Hace
45 años salió a luz un libro de gran impacto en el
debate social del Uruguay: “Aviso a la población”,
de la escritora Clara Silva. Es una novela basada en
la vida del “Mincho” Martincorena (seudónimo
producto de la deformación de las crónicas
policiales; en realidad le decían “Mishio”, por
mishiadura, según relata Guillermo Reiman en
“Brecha”), un pistolero acribillado a balazos en
1961, integrante de una banda pesada junto al
“Negro” Viñas, que de asaltante devino en tupamaro.
El “Mincho” fue catalogado de “Robin Hood”, llevado
al canto popular y exaltado como víctima de la
sociedad. El discurso de la nueva izquierda radical
de los sesenta (la ultra izquierda en el lenguaje de
la época, los “ultras” en la terminología comunista)
ponía fuerte acento en el papel de los marginados,
eliminaba fronteras entre el delito político y el
delito común y tendía a presentar a los delincuentes
comunes - o a algunos, como el caso del “Mincho” -
como luchadores sociales, o como expresiones de
lucha contra el sistema, o de rebeldía frente al
sistema, o al menos como víctimas de un sistema
social intrínseco injusto. Sin duda el caso
paradigmático y justificativo del discurso fue el
del “Negro” Viñas, porque hizo el tránsito desde la
delincuencia común pesada a la guerrilla política.
En el enfoque sobre el segmento marginal de la
población (“el lumprenproletariado” en lenguaje
marxista, los “lumpen” en la jerga comunista) y
sobre la delincuencia común es donde aparece una de
las líneas divisorias infranqueables entre la
cultura “ultra” - más específicamente la cultura
tupamara - y la cultura comunista. El Uruguay de
entonces, de los sesenta, vivía muchos problemas de
violencia; hubo muertos productos de confusas
situaciones callejeras, muertos a consecuencia de la
represión policial a manifestaciones populares,
muertos por la guerrilla, guerrilleros muertos por
la policía, alguna que otra bomba, enfrentamientos
violentos en locales de enseñanza, también se amplía
la tortura en dependencias policiales (así lo
determinó una investigación parlamentaria). Pero no
existía inseguridad pública en el concepto que se
aplica hoy el término, es decir, temor a los efectos
de la delincuencia común, desde el arrebato al
homicidio conexo a la rapiña, pasando por el
copamiento. No era un país pacífico, pero lo que
afectaba la paz estaba delimitado a lo político. En
ese contexto y en una visión maniquea, era
perfectamente aceptable para un segmento
considerable de la sociedad la asimilación del
delincuente a la categoría de los explotados o
víctimas de la sociedad. Tampoco desde los sectores
proclamados como defensores del orden se ponía mucho
énfasis en atacar a la ultraizquierda, y en
particular a los tupamaros, por esta defensa o
simpatía con los delincuentes comunes; la condena
política surgía más fuerte que la otra. La acusación
de subversivo o de comunista sonaba para este
segmento más contundente que la de simpatizante de
los delincuentes comunes.
La relectura de “Aviso a la población” o de las
crónicas de la época, hace ver con claridad la
formidable distancia que en este tema hay entre el
Uruguay de los sesenta y el Uruguay del siglo XXI.
Pero si además de “Aviso a la población” se lee el
folleto “Un gobierno honrado, un país de primera”
lanzado hace un par de semanas por el Frente Amplio,
si además se escucha en particular el discurso de
José Mujica sobre seguridad pública, se observa con
absoluta claridad la enorme distancia entre un país
y otro, y la enorme distancia entre la percepción de
la izquierda combativa de los sesenta y la izquierda
gobernante de medio siglo después. Así como en 2004
el Frente Amplio sintió la necesidad de exhibir su
futuro ministro de Economía en el arranque de la
campaña electoral, ahora sintió la necesidad de
exhibir su futuro ministro del Interior.
Ello no quiere decir que haya cambiado la percepción
de la izquierda sobre la delincuencia como fenómeno
social y del delincuente como víctima de la
sociedad, lo que ha cambiado es la percepción sobre
las urgencias y las prioridades. Pero también la
visión de que no toda delincuencia es igual, ni
justificable ni explicable por la injusticia de la
sociedad, porque hay delincuencia - como el tráfico
de pasta base - que está más allá de toda
interpretación benigna.
También ha cambiado buena parte de la percepción del
otro lado, al ver que no es solamente con penas y
con cárceles que se soluciona el problema. Buena
paradoja es la discusión entre un José Mujica que
proclama la necesidad de equiparar la venta de pasta
base al homicidio y la réplica de Luis Alberto
Lacalle en que las cosas no se solucionan con
mayores penas. Cualquier observador extranjero
recién llegado no logra distinguir en este
intercambio cuál es el candidato del centro a la
derecha y cuál es el candidato del centro a la
izquierda. Porque en definitiva es el intercambio
entre dos posibles presidentes de la República,
preocupados por el mismo tema y convencidos de la
necesidad de encararlo con firmeza.
La seguridad pública se ha transformado en la primer
demanda de la población (por lejos, mucho más que la
demanda de empleo o mejores ingresos, muchísimo más
que la demanda de vivienda, mejor educación o mejor
atención de la salud). Se ha transformado también en
el punto más débil del oficialismo en esta campaña
electoral, más debilitado aún por la tensión entre
quienes ponen el acento en la necesidad de plantarse
firme y presentarse en una postura dura ante la
población - en una aceptación tácita de lo poco
exitoso de la gestión en este periodo - y quienes
reclaman que ante todo se exhiba la defensa de lo
actuado en el quinquenio. El punto más fuerte del
oficialismo y más débil de la oposición, que el
oficialismo no ha sabido explotar, es que la
inseguridad pública es la acumulación del fracaso
acumulado de todos y cada uno de los gobiernos de
este cuarto de siglo, de colorados, blancos y
frenteamplistas. La distancia de los sesenta hasta
ahora marca también que si hay un punto en que se
impone una política de Estado, y es también fácil
acordar una política de Estado, es en seguridad
pública. En verdad las diferencias están en la
discusión de las culpas y en verdaderos detalles de
las propuestas, no en su objetivo.
ERRATA. El domingo pasado, en el artículo “El
desafío existencial del coloradismo”, se produjo
cierto trastrocamiento en la enunciación de años
electorales. El párrafo correcto es: “(...) el
Partido Colorado obtuvo las siete décimas del
electorado en 1938, las seis décimas en 1942, cinco
en 1946, 50 y 54 - y como única excepción en el
permanente declive - nuevamente en 1966, cuatro en
1958 y 62 y de nuevo en 1971, 82 y 84, tres en 1989,
94 y 99, uno en 2004”.
