Como aconsejaba Vaz Ferreira, conviene no atorarse con las palabras y apelar a los conceptos. Hay palabras que aquí y a algunos rechinan: no se acepta ser “paraíso fiscal”, ni que se hable de eliminar el benemérito “secreto bancario”, ni mucho menos figurar en una “lista negra”. Quizás haya que hablar entonces no de paraíso, sino de los Campos Elíseos fiscales, el Jardín de las Delicias tributario o el Walhalla hacendístico. ¿Que tal si se habla del pudor financiero? ¿Y de las “listas de color oscurísimo”?. El tema es, se cambien las palabras que se quieran, que los conceptos no varían.

Hay un punto de previo y especial pronunciamiento desde el punto de vista del realismo político y otro de la ética política. En el mundo hay quienes imponen las reglas, quienes se ven sometidos a acatarlas y quienes logran algún que otro dribbling. Desde que el mundo es mundo, al menos así lo enseñó hace ya bastante tiempo Armand Jean du Plessis, Cardenal de Richelieu, son los poderosos los que imponen las reglas, los socios de los poderosos los que se benefician o buscan no perjudicarse por esas reglas y los que no son poderosos ni amigos, por las buenas o por las malas, son los obligados por esas reglas. Descubrir ahora que el mundo es así peca de ingenuidad. La ética política es otra cosa, la cual a veces va a veces de la mano del realismo y otras en contra del realismo.
 

La reciente decisión del G20 provocó sorpresas en quienes los cristales opacados por la fuerte ideología les impide percibir con claridad los acontecimientos: como ocurrió con los marxistas leninistas del socialismo real hace dos décadas, ocurre hoy con los devotos ortodoxos del liberalismo económico. Los unos o los otros podrán tener razón en cuanto a qué es lo más justo o lo más sensato, lo cierto es que el mundo no fue por aquel camino en las postrimerías de los ochenta y abandona este otro camino en el ocaso de la primera década del tercer milenio. Otros directamente quedaron cegados por los intereses grupales, personales o corporativos. Y otros, prisioneros de sus palabras. Lo que todos tuvieron en común es no atender el parte meteorológico, que sí miró un candidato al que tirios y troyanos apedrearon: mirar de dónde vienen y hacia dónde van los vientos. El fin de los Elíseos tributarios y del pudor financiero se veía venir, bastaba con leer desde hace bastantes días la prensa europea.
 

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económica (OCDE) elaboró tres listas. La lista negra (guste o no la llaman así en toda la prensa europea, formalmente “Jurisdiction that have not commited agreed tax standard”), la integran cuatro países: Costa Rica, Filipinas, Malasia y Uruguay. La lista gris oscuro, 30. Y la lista gris claro la componen otros ocho, entre ellos cuatro miembros fundadores de la propia OCDE, como Austria, Bélgica, Luxemburgo y Suiza, más un candidato al ingreso a la organización, Chile. En la lista blanca figuran entre otros todo el G8 y Argentina (que parece ser un paraíso ético desde el punto de vista fiscal y hacendístico). El país que parece ser de otra galaxia, porque no figura en ninguna lista, es Brasil, que se les perdió por el camino a los autores del Index. Pero en las listas grises (clara y oscura) hay que sumar tanto al Reino Unido (porque en esas listas figuran varias posesiones y territorios del país o de la Corona) como también a los Países Bajos (por sus Antillas Holandesas). Algo no anda muy bien, cuando el tronante premier británico Gordon Brown anuncia (junto a Obama) el fin de los paraísos fiscales, mientras sus propios territorios se encuentran en esa calidad.
 

Sobre el pudor bancario (ya que la palabra secreto molesta) de lo que se trata es muy simple: los países deben primero no proteger la evasión fiscal de otros países y luego dar información suficiente para combatirla. Lo que no es secreto, y no hay vestiduras que puedan rasgarse al menos mirándose al espejo, es que Uruguay, vía bancaria o inmobiliaria, es un santuario para evasores fiscales de Argentina y en menor grado de Brasil. Tampoco es un secreto que en varios países europeos Uruguay figura en las black list de las agencias tributarias. Es lo suficientemente conocido como para que cualquier contador o asesor impositivo de esos países alerte a sus clientes que no tengan en su contabilidad facturas de servicios brindados desde Uruguay, porque ofician de azúcar para las moscas inspectivas de la recaudación fiscal. Y también Uruguay figura en alguna que otra black lista, como la de la Agenzia dell´Entrate italiana; los ciudadanos italianos residentes en el Uruguay para no pagar en Italia tributos generados en el exterior, deben probar fehacientemente residir en Uruguay, con pruebas concretas y materiales, so pena de aplicársele tributación global. En otras palabras, en lenguaje fiscal y bancario, Uruguay no es una palabra virtuosa en buena parte del mundo; al menos tiene la misma connotación pecaminosa que tienen palabras como Suiza, Panamá, Liechtenstein, Andorra, Mónaco o San Marino.
 

Lo que en Uruguay debió preverse es que si la Suiza de Europa capituló hace algunas semanas, la Suiza de América (aunque el calificativo originalmente se refiere a otra faceta, la democrática, la política) no podía resistir. No es producto de ninguna perversidad, ni de un marxismo fundamentalista, ni de un radicalismo ideológico, pensar que Uruguay va a tener que recorrer y a pasos apresurados el camino que lo lleve a la aceptación de los acuerdos de estandarización tributaria en el mundo. Este gobierno dio unos pasos pequeños y tímidos (como la eliminación de las Sociedad Anónimas Financieras de Inversión) y acentuó otros que se iniciaron en gobiernos anteriores (como algunas limitaciones al secreto bancario).
 

Pero además en este país debió advertirse que si el G8 buscó ampliar su potencial con la incorporación de otros once países (más una representación colectiva de la Unión Europea), para conformar el G20, algo debía dar a cambio a los nuevos socios, para que exhibiesen su pertenencia a la upper class de los países del mundo. Y así el G20 dio a Argentina y a Brasil un instrumento contra Uruguay que –más allá de que vaya en sintonía con lo que buscan los países del G8– era un objetivo largamente perseguido por los dos grandes de Sudamérica.
 

Lo que resta ahora es que el país busque todos los intersticios posibles para reducir todo lo posible el impacto negativo que pudiere tener esta medida, en un mundo que las reglas son unas u otras según convengan a los más poderosos, como ha sido desde que existe la humanidad.
 

Pero lo políticamente más relevante no es tanto la decisión del G20 y la OCDE. Lo realmente significativo es que haya generado sorpresa en Uruguay. Para decirlo simple y mal, que haya habido tanto despiste.
 

Escrita esta nota, OCDE informa que el ministro de Economía de Uruguay comunicó al organismo que Uruguay adopta formalmente los estándares de transparencia e intercambio de información fiscal. Sale de la lista negra precisamente porque hizo lo que no hacía hasta ahora: comprometerse a no ser un Elíseo fiscal (para no usar palabras que molestan). Más clara fue la declaración del secretario general de OCDE: “Estamos complacidos que Uruguay se una al creciente número de países que desean cooperar para combatir la evasión fiscal y otros abusos fiscales”. Ratifica entonces que consideraba que Uruguay no cooperaba contra la evasión fiscal.