Consenso de Washington se llama a un listado de medidas, elaborado en torno a 1990,  que se consideraba el paradigma de una economía de mercado sana, en momentos triunfantes del capitalismo liberal frente al colapso del socialismo real y la crítica situación de los modelos de “welfare state”. Este paradigma fue el manual que a su vez intentaron imponer a los países subdesarrollados los organismos internacionales con sede en Washington, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero también el gobierno de los Estados Unidos. El Consenso de Washington fue considerado el decálogo del llamado “neoliberalismo” (un aggiornamento del clásico liberalismo económico puro), contó con el apoyo irrestricto de las consultorías económicas internacionales y una paralela oposición combatiente de los sectores de izquierda.

De 15 a 20 años después, con la llegada de la izquierda izquierda al gobierno en el Cono Sur (Frente Amplio en Uruguay, Lula en Brasil, Lagos y Bachelet en Chile), muchos observadores consideran que la izquierda practica la que combatió y ha adherido sin reservas a ese Consenso de Washington, aunque sin confesarlo. Sin duda los que más hacen esta afirmación son aquéllos que en su momento fueron las víctimas de los ataques y deslegitimaciones de la izquierda, que asisten estupefactos a ver cómo se exalta lo que ayer se denigró.

No cabe duda alguna que siete de los diez mandamientos washingtoniano son aplicados a rajatabla por los tres referidos gobiernos de izquierda del Cono Sur: disciplina fiscal, cambios en las prioridades del gasto público (de gasto improductivo a gasto en salud, educación e infraestructura), reforma tributaria (con mayor imposición directa), liberalización de las tasas de interés, liberación del comercio exterior (apertura de la economía), liberalización de la entrada de inversiones, derechos de propiedad. Todos estos puntos han sido adoptados por estos gobiernos y por el Frente Amplio en particular, con índices muy importantes de apoyo popular, con la excepción en Uruguay de la polémica reforma tributaria, quizás el punto más controversial de los siete señalados.

Hay tres en que el decálogo no ha sido seguido en Uruguay, para hablar solo de este país: las privatizaciones, la desregulación y una tasa de cambio competitiva. En cuanto a privatizaciones no se cumplió en la interpretación maximalista de los años ochenta y noventa (como por ejemplo se llevó a cabo en Argentina), en que supuso la venta total de los activos de empresas públicas y su concesión a privados. En ese sentido Uruguay mantuvo el monopolio de la telefonía básica y un papel central del Estado en las comunicaciones, el monopolio o cuasi monopolio en la generación y distribución de energía eléctrica, el monopolio en el refinado y distribución de combustibles, algunos monopolios en materia de seguros, y una posición dominante en el mercado en el área bancaria, de los fondos de ahorro previsionales. Pero en cambio se impulsó mucho la privatización de empresas en otras áreas: las dos polémicas privatizaciones de Pluna, el desmontaje de la industria pesquera estatal, la convocatoria a que los privados participen en la explotación de servicios ferroviarios, la construcción de puertos privados, la instalación de un casino privado, entre otros; a ello hay que sumar la asociación del Estado con privados en diversos emprendimientos, el desarrollo de empresas privadas con capitales estatales y las privatizaciones periféricas. En desregulación Uruguay caminó hacia ello en muchos terrenos, se detuvo en otros y volvió hacia las fuentes originales de alta regulación o fuerte presencia vigilante del Estado en otros tantos. Finalmente, el punto en que los gobiernos uruguayos distaron mucho del Consenso de Washington es en el objetivo de una tasa de cambio competitiva, donde el peso ha estado con cotizaciones extraordinariamente elevadas contra las principales monedas mundiales en no menos de 15 de los últimos 20 años.

Puede afirmarse, entonces, que la izquierda uruguayo como gobierno ha adherido sustancialmente al Consenso de Washington, pero no plenamente, especialmente en el campo de la propiedad estatal de áreas estratégicas y en materia de regulación. Y casi nadie adhirió a fondo en la competitividad cambiaria. Sin embargo, es correcta la inquietud que surge de tiendas opositoras, desde quienes cuando gobierno sufrieron el embate de la izquierda contra esas mismas políticas. Ocurre que gran parte de esos entonces gobernantes ven una especie de perfidia, mucho más cuando la adhesión al Consenso de Washington se expresa con el entusiasmo de los nuevos conversos. Pero hay algo cierto que merece el análisis, es por qué la gente adhiere a muchos de estos cambios y le sigue poniendo freno a otros. Que el Estado regle un montón de cosas y haga con cierta fuerza sigue siendo un reclamo nacional, que trasciende al frenteamplismo y comprende a la mayoría de los votantes blancos y colorados; lo mismo en cuanto a que áreas estratégicas de la energía, las comunicaciones y las finanzas estén monopolizadas o dominadas por el Estado, Esto ya marca una diferencia significativa, y se emparienta con la postura hegemónica en la sociedad cuando el referendum sobre la Ley de Empresas Públicas, en 1992.

Hay algunos casos en que la una parte de la izquierda adoptó medidas sencillamente porque no entendió lo que impulsaba. Por ejemplo, la mayoría de los legisladores frenteamplistas votaron la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia - impulsada por Vázquez y Astori - en la creencia de que votaban una ley anti-trust, sin percibir que estaban en la ley los principios más caros al llamado “neoliberalismo” y a los valores de la sociedad de consumo.

El quid, lo que hay que analizar, es por qué la sociedad (y no solo los frenteamplistas) avala otras políticas desreguladoras, desmonopolizadoras, convocantes del capital privado y del extranjero, cuando estas políticas son impulsadas por el Frente Amplio y las combatieron cuando eran impulsadas por los colorados gobernantes y los blancos gobernantes. Mucho más difícil de explicar en una sociedad conservadora, de lentos movimientos, poco proclive a los virajes bruscos, sin atisbo de veletismo. Probablemente la explicación haya que buscarla en dos elementos, reales o supuestos: uno es que una parte mayoritaria de la sociedad - no importa el grado de certeza o falsedad de las cosas - desconfiaba éticamente de las medidas y tendía a pensar en que había un juego de intereses detrás; también sin importar si la apreciación es correcta o incorrecta, la sociedad tiende e darle un manto de santidad a lo que hace el Frente Amplio, por lo menos hasta ahora. Lo segundo es que las dirigencias blancas y colorados gobernantes demostraron con claridad que fueron perdiendo en forma sostenida la confianza de la gente, su credibilidad, confianza y credibilidad - no importa si con acierto o no - la gente otorga a la dirigencia gobernante frenteamplista, al menos por un tiempo más.