En este país hay mucha confusión sobre cuál es el papel de la Corte Electoral y cómo se satisfacen distintas necesidades de la población en materia de elecciones, en un país de larga tradición electoral (un siglo de elecciones de alta confiabilidad., con escasísimas excepciones), democracia estable y consolidado sistema de partidos. Pero además un país en que la sociedad no discute el veredicto de las urnas; guste o no, todo el mundo lo acata. Eso se complementa con otro dato: el uruguayo es votador. En elecciones como las del día de hoy, voluntarias, en que solamente se eligen candidatos y órganos partidarios con funciones electores, la concurrencia supera holgadamente, casi duplica, la media de participación en las recientes elecciones para el Parlamento Europeo, y es superior a la participación de los ciudadanos norteamericanos en las elecciones presidenciales de su país. La sociedad tiene dos demandas diferentes: una es tener un conocimiento lo más rápido posible del resultado electoral en términos macro, que en esta oportunidad quiere decir, conocer cuál es el vencedor en cada partido por la candidatura presidencial única, números más, números menos; en las instancias posteriores será saber si hay o no balotaje (como ocurrió en octubre de 2004) o de haber, quiénes van (como en octubre de 1999); y de haber balotaje, saber quiénes resultaron elegidos presidente y vicepresidente de la República. La otra demanda es que las elecciones resulten absolutamente confiables, sin lugar a ninguna duda.

Estas dos demandas no pueden ser satisfechas por el mismo proveedor, a riesgo de que se privilegie la una o se privilegie la otra. Si se concentra la respuesta a ambas demandas en la Justicia Electoral, se pone a la misma en la disyuntiva de qué privilegiar. Si se privilegia lo primero, la velocidad, el satisfacer la curiosidad ciudadana – como ocurriera en 2006 en México, con el Instituto Federal Electoral – se arriesga la confianza en la credibilidad del proceso: cualquier error de información afecta el prestigio de la autoridad organizativa o jurisdiccional electoral, y un prestigio afectado es el primer camino hacia la sospecha de fraude. Si la Justicia Electoral privilegia las garantías, necesariamente debe poner en segundo plano la velocidad, la primicia, el satisfacer la demanda de un resultado macro, aproximado y no oficial.

Si la sociedad uruguaya es a escala universal la que más confía, o una de las que más confía (pero no hay otra que confíe más), en los procedimientos electorales, ello se debe a múltiples factores: la cultura cívica de los ciudadanos, su forma de proceder, el nivel de los actores políticos y algunos otros más. Pero sustancialmente se debe a que a la cabeza del proceso electoral, de su organización y su juzgamiento, hay una Corte Electoral cuya seriedad, trasparencia y rigor son reconocidos por todos, y la consecuencia es la existencia de absolutas garantías de que loque los  ciudadanos voten es lo que, contado y sumado, se traduce en un conjunto de estadísticas llamado resultados electorales.

La Corte sin ninguna duda necesita modernización, y recursos para ello. A esta altura de la tecnología no se justifica que el acta de escrutinio no se labre en un procedimiento digital que permita a la vez su impresión (para la consiguiente documentación y firma) y su trasmisión on-line y en tiempo real para la acumulación de datos. Con ello la Corte tendría el escrutinio primario cuasi finalizado en las primeras horas de la madrugada. Tampoco se justifica que no haya un registro magnético (junto al manual) de los votantes. Y uno diría que punto, porque cuidado con novelerías como el voto electrónico u otros parecidos que están en retroceso en el mundo, por la reiterada acumulación de errores y dudas en sus garantías. Pero es pueril reclamar, como se hace desde algunas tiendas periodísticas o académicas, que la Corte Electoral se apresure a dar resultados apenas cerradas las urnas. Cuando se dice como crítica: “serán los privados los que darán resultados”, no se entiende la absoluta diferencia de roles. La Corte no está para dar primicias, sino para otorgar garantías. Porque si esas garantías fallan, si la Corte Electoral fallase, estarían en cuestionamiento las instituciones democráticas. La democracia requiere que la Corte Electoral haga su trabajo con los tiempos que le insuma verificar cada dato, procesar cada recurso, fallar en cada uno, y arribar a conclusiones que estén más allá de toda sospecha. El haber actuado históricamente así es lo que determina que este organismo sea un orgullo nacional.

Es otro el rol de los privados, de los llamados encuestadores, aunque en realidad es el trabajo de institutos o consultorías que realizan una proyección estadística de resultados de votos reales y no de productos de encuestas. Es satisfacer la primera de las demandas, el dar la noticia macro, en este caso, quién es el candidato de cada partido. Necesidad que viene siendo satisfecha por los privados, casi sin errores desde que se usan estas técnicas (hubo un error en TV privada por un instituto oficial y no privado, y otro error por radio de una consultora privada)

Lo importante para la democracia es que si un instituto privado se equivoca, si un medio de comunicación se equivoca, habrá algún que otro malestar, pérdida de prestigio y hasta incidente, pero las instituciones no sufren. Si la Corte Electoral se le ocurriese, como al IFE en México, ser quien da datos por aproximación, en caso de fallar en esos anuncios las consecuencias serían funestas. Por eso es una falsa oposición la de confrontar el trabajo de los institutos privados con el de la Corte. Todo lo contrario, son labores complementarias: uno aporta toda su sapiencia y arriesga su capital académico para satisfacer la necesidad de urgencia que tiene la sociedad por conocer el macro resultado, a cuenta de que asume para sí todo el riesgo de un posible error. La Corte aporta la trasparencia y la garantía de que el resultado final es a prueba de todo cuestionamiento.