tres periodos. En el primero, que
va de 1985 a 1988, hubo un alto funcionamiento partidario y
bajo funcionamiento externo sectorial, que permitió al
presidente Sanguinetti (primera administración) a efectuar
frecuentes y reducidas reuniones de cúpula, con cuatro
invitados (Tarigo por el Partido Colorado, Ferreira Aldunate
por el Partido Nacional, Seregni por el Frente Amplio y
Ciganda por la Unión Cívica). En el segundo periodo
(presidencia de Lacalle) prevalece el funcionamiento
sectorial, evidenciado en el Partido Nacional en el
posicionamiento de un senador en la oposición y a partir de
1992-93 un importe rechine entre las dos fracciones
mayoritarias, el Herrerismo y el Movimiento Nacional de
Rocha; pero más fuerte fue en el Partido Colorado, con una
parte en el gobierno (los grupos liderados por Batlle Ibáñez
y Pacheco Areco) y otra parte (liderada por Sanguinetti) a
veces en apoyo al gobierno (pero fuera de él) y a veces en
la oposición (como cuando el referendo sobre la Ley de
Empresas Públicas, que apoyó su derogación). (En una
convocatoria del presidente a todo el sistema político, la
foto registra 13 personas representando a 13 fracciones).
En el tercer periodo (a partir de 1995, administraciones
Sanguinetti bis, Batlle Ibáñez y Vázquez) se restableció el
funcionamiento de los partidos en tanto tales en detrimento
del juego fraccional; o dicho de otra manera, el juego
fraccional se realizó al interior de los partidos y el
funcionamiento como partido en el juego interpartidario. Así
ocurrió y ocurre en los periodos gubernativos o
interelectorales, y en las temáticas gubernativas.
Otro cantar es en lo
electoral. Hasta las elecciones de 1994 (desde 1920) el
Poder Ejecutivo fue elegido mediante el sistema del Múltiple
Voto Simultáneo (Triple Voto Simultáneo para presidente de
la República y Consejo Nacional de Administración en la
Constitución de 1918; Doble Voto Simultáneo para presidente
de la República en las constituciones de 1934, 1942, y 1967,
y para Consejo Nacional de Gobierno en la de 1952). Se
consideró, tanto desde el ámbito político como desde el
académico, que el Múltiple Voto Simultáneo, al permitir más
de una candidatura al Poder Ejecutivo por partido,
debilitaba el funcionamiento como partido y alimentaba el
funcionamiento fraccional; lo usual fue de dos a tres
candidaturas en los dos lemas principales (de colorados y de
blancos). Hacia la reforma que consagró la carta magna
vigente (desde 1997) se caminó hacia la eliminación de este
sistema y sus sustitución por la candidatura única por lema
para el Poder Ejecutivo, en el entendido que ello robustecía
a los partidos políticos y subsumía el juego fraccional.
Curiosamente esta medida ocurre cuando el funcionamiento
fraccional había descaecido y se operaba en una muy fuerte
coalición de gobierno bipartidista, con la plena
participación de los dos partidos mayores.
En cambio, en el ínterin se
fue evidenciado el fenómeno del debilitamiento primero y la
desaparición después de las grandes corrientes
institucionales, de baja o nula personalización, como el
viejo grupo batllista conocido como “La Lista 14” o más
modernamente el Movimiento Nacional de Rocha en el Partido
Nacional. Además, la vida de los sectores pasó a ser cada
vez más efímera, al punto de contabilizarse en los partidos
tradicionales una mayoría de fracciones de duración no
superior a una elección.
Pero el remedio que
pretendió la reforma de 1996-97 no fue tal, pues no se
percibió que el conjunto de la ingeniería creada apuntaba en
sentido opuesto: a la mayor personalización de las
fracciones, a lo contingente de su duración en función de
los éxitos o fracasos de tan solo una elección, a la
división obligada de los partidos de arriba abajo por
imperio de diversas normas. A título de rápido e incompleto
inventario, cabe mencionar entre los elementos que apuntan
al descaecimiento de los partidos en cuanto al
funcionamiento como tales:
Uno. La elección
presidencial a tres vueltas, donde en la primera de ellas
(de donde surge el candidato único de cada partido) la
competencia se realiza en forma abierta en todo el
electorado nacional y se centraliza en personas singulares.
La autoridades partidarias no tienen rol alguno y la
candidatura unipersonal domina por sobre lo demás.
Dos. El efecto sobre la
opinión pública ha sido de subsumir las elecciones
parlamentarias y llevar al electorado a la convicción que en
este país se elige una única persona para un único cargo, y
que todos lo demás es accesorio (al punto que el propio
Poder Ejecutivo actual y legisladores de nivel han elaborado
proyectos de ley en que se considera que la función de los
candidatos a senadores y diputados es apoyar a los
candidatos presidenciales).
Tres. El que en esa primera
vuelta (elecciones preliminares o mal llamadas “elecciones
internas”) las listas de candidatos a los ODN (Organos
Deliberativos Nacionales, vulgarmente denominados
convenciones) deban necesariamente ir en una misma hoja de
votación con tan solo un precandidato presidencial: ninguna
persona puede ser candidato a la ODN en hojas con diferentes
precandidatos presidenciales. Es decir, la ley obliga a los
partidos a dividirse in totum, de arriba a abajo, en junio,
en función de la competencia personalizada.
Cuatro. La forma en que de facto se ha interpretado un
párrafo constitucional de disparatada redacción (segundo
párrafo del artículo 88) que ha obligado a que una lista de
candidatos a Representantes Nacionales debe acompañar
necesariamente a una única lista al Senado, con lo que otra
vez, ahora ya en la segunda etapa, en octubre, se obliga a
los partidos a dividirse in totum, de arriba abajo.