Este
segundo balotaje en la historia del país tiene la
peculiaridad de dirimirse bajo una arquitectura
atípica en el mundo. Es que la excepcionalmente alta
barrera para que alguien resultase elegido
presidente de la República en primera vuelta lleva a
que haya una segunda vuelta presidencial cuando un
lema ya obtuvo mayoría absoluta en las dos ramas del
Parlamento, en un país en que hay una coincidencia
total y forzosa entre la elección del primer
mandatario, la de la rama alta parlamentaria y la de
la rama baja. La fórmula presidencial desafiante en
este balotaje se ve en la necesidad de afrontar un
esquema cualitativamente adverso, surgido de los
problemas planteados por la posibilidad de un
gobierno dividido donde el Ejecutivo se encuentre en
manos de un partido y el control del Parlamento en
manos de su adversario.
En
primer término es necesario despejar errores gruesos
que se cometen a diario en la argumentación en favor
del gobierno dividido: decir es bastante habitual
que en Estados Unidos o en Argentina el presidente
no cuente con mayoría parlamentaria. La comparación
no es congruente, pues ambos países son sistemas de
gobierno netamente presidencial, que no es el caso
de Uruguay. Tanto en Estados Unidos como en
Argentina el presidente lo que tiene es que buscar
formar mayorías legislativas, no parlamentarias, al
solo efecto de la aprobación de leyes, mayorías que
pueden ser estables o puntuales para cada iniciativa
legislativa. Nada tiene que ver eso con Uruguay. Acá
existe un sistema semiparlamentario o
semipresidencial. La mayoría parlamentaria es
necesaria para darle respaldo al Consejo de
Ministros. O al menos, no hay posibilidad de
sostener el gabinete y de designar a los directores
de los entes autónomos con una mayoría hostil.
Entonces, un gobierno dividido implica una situación
compleja y delicada, frente a la cual caben tres
tipos de actitudes, con sus abanicos de opciones: la
confrontación, la tolerancia o el entendimiento. En
la modalidad de entendimiento, caben en principio
dos grandes alternativas: Un gobierno de coalición
entre dos partidos adversarios que buscan comunes
denominadores para un plan de gobierno a término, en
este caso por un lustro (“Gran Coalición”) o la
convivencia (la “cohabitation” francesa) que supone
dividir áreas de atribuciones en que cada una de las
partes desarrolla su programa, generalmente en base
a cierto entendimiento de la otra parte.
La
tolerancia es una forma amortiguada de
entendimiento. Supone más bien el trazado de reglas
para el funcionamiento, que generalmente implican
que la mayoría parlamentaria entrega un cierto
cheque en blanco a quien tiene la titularidad del
Ejecutivo, más bien respaldado en algunos
lineamientos básicos de acuerdo. Para que exista
tolerancia debe haber intereses estratégicos de las
partes que hagan posible esa tolerancia. La
experiencia indica que una mayoría parlamentaria es
más proclive a otorgar un cheque en blanco cuando
cree que el titular del gobierno tiene amplia
posibilidad de fracasar; es decir, el cheque no es
una dádiva sino una cuerda para que se ahorque. O
puede haber tolerancia positiva, cuando hay
intereses estratégicos que permiten a uno o a otro
esperar, ganar tiempo. O cuando hay juegos fluidos
de negociaciones, de quid pro quo, donde cada uno
obtiene una ganancia en un terreno y otorga
concesiones al otro en otro terreno. Lo cierto es
que tanto la tolerancia como la convivencia
requieren gran sabiduría, paciencia y sofisticación
de las dos partes; no basta que la tenga una sola.
Tanto el entendimiento como la tolerancia son formas
de alcanzar un equilibrio, palabra empleada como
objetivo por la fórmula desafiante.
La
confrontación es una tercera vía, relativamente
acotada en términos constitucionales. La
confrontación más exitosa de todas es cuando quien
la practica parte del supuesto que por esa vía logra
deteriorar al adversario. Un presidente puede jugar
a la confrontación si parte del supuesto correcto de
que la mayoría parlamentaria no es capaz de
sostenerse unida todo el periodo, y que más tarde o
más temprano esa mayoría puede romperse, o que una
parte de esa mayoría puede ser cooptada desde la
jefatura del Estado. O sin llegar a ese extremo, que
se parte del supuesto sea que la mayoría
parlamentaria cuenta con un límite para enfrentar al
Ejecutivo, que no puede censurar a todos los
ministros todos los meses, que no puede rechazar
todas las iniciativas legislativas. O la mayoría
parlamentaria pensar que la sostenida confrontación
puede llevar al presidente de la República a un
deterioro tal que en los hechos entregue el poder.
Puede considerarse un cuarto camino, la tregua. No
hay entendimiento, no hay tolerancia, pero hay
tregua. Pero esto solo puede resurgir tras el
desgaste de la confrontación o de la espera táctica
de alguien, especialmente de la mayoría
parlamentaria.
En
una tregua es posible gobernar sin el Parlamento. La
experiencia demuestra - el anterior gobierno del
presidente Lacalle es un ejemplo - que es mucho lo
que un gobernante puede hacer y reformar por
omisión, por el no cumplimiento de actos, sin
necesidad de comisión: la apertura de la economía y
cierta desregulación laboral ocurrieron sin grandes
cambios legislativos. Ello avala la posibilidad de
gobernar por decreto. Supone también que el primer
mandatario debe resignarse a gobernar sin necesidad
de nueva legislación y hasta sin posibilidad de
grandes cambios al Presupuesto Nacional. Pero queda
como mínimo la dificultad para renovar los entes
autónomos y servicios descentralizados.
Desde que rige la Constitución de 1967 todos los
gobiernos contaron para lo sustancial con mayorías
parlamentarias o al menos no gobernaron con mayorías
parlamentarios hostiles. Con mayorías parlamentarias
explícitas (de gobierno o de soporte parlamentario)
se desarrollaron los gobiernos de Gestido Lacalle,
Sanguinetti bis, Jorge Batlle y Vázquez). Pacheco
Areco gobernó bastante en los límites o al margen de
la Constitución, pero siempre contó con una clara y
sólida mayoría parlamentaria, aportada por la casi
totalidad de los parlamentarios colorados y la
mayoría de los nacionalistas; las polémicas Medidas
Prontas de Seguridad contaron con el aval tácito de
esa mayoría parlamentaria, con escasas y fugaces
excepciones. Puede sostenerse que el primer gobierno
de Sanguinetti no contó con mayoría parlamentaria,
pero hubo un gran entendimiento para temas
sustantivos con el Partido Nacional y en la primera
mitad del periodo una actitud de tolerancia y
colaboración del Frente Amplio. No hay pues ejemplos
de gobierno con mayoría parlamentaria adversaria,
que sería el gran desafío que plantea la posibilidad
de que triunfase la fórmula desafiante.